Presumir de buena gestión (III)
Se da por descontado que cualquier gobernante presuma de hacer una magnífica gestión. A estas alturas nada tiene de extraño esa actitud. Siempre se puede pensar que cabe menos triunfalismo y se echa de menos un poco de realismo y modestia. Pero me parece que eso es mucho pedir. A parte de que tanta exageración y autocomplacencia puedan resultar cargantes, llama la atención que a veces se hace haciéndose enmienda a sí mismos o a su propio partido, por ejemplo cuando se anuncia a todo trapo que se han resuelto problemas de los que, curiosamente, era responsable la propia persona o su partido, en gobiernos de continuidad.
A nivel local también resulta llamativa la escasa actividad de contraste y comprobación por parte de los medios de comunicación en relación con los excesos propagandísticos de quienes gobiernan las ciudades. Deberían evitar ser utilizados como meros altavoces de propaganda.
A algo de todo esto hemos asistido en Granada en las últimas semanas, con ocasión de la firma de determinados contratos de servicios municipales.
Nuevo contrato de limpieza y recogida de basura
La alcaldesa publicitó su firma utilizando un tono triunfal. En nota de prensa del 29 de septiembre celebraba la puesta en marcha del “mayor contrato público del Ayuntamiento de los últimos años” (745 millones durante 15 años) que “pone fin a 55 años de un modelo obsoleto en la ciudad" y “desbloquea una situación estancada desde 2020”.
Por su parte, el portavoz municipal del PP, Jorge Saavedra, anunciaba que con el nuevo contrato de recogida de basura “el coste del servicio baja un 5,9%” y que eso “es lo que bajará el recibo a los granadinos”.
Es cierto que el contrato con INAGRA está vigente desde 1970. Hace 55 años, una eternidad. Pero también lo es que caducó el 31-diciembre-2020 y desde entonces se ha producido una prórroga excepcional, fuera de plazo. El motivo es que el Ayuntamiento fue incapaz en 50 años de licitar y renovar el contrato. Complicado pensar cómo es posible que se llegue tarde a una cita fijada con tanta antelación, que nadie asuma responsabilidades políticas y que por el contrario todavía se presuma como un logro.
Pero si el contrato tenía vigencia hasta 2020 se debía a que el propio gobierno del PP, en 2006, amplió su duración por diez años.
Por tanto una grandísima parte de responsabilidad en que un “modelo obsoleto” se haya mantenido durante tantos años es del PP, el de entonces y el de ahora.
Si, como se afirma, el nuevo contrato es mucho mejor y cuesta menos significa que la ciudad de Granada ha perdido durante muchos años la posibilidad de tener un mejor servicio y pagar menos. Pero también implica que se ha vulnerado la ley de contratos, no solo al incumplir los plazos de licitación sino también al quebrantar el principio de libre competencia. Porque durante 5 años (15 años si se considera la ampliación anterior) se ha privado a otras empresas de poder concurrir a un negocio para el que tenían derecho a competir, mientras se ha beneficiado a una empresa (INAGRA, propiedad antes de Ferrovial y ahora de Prezero-multinacional alemana) que ha conseguido altos beneficios sin haber tenido que concurrir con otras empresas.
Respecto a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de residuos resulta que en el Pleno del Ayuntamiento del 28 de marzo se aprobó el nuevo modelo a aplicar a partir del 1-enero-2026. Sin embargo, antes de que haya entrado en vigor, en el Pleno de hoy, se aprueba su modificación. Ya veremos si, como dice el Sr. Saavedra, el recibo baja o por el contrario sube. Me temo lo peor.
Contrato de transporte urbano público
Se trata de otro contrato de alto coste (unos 50 millones anuales) y larguísima duración. Data de 1962. Otra eternidad. Por tanto su vigencia se alarga ya durante 63 años. Pues bien, igual que con el de recogida de residuos el Ayuntamiento también llega tarde para realizar la nueva licitación. Igual que hizo con aquel contrato, en 2015, el PP también amplió este contrato por diez años más.
El contrato venció el 24-septiembre-2022, por tanto lleva ya más de tres años de prórroga forzosa. También con vulneración de la ley de contratos y del principio de libre competencia. Pero resulta que a estas alturas ni siquiera se ha puesto en marcha el procedimiento para una nueva licitación del servicio, por lo tanto aún queda mucho tiempo por delante de prórroga forzada.
Una empresa, Transportes Rober (ahora en manos de ALSA), ejecuta un contrato y obtiene unos beneficios que ya no deberían corresponderle, salvo que hubiese concurrido a una nueva licitación y la hubiera ganado en buena lid. A otras empresas, que pudieran haber estado interesadas en un contrato de este tipo, se les ha vulnerado su derecho a concurrir. Y, por supuesto, la ciudad de Granada sufre las consecuencias de otro “contrato obsoleto”, que no está a la altura de sus necesidades porque no está adaptado a las nuevas realidades, a pagar sobrecostes y porque ni siquiera se cumplen sus viejas cláusulas, soportando autobuses con más de 20 años, circulando por una ciudad que se supone pretende reducir las emisiones contaminantes, cuando el contrato prohibe que los autobuses sobrepasen los 12 años de antigüedad.
Otros contratos
También se ha llegado tarde a renovar las licitaciones en otros contratos. Así ha sucedido con el de Mantenimiento de Jardines (9,5 millones/año) o el de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales (5 millones/año).
Sin duda todo esto es inexplicable e inaceptable. Un auténtico disparate. Todo lo contrario a eficacia o buena gestión. Sólo se me ocurre pensar en términos como negligencia e irresponsabilidad.
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