martes 26 marzo
Opinión  |   |

Más Granada

“Hemos venido para acabar con el cortijo socialista en Andalucía”. Así se han venido expresando los portavoces del PartiVox Popular y de Ciudadanos y, lo primero que han hecho ha sido decidir el gobierno andaluz en Madrid, incorporando a su programa de gobierno las tesis de la extrema derecha. Por tanto, el cambio se ha quedado en una involución con total desprecio al modelo autonómico que desarrolla la Constitución Española (CE). Una parte del régimen de 1978 ha dinamitado uno de los pactos centrales de la transición española, cual es, el Estado de las Autonomías que reconoce expresamente las singulares particularidades de las Comunidades históricas, entre las que se encuentra Andalucía, que ejerció su derecho constitucional a decidir en 1977 movilizándose masivamente para mediante referéndum popular acceder al autogobierno por el artículo 151 CE, lo que se materializó el día 28 de febrero de 1980, fecha que se ha consagrado como Día de Andalucía, lo que ahora se cuestiona desde el PartiVox Popular, que quiere trasladar al día 2 de enero, día de la Toma de Granada, ignorando, de ignorantes indocumentados va la cosa, dos hechos históricos.

El primero, es que los Reyes Católicos juraron los fueros del norte el día 15 de enero de 1488, que confirmaron en 1495 y que se concretó especialmente en Álava. El segundo, fue cuando el dictador Franco, jefe de la sublevación militar (golpe de estado) contra el Gobierno democrático de la Segunda República, que tras la victoria del fascismo respetó los fueros de las  “provincias vasco-navarras” (Álava y Navarra). Estos dos hechos históricos, demuestran que España, incluso en el totalitarismo histórico inherente en el PartiVox Popular, es un Estado donde conviven distintas comunidades históricas, que son las que luego se reconocen constitucionalmente.

En consonancia con la tradicional política de la derecha española (jerarquía eclesiástica, estado y orden) que antaño esgrimía Alianza Popular y que se resume en que España funciona solo si es la derecha la que gobierna, cualquier otra opción es el caos, como así lo viene pregonando el PortaVox Popular, Sr. Casado.

Se propone así mismo, suprimir el Consejo Consultivo Andaluz, no el de Galicia o el de Castilla – León donde gobiernan. La propuesta, en sí misma, supone un duro golpe para la ciudad, pues tiene mucho que ver con la exigencia de la ciudadanía granadina de que se mantengan las secciones penales dentro de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), lo que está intrínsecamente unido a la capitalidad judicial que reside en Granada. Desplazar las secciones penales a otras provincias es romper el consenso y el equilibrio institucional que posibilitó el Estatuto de Andalucía. Pero visto, lo visto, que son las cúpulas nacionales del PartiVox Popular y de Ciudadanos las que deciden sobre lo que más conviene a nuestra Comunidad Autónoma, no es descabellado que vuelvan a despertar los intereses personales que residen en algunas corporaciones judiciales para conseguir de hecho lo que no han conseguido de derecho, o sea, que desmantelen el TSJA, hundiendo más si cabe a Granada que perdería una de sus identidades históricas en favor de intereses profesionales y del peor poder político.

Es por ello, que el nuevo gobierno local que salga de las elecciones de mayo de este año, en vez de resistir y de mantener una posición contemplativa y acomodaticia como hace el actual, tendrá que liderar la convicción ciudadana irrenunciable de más democracia y más derechos para los granadinos y por ende para Andalucía, lo que se consigue, de entrada, con el compromiso de que la capitalidad judicial, por derecho y por historia no se mueve de Granada, debiéndose instalar, así mismo, en nuestra ciudad la Consejería de Justicia, acabando con la precariedad que atenaza a un servicio público tan esencial como el que nos ocupa construyendo la Ciudad de la Justicia, lo que se conseguirá poniendo los recursos en común de las distintas instituciones (Ayuntamiento, Diputación Provincial y Junta de Andalucía).

El gobierno de la ciudad debe estar formado por personas que defiendan más Granada, que no estén al dictado de los jefes políticos de sus formaciones estatales. Granada se merece un gobierno de la gente, transparente, honrado y no de corruptos e ignorantes indocumentados.

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Columnista
Salvador Soler

Miembro del Consejo Ciudadano Municipal de Podemos Granada

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