Más vale prevenir que curar
Sin duda, el triunfo de la sociedad civil ha sido extraordinario en cuanto que la presidenta de la Junta de Andalucía se ha visto obligada a derogar el decreto de fusión hospitalaria de la sanidad granadina. Ahora la negociación técnica debe avanzar hasta que los dos hospitales completos sean una realidad definitiva.
En la orden de 27 de febrero de 2017 se establece un plazo de seis meses para desarrollar el proceso de adaptación de las estructuras de dirección y funcionales para acomodarlas a la nueva demarcación territorial de las áreas hospitalarias y las adscripción de los profesionales a los hospitales de referencia.
Pues bien, una de las cuestiones principales que llenaban contenido a la movilización ciudadana eran (son) las situaciones, a simple vista, de riesgo y/o peligro para la salud y la vida de las personas a las que estas eran (son) expuestas por la situación de división hospitalaria. Así nos podemos encontrar, como bien dice la doctora María José Vílchez, con el caso de que una mujer embarazada sufriera un accidente de tráfico, ¿a dónde acude? ¿Al Materno-Infantil sin traumatólogos, ni cirujanos generales, ni neurocirujanos, ni UCI? ¿Al PTS, sin ginecólogos, ni pediatras, sin UCI de neonatología?. Y si un paciente sufre un mareo, pudiera ser un ictus o un infarto, a dónde iría: ¿a la Caleta para ser valorado por cardiología o al PTS a que lo vean los neurólogos?. Pongamos el ejemplo de un paciente diabético, ¿qué ruta debe seguir cada vez que tenga que ir a una revisión? La vista y la circulación al PTS, pero el riñón a la Caleta… ¿serán los taxistas los que realmente decidan dónde llevar a los enfermos?
La situación descrita es real en la actualidad y no parece que esté prevista en el citado plazo de transición, sin embargo, el escenario de riesgo persiste y con ello un estado de peligro que basta para que concurra solo con la probabilidad o la amenaza de la destrucción o menoscabo de aquello que se quiere proteger, esto es, la salud de las personas. Esta falta de previsión de la Administración sanitaria afecta, por un lado, a la seguridad pública, y por otro, a la salud, integridad física y, más general, a la vida de las personas al quedar expuestas a la posibilidad o producción de un resultado futuro de daño.
Así las cosas, es la Administración sanitaria la responsable de asegurar la atención debida a las personas que acudan a un hospital, disponer de todos los medios a su alcance para evitar dichas situaciones de peligro. No deben ser los profesionales los que luego puedan verse afectados por una falta de previsión que es tan evidente nadie debería pasar por alto, por tanto, debe ser puesta de manifiesto de forma expresa a fin de establecer las distintas responsabilidades en términos correctos, luego no vale con lamentarse.
Pero sobre todo, hay que proteger a la población de una situación de peligro que es palmaria y diaria. Pensemos por un momento en un traslado de una persona de un hospital del centro Virgen de las Nieves, o de San Cecilio, como consecuencia de alguna de las circunstancias antes expuestas y en el trayecto, ya de por sí largo, se produce, además, un atasco en la autovía al PTS.
Así pues, más vale prevenir que curar, siendo cuestión principal que este asunto sea resuelto de forma eficaz y eficiente por la autoridad sanitaria para que no sean los tribunales los que decidan al final determinando una responsabilidad patrimonial de la Administración que se pagaría por el presupuesto público, es decir, por la ciudadanía.
Salvador Soler García
Colaborador Ahora Sí
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