Parque de las Ciencias, escaparate y trastienda
No hay duda de que el Parque de las Ciencias constituye una joya para Granada.
Según su web “Es un centro de ciencia y museo de 70.000 m². Desde su inauguración, en 1995, es el museo más visitado de Andalucía. Más de 7 millones de personas conocen ya sus instalaciones, una cifra que lo ha consolidado como centro de referencia internacional de la divulgación científica en el sur de Europa. Está gestionado por un Consorcio Público formado por las Consejerías de Educación; Medio Ambiente y Ordenación del Territorio; Conocimiento, Investigación y Universidad; Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales; Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Ayuntamiento de Granada; Diputación Provincial de Granada; Universidad de Granada; CAJAGRANADA Fundación”.
Parece que no tiene actualizada la lista de miembros del Consorcio.
Frente a ese escaparate, su gestión interna ha sido objeto de sucesivas polémicas, algunas de las cuales han tenido eco en los medios de comunicación. Un informe de la Interventora General (30-12-2020) señalaba la existencia de irregularidades graves en la gestión de personal y en él se mencionaban otros informes anteriores (2019) no atendidos.
En diciembre de 2019 se produjo el “Abrazo al Parque de las Ciencias”, una cadena humana que rodeó sus instalaciones protestando porque su gestión fuera llevada a Sevilla. En 2024 se denunció la decisión de la Junta de impulsar en Málaga un Instituto Andaluz de divulgación Educativa de la Ciencia, que se percibía como una afrenta al museo granadino. En 2025 la prensa publicaba las quejas por los ceses del equipo impulsor del Parque. Además se ha conocido la existencia de algunos conflictos jurídico-laborales en ciertas empresas subcontratadas...
El 2 de febrero se publicó en el BOJA el “Informe de fiscalización de cumplimiento del Consorcio Parque de las Ciencias de Granada” referido a 2023, de la Cámara de Cuentas de Andalucía. En él se señalan importantes incumplimientos de legalidad e irregularidades en la gestión del Parque.
Organización y funcionamiento
Se incumplen los Estatutos (art. 40) y la legislación (estatal y andaluza) respecto a que “el personal al servicio del Consorcio habrá de proceder exclusivamente de las Administraciones participantes” pues “hasta la fecha ningún trabajador contratado proviene de algunas de las Administraciones consorciadas”.
En 2019 la Fundación CajaGranada ejerció su derecho a separarse del Consorcio y cancelar su aportación económica. Sin embargo no consta que fuese aprobado por el Consejo Rector, ni la garantía de que no se producen perjuicios para los intereses públicos, ni la forma en que se cubra su cuota (art. 11 Estatutos). Siendo el Consorcio, con medios propios, el que ha asumido el 1% de financiación perdido. Tampoco se han actualizado los Estatutos y ni siquiera la web del Parque, en la que sigue apareciendo esa Fundación como miembro del Consorcio.
Se han incumplido los Estatutos (arts. 1.3, 2, 19, 23, ...) por la “falta de ejecución de las competencias” atribuidas a distintos órganos. El Consejo Rector no ha aprobado los Reglamentos de Organización y Régimen Interior, el inventario del patrimonio... La presidencia no convocó las dos sesiones ordinarias obligatorias del Consejo Rector, lo que “ha originado la no aprobación de los documentos necesarios para el funcionamiento y la gestión de la entidad”, tales como la “Liquidación del Presupuesto, memoria de gestión económica, balance de actividad y Cuentas anuales (2022), plan anual de actuación y presupuesto (2024), plantilla de personal, actualización de la relación de puestos de trabajo (RPT), aprobación, autorización o ratificación de los 12 convenios (formalizados en 2022) y los 19 de 2023”.
Incumplimientos de la Ley de Transparencia de Andalucía (arts. 9, 10 y 15).
Presupuesto y Contabilidad
Por tercer año consecutivo no se han rendido los estados financieros, el de remanente de tesorería, el de resultado presupuestario, la cuenta de operaciones extrapresupuestarias, la memoria de los estados contables... Lo que ha impedido integrar sus cuentas en la Cuenta General de la Junta de Andalucía, como es preceptivo. Vulnerando legislación estatal (40/2015) y autonómica (DL 1/2010) y sus propios Estatutos (arts. 46 y 48).
Al cierre del ejercicio 2022 “de 1.155 expedientes a formalizar (3,99 mill.), quedaron sin contabilizar 384 expedientes (3.62 mill.)”.
El contrato de concesión de la cafetería se extinguió el 14/agosto/2022 por lo que en 2023 estuvo sin cobertura legal.
Recursos Humanos
No constan actas de la Comisión de Seguimiento del Convenio Colectivo. Los puestos de trabajo no están clasificados conforme a la estructura funcional de la RPT, no hay descripción de sus funciones, ni hay aprobada plantilla que recoja las plazas dotadas económicamente.
Contratación administrativa
Se han detectado incumplimientos de la Ley de Contratos (LCSP) en 9 de los 18 contratos menores examinados.
Se ha fraccionado un contrato de obras “con la finalidad de disminuir su cuantía y eludir los requisitos de publicidad o los procedimientos de adjudicación que correspondan” (art. 99 LCSP).
En el contrato no menor de “Prórroga gestión integral de biodomo 2022” se vulnera la LCSP (art. 29) pues “no responde a una situación imprevista, supera el periodo máximo fijado y modifica las condiciones del contrato”.
Existe gran disparidad entre los datos del Registro de Contratos, el Portal de Transparencia y la relación aportada por la entidad “que impiden otorgar integridad y validez a la información en relación con los contratos menores adjudicados en 2023”. Igual ocurre respecto a los Convenios vigentes ese año.
La mayor fuente de ingresos autofinanciados corresponde a venta de entradas (3,97 mill.) y servicio de aparcamiento (76.698 €), cuya gestión de facturación se encuentra externalizada, “sin que conste la aprobación de protocolos que garanticen el control y seguimiento de la gestión”.
Para el aseguramiento de los riesgos generales del Parque, en 2023 se adjudicaron 9 contratos menores al mismo adjudicatario. En septiembre de 2022 se notifica a la adjudicataria una nueva prórroga, ya fuera de todo límite y plazo, por un año, modificando el contrato fuera de las cláusulas y sin que exista resolución que la acredite. Al no ser válida la prórroga, por ser ilegal, el Parque mantuvo el aseguramiento de daños generales, hasta diciembre de 2023, mediante varios contratos menores trimestrales fraccionados, para los que el informe del órgano de contratación siempre fue emitido con posterioridad a la ejecución del gasto y, en algún caso, hasta después de la emisión de la factura. En 2024 se renunció a seguir con la contratación menor, dejando al Parque sin la cobertura de seguro.
Como se observa, los incumplimientos de legalidad y las irregularidades en la gestión son graves y continuadas, lo que evidencia que la trastienda del Parque está más bien desordenada. Una vez más se demuestra que una cosa es la propaganda y otra la realidad de la gestión. Urge delimitar responsabilidades y corregir de inmediato tanta ilegalidad e ineficacia.
Popular ahora
