domingo 11 abril
Opinión  |   |

¿Por qué y para qué la reforma constitucional?

Se han cumplido 39 años desde que el pueblo español ratificó en referéndum la Constitución de 1978. Desde un punto de vista comparativo, disfrutamos de una buena Constitución que se adaptó  adecuadamente a los imperativos del Estado y de la sociedad de la segunda mitad del siglo XX sobre un gran pacto social y democrático y el establecimiento de los fundamentos para la apertura de un proceso de descentralización política, que ha resultado tan extenso como profundo. Cuando se aprobó, se incorporó a nuestra historia constitucional un texto modélico para su tiempo no sólo por su contenido, sino también por la forma en que se desarrolló en líneas generales el proceso constituyente, teniendo en cuenta el contexto en el que se vivía. La Constitución era, por primera vez en nuestra historia, la Constitución de todos, y con ella se han hecho muchas cosas positivas a lo largo de estos años: el desarrollo general del país en términos socioeconómicos, el desarrollo en buena medida equilibrado de los derechos fundamentales, la integración en Europa, el avance en igualdad y derechos sociales propios del Estado de bienestar, especialmente la universalización de la educación y la sanidad, la puesta en marcha y el desarrollo de una profunda descentralización política con el llamado Estado autonómico hasta llegar a configurarse y funcionar como si se tratara de un Estado federal, por mencionar algunos de  los avances más significativos.

Así las cosas, es muy legítimo preguntarse: ¿entonces, por qué y para qué la reforma constitucional de la que tanto estamos hablando? La respuesta es clara: han pasado muchos años y la sociedad ha cambiado extraordinariamente en un mundo globalizado, por lo que la Constitución necesita actualizarse y revitalizarse, afrontando las nuevas realidades que se han generado tanto por el  transcurso del tiempo como por la gran crisis que estamos viviendo, que no es solo económica, sino también social, institucional, política y territorial. Y para ello no basta con hacer solo cambios legales y administrativos ni, complementariamente, “ir tirando” por adaptación mediante la interpretación del Tribunal Constitucional. La reforma constitucional, aunque por sí misma no tenga virtudes taumatúrgicas, es necesario emprenderla –y hacerla bien- cuando los problemas no tienen solo un alcance meramente legal. Por ello es una exigencia sine qua non para poder satisfacer diversos e importantes objetivos que nuestra sociedad demanda. Es necesaria para proteger y garantizar suficientemente el estado de bienestar, en especial derechos tan básicos como la salud, la protección por la seguridad social o la vivienda. Es necesaria para mejorar la calidad democrática y de nuestras instituciones, lo cual obligaría a considerar numerosos aspectos en los que no podemos entrar  ahora porque cada uno de ellos necesitaría de un artículo específico. Y es necesaria para mejorar la estructura y el funcionamiento de nuestro modelo territorial, llevándolo a la Constitución, para poder fortalecer simultáneamente la unidad del Estado, el autogobierno de las Comunidades autónomas y el respeto e integración democrática de la diversidad de la España plural, garantizando la solidaridad, la convergencia y la igualdad de toda la ciudadanía en sus condiciones básicas de vida en todo el territorio nacional.  Quizás este último aspecto sea el más complejo y también el más urgente para normalizar la vida política del país, a la vista de la intensidad y gravedad de los conflictos territoriales, y no me refiero solo al catalán. Ante  los déficits de estructura y funcionamiento del Estado autonómico y ante los embates extremos de independentistas y recentralizadores, es muy importante reformar  el Título VIII para la racionalización, mejora y actualización de nuestro modelo de organización territorial. Todos podemos comprender fácilmente que sería difícil abordar todos los elementos de la reforma que necesitamos al mismo tiempo y de una sola vez. Sería demasiado complicado no ya para fraguar los consensos necesarios, sino incluso simplemente para echar a andar. Por eso, si se va abriendo un tiempo de reformas, podríamos ir generando espacios y hábitos de debate y diálogo -y ojalá que también de compromisos- para la reforma. Comenzar por el modelo territorial podría allanar el camino para otras reformas.  De ahí la importancia de la creación de la Comisión no permanente de Estudio para la Evaluación y Modernización del Estado autonómico, único instrumento del que hoy por hoy disponemos para iniciar ese camino y hacer camino al andar, a la que deberían incorporarse las formaciones políticas que aun no lo han hecho. Permítanme que solo apunte, para finalizar, los elementos centrales y más importantes para “perimetrar” esta reforma territorial:

- Suprimir todos los artículos constitucionales ya desfasados como derecho transitorio en función del ejercicio del derecho a la autonomía, una vez completado el mapa autonómico, e incluir en la Constitución a las Comunidades Autónomas por su nombre, como concluyó el Consejo de Estado en su informe de 2006.

- Reformar el Senado para convertirlo en una auténtica y efectiva Cámara de representación territorial de las nacionalidades y regiones.

- Incluir el principio de lealtad entre territorios y administraciones e impulsar los instrumentos de colaboración y cooperación tanto verticales como horizontales para reforzar las instituciones y ámbitos de encuentro donde abordar de manera compartida y eficiente los problemas comunes.

- Reconocer plenamente las singularidades territoriales y sus efectos: lengua propia, cultura, foralidad, organización territorial, peculiaridades históricas de derecho civil, insularidad y ultraperifericidad.

- Clarificar y completar en la Constitución el sistema de distribución competencial para conseguir un autogobierno de la máxima calidad en las Comunidades Autónomas y un gobierno compartido que sustente eficientemente la unidad y el interés general de España.

- Establecer  un sistema de financiación que esté en la Constitución en sus elementos esenciales, basado en los principios de suficiencia, corresponsabilidad, coordinación, solidaridad, equidad y estabilidad; y que ponga remedio a las desigualdades que por su aplicación y metodología producen el sistema de concierto vasco y de convenio navarro, singularidades históricas que son asumibles democráticamente en tanto que sean neutras y no generen privilegio alguno.

- Fortalecer la autonomía local sobre la base de una concepción del municipio como comunidad política democrática más cercana al ciudadano, sostenida sobre los principios de subsidiariedad y suficiencia financiera.

- Incluir una cláusula europea que, además de contener un compromiso explícito con el objetivo de hacer realidad una Europa unida en su diversidad, establezca reglas adecuadas para la articulación de España en la Unión Europea a partir del pluralismo territorial interno.

En conclusión, podemos decir que tenemos una Constitución verdaderamente buena para el tiempo en que ha regido hasta el presente, pero que está necesitada de una profunda reforma que la actualice, vivifique y refuerce su eficacia normativa. No olvidemos, sin embargo, que tan necesario como la reforma es propiciar la práctica de una cultura política democrática a la altura de las circunstancias. Y de nadie más que de todos nosotros depende conseguirlo a través de los cauces democráticos constitucional y legalmente establecidos.

Gregorio Cámara Villar
Diputado Socialista del Congreso por Granada

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