domingo 11 abril
Opinión  |   |

Ni casas sin gente, ni gente sin casas

Mientras Rajoy habla de una España en trance de recuperación económica, la realidad discurre en dirección diametralmente opuesta para los más desfavorecidos.

El incremento de viviendas durante los años del boom inmobiliario ha causado una enorme huella ecológica y no ha resuelto el acceso a la vivienda de una capa de la población empobrecida que perdió su casa y ahora no puede pagar un alquiler.

Pero veamos cuál es el estado actual de la vivienda, qué políticas públicas se han puesto en marcha y cuáles son las alternativas.

Andalucía cuenta con un parque de 4.343.146 viviendas, de las que 921.388 se construyeron entre los años 2000 a 2016, siendo ínfima la cantidad de casas rehabilitadas, en concreto 47.083 viviendas. Solo en los años de boom inmobiliario, entre 2003 y 2007, se levantaron 547.258 viviendas nuevas.

Lo preocupante es que existan 637.221 casas vacías en Andalucía, un 16% del total, porcentaje que se incrementa hasta el 30% en municipios que sufrieron el boom con mayor intensidad.

En Andalucía más del 80% es vivienda en propiedad cuando en Europa no sobrepasa el 50%. España está entre los cuatro países de la UE que dedica menos recursos a vivienda social, un 0,2 % del PIB. En Andalucía solo un 1,8% es vivienda pública de alquiler, en torno a 81.000, cuando en Europa el alquiler público supera el 30%.

Más alarmante si cabe son las cifras de desahucios. En España se han producido 695.125 desahucios entre 2008 y 2016, de los que 132.951 corresponden a Andalucía. Se han reducido las ejecuciones hipotecarias pero el porcentaje de lanzamientos por impago de alquiler aumenta cada día. Los que fueron desahuciados de sus viviendas, de nuevo vuelven a ser desahuciados por no poder pagar el alquiler.

De todos estos datos se deduce que los municipios que tuvieron crecimientos desmesurados son los que tienen más problemas: vivienda vacía, desahucios, ocupaciones, ciudades fantasmas, escasez de vivienda pública, infravivienda y edificios en ruina.

Incluso asistimos a fenómenos nuevos, como el de las ocupaciones ilegales realizadas por tramas mafiosas que actúan como auténticos agentes inmobiliarios. Se justifican por la falta de soluciones de las administraciones públicas, se benefician de leyes que no dan respuesta rápida, de cierta pasividad de los propietarios mayoritarios (bancos y promotoras), de actuaciones muy limitadas de las fuerzas de seguridad, de la lentitud de la justicia que ha pasado de los desahucios exprés a no saber discernir entre las ocupaciones por necesidad y las realizadas por un entramado organizado y mafioso.

Estas ocupaciones son un torpedo en la línea de flotación de movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Stop Desahucios. Si el discurso contra los desahucios provocó un enorme apoyo social, decisivo para lograr leyes de protección al deudor hipotecario, las ocupaciones –por el contrario-generan rechazo en la ciudadanía que ve en su vecindario a ocupantes que distorsionan la convivencia.

Muchos ayuntamientos del cambio nos hemos visto obligados a desligarnos de estas ocupaciones porque, por desgracia, se ha instaurado en el imaginario colectivo la idea de que cuentan con nuestro visto bueno. La lentitud jurídica contribuye a que así sea. Incluso algunos lo aprovechan para propagar bulos que dan alas a posiciones de extrema derecha.

La única alternativa es incrementar el parque público de alquiler social y alcanzar el porcentaje de Europa. Mientras los bancos cedan con cuentagotas viviendas a las comunidades autónomas -la Sareb solo ha traspasado 400 viviendas en Andalucía- y se deje el acceso a la vivienda en manos del mercado, no terminaremos con las ocupaciones y la emergencia habitacional no dejará de crecer en España.

Es hora de ponernos a trabajar y reivindicar el alquiler de gestión pública para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Solo así podremos abordar este grave problema.

Rosa Félix
Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Atarfe

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