miércoles 14 abril
Opinión  |   |

Llegó para consolidarse y surtió efectos

Estos tiempos, desgraciadamente, dan para opinar y mucho sobre supuestas corruptelas conocidas en ámbitos cercanos y no tan cercanos. Opinar se convierte en algo hasta necesario para mostrar la indignación que provoca que algunos/as utilicen las organizaciones para beneficio propio, pero también para contribuir a que no se normalice y nos convirtamos en acríticos con las anormalidades del sistema.

Pero siendo esto así, hoy sin embargo, pretendo con este artículo, abstraerme para prestar atención a uno de los grandes logros, que desde mi punto de vista, nos ha traído la política: El Sistema de Atención a las personas dependientes.

El 30 de noviembre de 2006, el Pleno del Congreso aprobó la “Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia”. El mismo Presidente del Gobierno, entonces el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, se dirigió a los diputados y diputadas presentes en el hemiciclo para recordarles, entre otras cosas, que “la riqueza de un país no se mide solo en términos de PIB o renta per cápita, sino también por el bienestar de sus ciudadanos y la capacidad de generar solidaridad”. Como socialista sentí y siento hoy orgullo de esta Ley con sello de puño y rosa que ponía el acento en el derecho que tenían las personas dependientes a tener una vida digna.

En su artículo 10, la Ley establece la “cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas”. Y el Gobierno Andaluz se lo tomó al pie de la letra. Desde el primer momento se volcó en trabajar para consolidar el derecho e intentar que la atención a la dependencia llegase cada vez a más personas. Y ello no ha cambiado en estos últimos años que han coincidido con los numerosos intentos del Gobierno de Mariano Rajoy de acabar con este sistema a base de mutilar las prestaciones e incluso haciéndolas incompatibles unas con otras; y lo que es peor, dejando de financiarla en contra de los términos acordados. Algo, por cierto, en lo que el líder andaluz del Partido Popular, el Sr. Moreno Bonilla puso su rúbrica como Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. También él y su partido, el PP, fueron quienes tomaron la decisión de suprimir la cotización a la Seguridad Social de las personas cuidadoras en el entorno familiar, así como de la reducción de la ya mermada cuantía que percibían. Sí, lo hemos escuchado infinidad de veces pero conviene tenerlo presente para saber quién está y quien no está apostando por las políticas que defienden a la atención a las personas con dependencia.

La Consejera de Igualdad y Políticas Sociales del Gobierno Andaluz anunciaba, hace unos días, que en Andalucía se alcanzaban en estos momentos las 200.000 personas en situación de dependencia atendidas. Esto es el 21% de las personas beneficiarias en el conjunto del país, por encima de su peso poblacional que es del 18%. Andalucía ha sido y es líder en el número de personas dependientes atendidas. El compromiso del Gobierno Andaluz es tal que la inversión que hace en materia de Dependencia es casi la misma que presupuesta el Gobierno de España, o más bien que se ve obligado a presupuestar para distribuir entre todas y cada una de las Comunidades.

El Sistema de Atención a las personas dependientes a través de las diferentes prestaciones y servicios que ofrece la Ley, llegó a Andalucía para consolidarse y surte efectos.

En Andalucía, y en Granada por tanto, el desarrollo de la Ley ha tenido, además de la mejora de la calidad de vida de muchas personas y sus familias, un importante impacto social desde una doble perspectiva: la de apoyo al mundo rural a través de la generación de empleo y muy especialmente, empleo del que han podido beneficiarse las mujeres. Empleo que en un gran número de los casos ha supuesto la única entrada de ingresos en la unidad familiar o un complemento necesario. Basta con vivir en uno de los tantos pueblos pequeños que tiene esta provincia para poder visualizar que ese impacto es real y que ha salvado y sigue salvando situaciones familiares que en un momento determinado han podido ser muy complicadas.

En definitiva, muchos pueblos se mantienen estables gracias a esta Ley socialista y gracias a la apuesta que el Gobierno Andaluz ha venido demostrando por las políticas de atención a la dependencia desde el mismo momento que esta Ley entró en vigor.

Olga Manzano
Parlamentaria andaluza del PSOE por Granada

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