sábado 17 abril
Opinión  |   |

Que las palabras den paso a los hechos

Columna Salvador Soler

La reciente declaración de Granada como ciudad libre de desahucios no es un texto hueco, al uso instrumental político del partido de turno que, temporalmente, gobierna el municipio. En ella va el esfuerzo de familias que, siendo deudores de buena fe (nunca pensaron dejar de pagar la cuota hipotecaria), se encontraron de bruces con una crisis provocada por los intereses más especulativos de lo que el sistema llama “mercado”,el mismo que defienden los partidos tradicionales que han venido conformando los sucesivos gobiernos que hemos conocido y que prestos han legislado a favor de la banca para lanzar a las personas de sus viviendas, como parte de los servicios que deben prestar por estar hipotecados con las entidades bancarias.

Por tanto, la declaración no es una formalidad, sino algo que debe ser puesto en practica con la participación del movimiento ciudadano Stop Desahucios que ha hecho frente, con éxito, al abuso de derecho en la ejecución hipotecaria. No se trata de sacar rédito político o ventaja oportunista y electoral, se trata de compromiso político real.

La política de vivienda, junto a su dimensión estrictamente económica, debe tener un señalado acento social, en atención al principio rector que establece el artículo 47 de la Constitución española, siendo así que uno y otro aspecto -el económico y el social- se revelan difícilmente separables. Dicho precepto no constituye por sí mismo un título competencial autónomo en favor del Estado, sino un mandato o directriz constitucional que ha de informar la actuación de todos los poderes públicos (art. 53 CE), en el ejercicio de sus respectivas competencias.

El derecho a una vivienda digna es consustancial con el derecho a mantener la vivienda y es de esto de lo que precisamente el Estado y sus Instituciones se han desentendido, a la vez que han ignorado las soluciones deprotección a todas aquellas familias que se ven impedidas para conservar un elemento básico ante el exceso de las entidades financieras, más cuando estas han provocado la despiadada crisis económica que estamos padeciendo y que  ha hecho perder masivamente otro derecho fundamental, el derecho a tener un trabajo digno.

El negocio es redondo, los especuladores financieros provocan la crisis económica, con ello la pérdida del empleo, situando a la economía familiar en quiebra, quedándose con su principal patrimonio; la vivienda,como forma de seguir “ganando” dinero tras la explosión de la burbuja inmobiliaria. Las personas endeudadas de por vida en una suerte de defunción civil, es lo que se denomina “el muerto vivo”: Todos los ingresos que se consiguen es para pagar la deuda al banco, las consecuencias ya las conocemos; la economía granadina que está bajo tierra supera el 30%.

La declaración requiere una materialización de una serie de medidas, por un lado, la suspensión de los desahucios en el parque público de viviendas; la elaboración de un censo de viviendas de titularidad municipal estableciendo un régimen de alquiler social favoreciendo el acceso a la vivienda digna a las personas que hayan sido objeto de un desahucio; la preparación de un convenio de colaboración con la Sareb y entidades privadas para el establecimiento de programas municipales de alquiler y/o cesión de viviendas, todo ello en referencia a familias y personas en riesgo de exclusión social. Establecer en la normativa municipal que no se cortarán los suministros mínimos (luz y agua). Y, por otro, no cooperar con aquellas entidades que no propicien una segunda oportunidad a las familias para reestructurar la deuda, ampliando plazos y/o realizando quitas en la finalidad de mantener la vivienda familiar por las familias afectadas. Son medidas sencillas, de bajo coste. Que las palabras dejen paso a los hechos.

Salvador Soler García
Abogado y colaborador de Stop Desahucios y de Ahora Sí

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