Sentido común
El Partido Popular está pasando un momento difícil. Feijoo, cuestionado por Ayuso, no despega en las encuestas a pesar de años de oposición, no consigue diferenciarse de un Vox que sigue creciendo, no sabe qué decir de Trump y, para colmo, sigue sufriendo la vergüenza de los últimos días de Mazón al frente del gobierno valenciano.
Se trata de un desgaste enorme para un partido que no para de hablar de la fragilidad del gobierno. Una fragilidad que es continuamente desmentida por los parámetros que miden el éxito político en cualquier país moderno: el crecimiento del PIB, la reducción de la deuda pública, la tasa de paro más baja de la historia o la mejora de prestaciones sociales fundamentales como el salario mínimo interprofesional.
La gestión del gobierno está erosionando las expectativas del PP y, aunque es normal que quieran ser duros con su adversario, hay una línea roja que la oposición nunca puede sobrepasar: hacer daño a la ciudadanía para hacer daño al gobierno.
Por desgracia, no dejamos de ver ejemplos de cómo el PP ataca los intereses de los ciudadanos y ciudadanas si con eso debilita al gobierno. Ya lo hizo bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial durante cinco años, impidiendo el nombramiento de jueces y tribunales y sembrando dudas en la Unión Europea sobre la imparcialidad de la justicia española.
Ahora está obstaculizando la aplicación de la ley estatal de vivienda -solo porque viene de Pedro Sánchez- a pesar de que afecta al problema principal del país en la actualidad y de que contiene propuestas de puro sentido común como limitar el precio de los alquileres en las zonas de las ciudades que están más tensionadas. Moreno Bonilla tampoco duda en castigar a los andaluces cuando hace falta.
El PP también se negó a ratificar la famosa Ley Ómnibus a pesar de que eso suponía eliminar las subvenciones al transporte público, impedía revalorizar las pensiones e incluso paralizaba las ayudas a los afectados por la DANA.
El último episodio de este esperpento viene con la negativa a aceptar la condonación parcial de las deudas que tienen las comunidades autónomas, una medida carente de connotaciones ideológicas y que mejoraría directamente la prestación de los servicios públicos que reciben millones de personas. Estaríamos hablando de la mitad de la deuda actual de Andalucía y de la quinta parte de la que tiene Cataluña. Un enorme volumen de recursos al que están dispuestos a renunciar con tal de llevar la contraria al gobierno.
El problema no es que el PP no actúe como un partido de Estado, una esperanza que perdimos hace tiempo, es que su labor de oposición nos está haciendo daño. Atrapado en sus casos de corrupción, en el débil liderazgo de Feijoo y en su escoramiento hacia la derecha empujado por Vox, el PP nos deja una oposición parlamentaria incapaz de ser alternativa y que acude continuamente a la política de tierra quemada.
Ahora que miran a Alemania los nostálgicos de la “gran coalición”, quizás convendría recordar que, lo último que harían la CDU o el SPD, sería votar en contra de una medida que beneficie al conjunto de los alemanes. Sería su final. Muy distinto de esta España nuestra que todavía cree que el patriotismo consiste en una pulserita de colores.
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