lunes 16 mayo
Opinión  |   |

Lenguaje inclusivo y abogacía

El lenguaje inclusivo está conectado a la igualdad de género, lo que, sin duda, debe tener reflejo en lo público, en lo privado y en lo profesional. Que no sea así, nos lleva a situaciones nada recomendables desde el punto de vista de la calidad democrática. Pongamos un ejemplo. Recientemente se ha celebrado un referéndum en el Colegio de Abogados de Granada a iniciativa de una excelente Abogada (Montserrat Linares), en el que interesaba cambiar el nombre del citado Colegio profesional por el de Colegio de la Abogacía de Granada, en línea de la ya acordado por el Consejo General de la Abogacía Española y, a su razón, entre otros Colegios, el de Madrid y el de Barcelona lo han hecho, todo dentro del Plan de Igualdad de oportunidades y no discriminación para los Colegios de la Abogacía.

Pues bien, la cuestión es que tal convocatoria ha tenido como resultado, por un lado, una bajísima participación, en concreto no ha superado el 22% del censo colegial y, por otro, el 79% de las personas participantes ha optado por no cambiar el nombre, al decir de algunas manifestaciones individuales (en canal sur), porque era “demasiado feminista”. Sin duda, una expresión de carga ideológica retrógrada y muy desconectada de los principios rectores que rigen a la Abogacía Española en materia de igualdad, pero sí descriptiva de una cultura patriarcal que se resiste a la evidencia, que tiene su raíz en la Constitución Española que formula como derecho fundamental la igualdad de mujeres y hombres ante la ley, que obliga a los poderes públicos a promover y remover los obstáculos que impidan la participación igualitaria de la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social.

Así mismo, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres hace una transposición a nuestro ordenamiento jurídico de dos directivas europeas (2002/73/CE y 2004/113/CE) cuya base esencial es caminar hacia la igualdad de género que, incluye al ámbito profesional de la Abogacía, cuya composición es prácticamente del 50% entre hombres y mujeres, sector sin duda obligado a implementar medidas de igualdad, de acción positiva y Planes de Igualdad entre sus componentes, es lo que se denomina la transversalidad de género, donde cobra especial importancia el uso del lenguaje inclusivo y de no discriminación, no solo en las comunicaciones verbales y escritas, también en los documentos internos y externos del Colegio Profesional, utilizando normas de estilo con perspectiva de género, con extensión en las redes sociales (página web, revistas, etc.), de lo que no ha sido buen ejemplo la difusión y publicidad que se ha dado de los resultados de dicho referéndum colegial en Granada, del que se ha dicho que, celebrado el escrutinio de la votación, “los letrados, han mostrado su respaldo a que la denominación del Colegio se mantenga como hasta ahora”.

Por supuesto que hay que respetar dicho resultado dado que es consecuencia de un acto democrático, aun cuando vaya a contracorriente y no zanje la cuestión, pues, no dudo, que los Colegios que se oponen al lenguaje inclusivo antes o después deberán acomodarse a la perspectiva de género que presiden las normas y comportamiento del Consejo General de la Abogacía. Es más, ese es el sentido, el de la perspectiva de género, el que ha sentado la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, ponerse en contra o de perfil, no deja de ser un acto de hipocresía.

En definitiva, el acto de cambiar el nombre al Colegio de Abogados por el de la Abogacía no es baladí y es más que un acto de simple de coherencia, es de credibilidad y tiene más relevancia de la que se quiere banalizar. Evitar la ambigüedad y promover la inclusión, visibiliza a las personas de igual manera, sean mujeres u hombres, la aplicación de la transversalidad en el lenguaje es un acto pleno de igualdad, que la hace real y efectiva. O dicho de otro modo y siguiendo a Delfina Campos, de la palabra al pensamiento hay un solo paso. Del pensamiento a la acción otro paso. Y de la acción al hábito otro más. Si esto es así, entonces, el uso del lenguaje inclusivo es una herramienta clave para formar una sociedad más equitativa. Y el lenguaje es entonces no lo último que tiene que cambiar sino, quizás, lo primero.

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Columnista
Salvador Soler

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