miércoles 14 abril
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Quiero un scalextric

miguel-martin-velazquez

Les juro que no me he vuelto loco. Ni sufro un proceso de regresión infantil. Es lo que me sugiere la polémica en torno al colapso de tráfico en los accesos al centro comercial Nevada y el Parque Tecnológico de la Salud (PTS).

Estamos ya acostumbrados a que, a menudo de forma interesada, se desenfoquen los problemas públicos. A nuestros gestores les encanta aparecer como supuestos salvadores beatíficos de problemas sobre los que pretenden dar a entender que “han caído del cielo”, disimulando que por el contrario tienen causa y responsables, por acción y omisión.

Resulta lamentable escuchar a políticos del PP reclamar a la Junta de Andalucía nuevos viales que resuelvan el caos circulatorio generado ya o por agravar cuando se ponga en marcha el centro comercial. O al ayuntamiento de Armilla promover deprisa y corriendo convenios urbanísticos y/o expropiaciones para generar viales que traten al menos de paliar el desastre. Y reclamando a la Junta la construcción de un nuevo paso inferior a la autovía.

Pero el colapso de tráfico en el nudo de Armilla no es una plaga o una desgracia huérfana de responsables. Y que las responsabilidades puedan ser corales no resta gravedad al daño causado a los vecinos de la capital y el área metropolitana.

Ni el centro comercial Nevada ni el PTS han crecido como setas de la noche a la mañana. Ambos son fruto de unos proyectos de promotores privados o públicos. Y estos proyectos se supone que se han planificado con diversos estudios sobre objetivos, espacios necesarios, cálculos de costes y beneficios… Y en ambos casos se supone que se tuvieron en cuenta los usuarios potenciales, porque sin ellos no hay rentabilidad ni económica, en el caso del centro comercial, ni social, en el caso del PTS.

Un centro comercial, como mínimo megalómano, y un PTS con un gran hospital, las facultades de Medicina y Ciencias de la Salud, además de otras empresas y centros, era seguro que moverían a diario a miles de personas que necesitan espacios, vías de comunicación, medios de transporte público, aparcamientos…

Ambos proyectos requerían de planes urbanísticos, porque ocupan gran superficie de terreno e implican la necesidad de redes de comunicaciones y dotaciones suficientes, que deben ser planificados con carácter previo a sus autorizaciones.

Dicen nuestras leyes que entre los fines de la actividad urbanística están los de “subordinar los usos del suelo al interés general” o “garantizar la adecuada dotación y equipamientos urbanos”… o que entre los gastos de urbanización que deben correr “a cargo de los propietarios” se incluyen las “obras de infraestructura y servicios exteriores que sean precisas para la conexión adecuada de las redes de la unidad a las redes generales municipales o supramunicipales”.... Siempre bajo los principios de “justa distribución de beneficios y cargas” y de “asegurar la adecuada participación de la comunidad en las plusvalías que se generen pro la acción urbanística”.

En la aprobación del planeamiento urbanístico participan los ayuntamientos (Granada y Armilla), que aprueban inicial y provisionalmente los planes urbanísticos, y también la Junta de Andalucía, que da la aprobación definitiva. También tiene que emitir informes vinculantes el Ministerio de Fomento, en cuanto a la afección a las carreteras de su competencia. Por tanto, del fracaso de ese planeamiento deben hacerse responsables todas las administraciones que intervinieron, o debían haberlo hecho, para que el resultado hubiese sido satisfactorio.

En este caso es evidente que han fallado clamorosamente los gestores de ese planeamiento urbanístico. Pero ahora, lejos de asumir sus reponsabilidades, pretenden que seamos los sufridos vecinos los que carguemos con sus errores, primero como sufrientes víctimas, y después como paganos de los costes económicos que conlleva tratar de paliar tantos desmanes. Y mientras, los beneficios se los llevan otros.

Miguel Martín Velázquez
Colaborador de Ahora Sí

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