viernes 14 junio
Opinión  |   |

Los ricos pagan poco

El debate político está disparatado. Ni en periodo electoral ni fuera de él parece tener remedio. Produce bochorno. Ruido, bronca y crispación constantes. Palabras gruesas y discursos faltones para tapar la ausencia de argumentaciones. Lenguaje infantilizado y burdo, impropio de las más altas instituciones democráticas. Insultan nuestra inteligencia y nos faltan permanentemente al respeto. Fomentan el forofismo fanatizado más que el pensamiento crítico. Todo ello con la complacencia y colaboración de tantos medios de comunicación que reproducen, amplifican e incentivan este denigrante espectáculo.

Me niego a entrar en ese juego. Aún a riesgo de hablar de temas aburridos. La política no puede ser un mero ejercicio de chabacanería y postureo teatralizado de ínfimo nivel.

Llevamos décadas escuchando discursos que defienden la bajada de impuestos, que se convierten en reiteradas promesas electorales, que no suelen cumplirse o se hacen de forma injusta.

Las dos versiones más actuales de este discurso bascularían entre la más radical que directamente declara que “los impuestos son un robo” y la que mantiene que bajando los impuestos se recauda más, la tan famosa como falsa Curva de Laffer.

De la primera versión tenemos como ejemplo al extremista y disparatado Milei. De la segunda la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, aunque de una u otra forma es defendida también por buena parte del PP e incluso sectores del PSOE.

Lo que haga o no haga Milei ya lo veremos y también sus consecuencias. Lo que hace Díaz Ayuso (aunque no solo ella) se puede resumir en bajar impuestos transferidos, como el de Patrimonio o Sucesiones, mientras se reclama al gobierno central que aumente la financiación a su autonomía. Una contradicción, puesto que dichas transferencias sólo podrían aumentarse restándolas a otras CCAA o incrementando los impuestos estatales.

Los impuestos de patrimonio o sucesiones solo los pagan en España una minoría, quienes cuentan con un patrimonio personal. En 2021 se produjeron más de 22 millones de declaraciones por IRPF, mientras sólo se hicieron 231.367 por impuesto sobre patrimonio, el 1% (Datos: Agencia Tributaria).

La Constitución Española (art. 31) establece la obligación general de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos pero obliga a que se haga mediante un sistema tributario justo, en términos de progresividad, es decir que debe pagar más quien más tiene. Esto no es debatible, salvo que alguien quiera proponer una reforma constitucional. Otra cosa es lo que cada cual entienda deba ser el nivel y finalidad del gasto público o qué grado de progresividad considere más razonable.

El gasto público abarca no sólo servicios como sanidad, educación, dependencia, desempleo o pensiones... siempre mencionados. También incluye el gasto de mantenimiento de las distintas administraciones, el ejército, la policía, la judicatura, las infraestructuras, las cárceles, las subvenciones a empresas, la publicidad, etcétera.

La inmensa mayoría no podríamos tener acceso a los servicios esenciales para la vida si tuviéramos que pagarlos con nuestros propios ingresos. Sólo una ínfima minoría podría pagar de su bolsillo los gastos de una larga hospitalización o por intervenciones complejas. Tampoco podría pagar los estudios de sus hijos e hijas, hacerse cargo de situaciones de dependencia, afrontar largos periodos de desempleo... Por eso resulta inexplicable que personas con economías modestas asuman el discurso de reducción del gasto público o la rebaja de impuestos.

En España estamos por debajo de la media de países de la UE en porcentaje de gasto público sobre PIB. En 2023 alcanzó el 46,40% mientras que nos superan países como Francia (57,30%), Finlandia (55,60%), Italia (55,20%), Bélgica (54,60%), Austria (52,10%), Alemania (48,60%)... (Datos: Expansión). Lo que prueba que es posible mayor gasto público sin que se perjudique la economía del país, sino todo lo contrario.

Cosa distinta es que debamos exigir la máxima eficiencia en la distribución y ejecución del gasto público y la máxima justicia y progresividad en el pago de impuestos.

Existen problemas de fondo respecto a la fiscalidad. Desde el fraude y la economía sumergida, hasta la existencia de paraísos fiscales que facilitan la evasión tributaria, como Panamá y otros países fuera de la UE, pero también territorios europeos, como Andorra o Gibraltar, o países de la propia UE, como Irlanda u Holanda, que de hecho practican dumping fiscal.

Incluso podrían considerarse un modo interno de dumping fiscal ciertas políticas tributarias de CCAA como Madrid, que puede permitirse rebajar determinados impuestos porque como capital política y económica de España absorbe recursos del resto del país, vía centralización de las grandes instituciones del Estado, con un gran número de altos funcionarios con elevados salarios, la fijación de la sede de grandes empresas que operan en toda España pero tributan allí o el aprovechamiento del histórico diseño radial de las grandes infraestructuras...

Los técnicos de Hacienda, Carlos Cruzado y José Mª Mollinedo, han publicado un libro con el elocuente título de “Los ricos no pagan IRPF”. En él explican la evolución del citado impuesto y abordan también algunos escándalos que han puesto en riesgo el principio de generalidad establecido por nuestra Constitución. La amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del PP en 2012 que resultó inconstitucional, la benevolencia del derecho penal con los grandes defraudadores o la disociación fiscal de las personas que, para eludir impuestos, son al mismo tiempo sociedades...

Tomando los datos que incluye Marta Nebot en un artículo en Público, se puede conocer mejor cómo el IRPF ha ido perdiendo progresividad y facilitando que los más ricos se escapen.

Creado en los 80, se fijó un tipo máximo del 65%. En los 90 se rebajó al 55% y a partir del 2000 bajó hasta el 47%. En sus comienzos había más de treinta tramos, hoy sólo quedan seis.

Resulta curioso recordar que en EEUU, durante el siglo pasado, el impuesto sobre la renta tuvo su tipo máximo por encima del 90%. Roosevelt (94%), Truman (91%), Eisenhower, republicano, (92%).

El Impuesto de Sociedades favorece a las más grandes. Según publica Nebot, en 2021 las empresas españolas con facturación superior a 1.000 millones tributaron el 5,73% de sus beneficios mientras que las que facturaron entre 50.000 y 100.000 euros lo hicieron por más del doble, el 13,19%.

La Comisión Europea tiene abierto un expediente de infracción a España por no incorporar a su legislación las normas europeas sobre el impuesto mínimo de sociedades del 15% a grandes empresas. Aplicable a unas 830 empresas que facturen más de 750 millones al año y recaudaría unos 10.000 millones.

Frente a esto se opta por incrementar los impuestos indirectos, que afectan por igual al conjunto de contribuyentes. Recientemente se ha vuelto a subir el tipo del IVA aplicable a la electricidad, un servicio básico, con efectos negativos sobre los bolsillos y la inflación.

En Granada, el equipo de gobierno del PP, tras prometer en campaña una bajada de tributos, ha optado por subir las tasas y precios públicos que afectan por igual al conjunto de la ciudadanía y especialmente a quienes tienen menor nivel de ingresos, como agua, basura, transporte urbano, acividades deportivas...

Insisto. Exijamos que se hable de lo importante y reclamemos a nuestros representantes un mínimo de respeto.

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Columnista
Miguel Martín Velázquez

Portavoz de Podemos Granada

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