No habrá perdón para Irene
A estas alturas ya nadie puede dudar que desde los orígenes de Podemos se ha producido un furibundo y sistemático acoso y hostigamiento contra el partido y especialmente contra sus líderes. Una auténtica cacería. Para ello se han utilizado todo tipo de medios, desde campañas mediáticas de descrédito montadas sobre cualquier asunto político o personal sin importar límites, pasando por el montaje de pruebas falsas por parte de las cloacas policiales (la mal llamada Policía Patriótica), llegando hasta la apertura y mantenimiento de innumerables procesos judiciales incriminatorios.
Uno de los ejemplos más sonados de esta persecución lo constituyeron las grabaciones de la reunión entre los “periodistas” Ferreras (la Sexta) e Inda (OKdiario) y el excomisario Villarejo, organizando la difusión de un montaje para acusar a Pablo Iglesias de financiación ilegal (desde Venezuela) y de tener cuentas en el paraíso fiscal de Granadinas. Todo realizado con la intención de dañar las posibilidades de que Podemos pudiese mejorar sus resultados de 2016 y reducir así sus posibilidades de acceder al gobierno.
A nivel personal el episodio más sangrante fue el del impune acoso sufrido durante meses por Pablo Iglesias e Irene Montero en su propia casa.
Lo último, una sentencia de la Audiencia de Madrid donde los jueces justifican que un exmilitar del CNI pueda acusar con total impunidad a Pablo Iglesias de delitos tan graves como narcotráfico o ayudar a terroristas islámicos.
No sólo se trata del perjuicio a la reputación de personas y del propio partido sino que indirectamente se ha puesto en evidencia el enorme daño democrático que supone que con tan poderosos medios se ataque y vilipendie a cualquier líder político o a un partido que compite en las elecciones. Esto no puede suceder en una democracia decente. Ninguna democracia que se precie puede soportar este tipo de persecuciones en las que se atenta contra los mínimos estándares que la legitiman.
Daba la impresión de que esta cacería contra Podemos podía amainar después de la marcha de Pablo Iglesias y tras haber sufrido este partido el daño electoral causado por toda esta campaña sostenida e infame. Nada más lejos de la realidad. Nunca ha desaparecido.
A medida que se acerca el nuevo ciclo electoral la presión aumenta. Ahora contra las mujeres que lideran el proyecto y se sientan en el Consejo de Ministros, Irene Montero e Ione Belarra. Al odio político hacia lo que representan se une el odio de género. Lo tienen todo en contra, son mujeres, son jóvenes, son brillantes y, además, son de Podemos. No habrá perdón para ellas.
En este momento la mayor agresividad se concentra contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, y se articula con motivo de las revisiones de penas tras la entrada en vigor de la denominada “ley del solo sí es sí”. Se está diciendo de todo contra esa ley y contra la ministra. Da igual que sea una magnífica ley y que incluso sea un referente en Europa. Una ley que por cierto no se centraba tanto en la cuestión de las penas como en la protección de las víctimas y el diseño de políticas de prevención. Poniendo el foco sobre la cuestión central del consentimiento para evitar lo que se denomina “cultura de la violación”, con lo que implica de revictimación de las propias víctimas.
Una ministra no redacta ninguna ley. Lo hacen los juristas, de los ministerios de Igualdad y de Justicia. Interviene también el de Presidencia. Por supuesto que los Letrados de las Cortes estarán allí también para algo. Además son preceptivos informes de organismos tan poco podemitas como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal o el Consejo de Estado. Ninguno advirtió de que pudiera pasar lo que está pasando. Si eso hubiese sucedido tendríamos las copias de esos informes hasta en la sopa. Es cierto que la ministra Calvo estuvo en contra de la ley, como lo estuvo de la ley Trans, pero no por este motivo, que nunca señaló, sino porque pretendía liderar ella las políticas feministas del gobierno y hacerlo además con criterios diferentes.
La interpretación de la ley que están haciendo algunos tribunales no es unánime. Hay muchos jueces que no se han apuntado a la rebaja de penas de los condenados por delitos sexuales. Pero esos no son noticia. Como escribí en su momento, bastaría que el Tribunal Supremo, siguiendo la opinión de la Fiscalía General del Estado y de eminentes juristas, emitiera una doctrina interpretativa contraria a esa revisión de penas y todo el debate quedaría zanjado. Desgraciadamente eso no se va a producir. ¿Acaso se ha olvidado ya el discurso que el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, dirigió a su grupo para asegurarles que “controlaremos la sala segunda (del Tribunal Supremo) por detrás” y hacía mención expresa al magistrado Manuel Marchena?. Está en las hemerotecas.
La disposición transitoria quinta del Código Penal dice claramente que “En las penas privativas de libertad no se considerará más favorable este Código cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible con arreglo al nuevo Código”. Poco más queda por decir.
Ahora se anuncia que la ley será revisada, con o sin acuerdo de Podemos. Y los medios de comunicación se aprestan a hacer el coro propagandístico afirmando que se corregirá el “error” de la ministra. Mentira. No hay ninguna modificación posible de la ley que pueda evitar que determinados jueces apliquen la revisión a la baja que están haciendo. O se fija por el Tribunal Supremo una interpretación acorde con esa Disposición Transitoria del Código Penal o las revisiones de pena seguirán produciéndose por parte de algunos jueces.
Basta ya de mentiras, manipulaciones y demagogias.
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