Soltar amarras
La crisis económica que empezó en 2007 ha afectado sobre manera a la economía granadina, donde las familias y las personas han visto precarizados sus contratos de trabajo y salarios, profundizándose en la brecha salarial, con el agravante, además, de que un 30% de la población granadina, según datos del INE está en riesgo de exclusión social. Por tanto, es imprescindible cuestionar los factores de crecimiento que han dominado el discurso y las prácticas en el desarrollo económico local, que si en algo ha destacado ha sido en la orientación mercantilista del presupuesto municipal con anulación de la inversión pública, pues el objetivo ha sido favorecer al sector financiero situándolo en el centro de la atención económica, de ahí que los principales contratos públicos sobre servicios públicos que tienen gran calado económico (Ayuntamiento y Diputación de Granada) tienen como contratistas finalistas a las grandes corporaciones participadas por las grandes entidades bancarias, lo que ha conllevado comprometer al servicio público por muchos años, sin que el beneficio repercuta en la ciudad y sus gentes.
Tal situación exige implantar nuevas y solventes estrategias de viabilidad económica y social que han sido o ignoradas o menospreciadas, especialmente en lo relativo a establecer proyectos especializados que pongan en relación y en común los recursos de la economía local, integrando al Área Metropolitana. Granada debe ejercer como capital integradora de la Metrópoli.
En ese objetivo de cambio real que proponemos, tiene como premisa “soltar amarras” respecto del “poder sevillano”, que ha concentrado el dominio de los recursos y control de la riqueza a la que ha dado una distribución clientelar de la misma y, que si ha llegado a ese nivel es por la sumisión de los que hasta ahora han representado a la ciudad a ese mando.
Por otro lado, debemos atender el “desarrollo económico” generado por los beneficios especulativos generados por la urbanización del suelo, destinado tanto a viviendas como a actividades económicas que, a menudo, eran poco realistas con las características sociodemográficas y productivas de la ciudad que, si algo ha provocado es un despendolado crecimiento urbanístico favorecido por los distintos gobiernos locales de Granada y que no ha repercutido en favor de la ciudad, aunque sí al procesamiento de casi todo el grupo municipal del Partido Popular, si bien y por desgracia, el daño está hecho y es irreversible, sirva también como ejemplo lo que se ha conocido como “Caso Nevada”, cuyo coste ahora recae sobre los granadinos y por ende a los andaluces por una descomunal negligencia del gobierno andaluz.
En el ámbito de los barrios de Granada, se ha observado con facilidad la política de parche y abandono, como ocurre en el distrito norte de la ciudad, donde los servicios públicos son de baja densidad, dejando a su suerte a miles de vecinos que se ven obligados a convivir en situación de vecindad con el abuso de derecho que desarrollan las compañías eléctricas y lo que es peor, con el uso indebido de numerosas viviendas como cultivos de marihuana, sin que se atisbe solución alguna.
Por lo que respecta a los centros históricos de Granada (por ejemplo, el Albaicín), vemos que se ha sido promocionado como una suerte de urbanismo expansivo, que los han degradado en la finalidad de expulsar a la población autóctona, con elevación simultánea del valor inmobiliario, claramente especulativo y sin control público sobre el potencial turístico, de nuevo el mercantilismo preside la relación.
Aún, en este escenario de crisis crónica de la economía local, con sujeción a la disciplina presupuestaria de operar sin déficit y que ha supuesto la disminución repentina de ingresos que han limitado la capacidad de respuesta del Ayuntamiento de Granada, al que se le ha negado hasta la provisión de servicios, pretendemos construir un proyecto de ciudad viable y solvente que, con base en los recursos que la ciudad tiene, como son, el Conocimiento (I+D+i, Universidad), el buen empresariado granadino, la Vega y el Área Metropolitana, el desarrollo sostenible del turismo no mercantilizado, la cultura, nuestro patrimonio histórico, nuestros recursos naturales y los cuidados, todo vinculado a un gobierno saludable, transparente y con presupuestos participativos, contribuyendo, así mismo, a erradicar de raíz la corrupción, estableciendo los mejores cauces para ir recuperando la gestión de los servicios públicos municipales.
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