Nos roban con el recibo del agua
Reconozco que el título de este artículo suena fuerte, pero no creo que lo sea más que la realidad que voy a intentar demostrar con datos.
Antes de nada, una serie de premisas. 1) No soy un dogmático antiprivatizaciones, considero que éstas deben decidirse en base a números y a una adecuada evaluación de rentabilidad económica y social. 2) Creo que la Administración debe mejorar su capacidad de gestión. 3) Una Administración que se muestra incapaz de gestionar directamente un servicio público tampoco suele ser muy eficaz en el control de su ejecución por parte de las empresas privadas adjudicatarias. 4) No es extraño que una empresa adjudicataria busque su máximo beneficio, ahorrando costes, y que si la Administración no mantiene un nivel de supervisión y exigencia razonables puede resultar una deficiente prestación del servicio, obra o suministro contratado. 5) El concepto de “colaboración público-privada”, que tanto utilizan los poderes políticos o económicos, no es más que un eufemismo para referirse a su voluntad de justificar la privatización de lo público. 6) A través de las privatizaciones/externalizaciones se transfiere dinero desde el bolsillo de los contribuyentes a las empresas concesionarias, unas veces de forma directa, en casos de concesión de servicios, y otras veces de forma indirecta, pasando primero por los presupuestos de la Administración Pública correspondiente, cuando se trata de un contrato de ejecución de obras o prestación de servicios. Esto es un hecho. Cuando pagamos el billete del autobús el dinero va directamente a Alsa, la empresa concesionaria. Cuando pagamos el recibo de recogida de basura el dinero va al Ayuntamiento y de ahí a Inagra al pagarle la factura mensual del servicio. 7) La mayor parte de la corrupción política en España se genera en el entorno de las privatizaciones. Este es otro hecho, basta leer las noticias.
Ahora vamos a la cuestión principal. Emasagra fue creada en 1982 como empresa 100% municipal para gestionar el servicio del ciclo integral del agua. Pero en el afán privatizador que contagia a los dos grandes partidos, el PP decidió en 1997 dar entrada a un socio privado, Hidralia, que asumió el 49% de las acciones de Emasagra durante 50 años, hasta 2047. Hidralia formaba parte del grupo Agbar-Aguas de Barcelona, controlada por la multinacional francesa Suez. En 2022 ha pasado a manos de Veolia, otra multinacional francesa.
Esta privatización parcial implicó un cambio en los estatutos de Emasagra. El socio privado, Hidralia, designa al Director-Gerente (art. 29), por tanto tiene el control operativo de Emasagra, tiene derecho al 49% de los beneficios (art. 39) y recibe anualmente, en concepto de “Know How” (Saber Hacer), el 13% de la cifra de negocio (art. 40).
A finales de 2023 tuve la paciencia de investigar el caso de otras empresas mixtas de grandes ciudades españolas para comparar cuánto se abonaba al socio privado por Know How. Alcancé a analizar 18 de éstas empresas mixtas. Mi sorpresa fue mayúscula y también mi indignación. Granada es la ciudad que más paga al socio privado (13%). La siguiente es Huelva (10%). Y de ahí para abajo. Girona y Soria (3%). Barcelona y Badalona (3,5%). Y aquí al lado, en el Área Metropolitana, el Consorcio Vega-Sierra Elvira (Aguasvira) paga el 4,92%, siendo el mismo socio privado, Hidralia. La media del Know How de las ciudades analizadas se sitúa en el 5,22%, es decir 2,5 veces menos que en Granada. ¡Menudo negocio!. ¡Qué disparate!. ¿En qué manos estamos?
La situación financiera de Emasagra es más que solvente. Durante los últimos ocho años su cifra de negocios media anual es de 47,5 millones y sus beneficios netos anuales de 4,26 millones. De éstos últimos, el 49% son para Hidralia y el 51% para el Ayuntamiento de Granada. Es decir que prácticamente la mitad (unos dos millones anuales) va para la multinacional y la otra vuelve a la ciudad a través de las arcas municipales
Por eso resulta incomprensible que en los tres últimos años se hayan aprobado (con los votos de PP y PSOE) sucesivos incrementos en los recibos del agua cuyo resultado ha sido una subida media en torno al 28%. A lo que hay que añadir la subida de un 7% en la tasa de recogida de basura, que se paga también en el recibo de Emasagra.
La alcaldesa, Sra. Carazo, prometió en campaña electoral una bajada de impuestos y sigue afirmando que se han congelado. Pues los datos están ahí y la desmienten.
Pero aún más escandalosos resultan los beneficios del socio privado. Hidralia, viene obteniendo pingües beneficios cada año. La media de sus beneficios netos anuales (49% de los dividendos de Emasagra) asciende a 2,09 millones, a lo que hay que sumar una media anual de 6,16 millones en concepto de Know How (13% sobre cifra de negocio). Por tanto, la media de beneficios netos (después de impuestos) que Hidralia se embolsa cada año es de 8,26 millones. Esto son datos. Comprobables.
Se trata de una cuantía estratosférica. Un abuso. En mi opinión constituye un escándalo indecente que los gobernantes municipales hayan promovido y aprobado este auténtico robo que implica que esa ingente cantidad de dinero pase cada año de los bolsillos de los granadinos a las cuentas de resultados de una multinacional francesa. Y eso durante 50 largos años.
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