miércoles 27 enero
Opinión  |   |

Sr. Alcalde

Hace unos meses, tras una interpelación realizada en sede del Parlamento Europeo en relación a la especial y dramática situación que padece el Distrito Norte, la comisaria de Energía manifestó que, aun cuando no disponía de información suficiente, todo apuntaba a que una causa principal de los cortes de luz, según la Fiscalía Superior, es la problemática de los cultivos de marihuana. La legislación comunitaria confiere a la autoridad del Estado miembro la responsabilidad y la facultad de "controlar la seguridad y la fiabilidad de la calidad del servicio, imponer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias a las empresas eléctricas que no cumplan las obligaciones", y de conformidad con las normas del Derecho nacional o comunitario presentar al tribunal competente el asunto en cuestión a los efectos de impedir la vulneración de derechos fundamentales y, en el caso de una autoridad gubernativa, por ejemplo, el Ayuntamiento de Granada, que además, debe favorecer el acceso o permanencia en una vivienda adecuada, lo que es consustancial con los instrumentos internacionales incluidos la Declaración de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Es sabido que varias entidades bancarias se han adjudicado por mor de los procesos de ejecución hipotecaria un amplio parque de viviendas en el Distrito Norte que, seguidamente han sido vendidas a los conocidos como fuentes buitre que, a su vez, rechazan continuar con los arrendamientos sociales vigentes en los citados domicilios o no han respetado el acuerdo para formalizar contratos de alquiler social que había con las familias que residían en dichos inmuebles, instando procedimientos de desahucio como si se trataran de ocupas u ocupantes desconocidos, cuando en la realidad, lo que ocurre, es que en esas viviendas ya venían residiendo familias con hijos menores y/o personas en situación de dependencia, todo ello, con conocimiento y consentimiento de la entidad bancaria y/o la inmobiliaria vinculada a dicha entidad.

En el Distrito Norte se está viviendo una fuerte actividad de los fondos de inversión para lanzar de las viviendas a dichas familias, a las que niegan la continuidad o el acceso a las mismas mediante la fórmula de alquiler social, pues se trata de personas en situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social, cuando los desahucios, teóricamente, según el Ministro de Fomento, están prohibidos. Sin embargo, parece preferir, por el contrario, la venta de esos hogares que luego, llama la atención, son utilizados para usos ilícitos, en concreto, el cultivo ilegal de marihuana que trae como resultado el corte del suministro eléctrico por sobrecarga de la instalación, según se ha reiterado una y mil veces por ENDESA y corrobora el alcalde, Luis Salvador, que afirma categóricamente que "la marihuana es el problema" apuntando directamente a las mafias que operan en el Distrito Norte de Granada, donde hemos conocido que la Policía Nacional ha desmantelado varias plantaciones de marihuana ubicadas en esas viviendas perfectamente habilitadas para el cultivo a gran escala de cannavis sativa. Curiosamente, no consta que en esas viviendas se haya iniciado proceso judicial alguno por ocupación de las mismas. Es un dato objetivo.

Llevado lo anterior al momento actual y puesto todo ello en relación con la vorágine desahuciadora de los fondos de inversión y/o entidades bancarias en el Distrito Norte. La autoridad local debe ser coherente con su propia responsabilidad y está obligada a establecer medidas de protección de los menores que es de naturaleza superior, de orden público y constitucional, de esto, no puede inhibirse el Ayuntamiento de Granada, menos aún, si no hay una alternativa habitacional adecuada y digna, con base a la Ley de Protección Jurídica del Menor y la Convención sobre Derechos del Niño, así como, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, doctrina acogida por nuestra Audiencia Provincial que frente a un Auto que acordaba el desahucio de una familia donde hay menores, decreta que, sin perjuicio de que se cumpla la resolución judicial, lo que procede es no “poner en peligro asistencial la salud y derechos, al menos de los menores identificados en las actuaciones”.

A la ciudad de Granada, a su economía local, interés social y laboral le interesa más que estas familias tengan un techo, que paguen un alquiler social, en vez que estén en la calle en plena pandemia, lo que ayudará a mejorar la calidad de vida en el Barrio Norte. Es de una lógica aplastante. Se trata de una decisión política, esto es, buscar un acuerdo institucional con el sector privado. Sería lo coherente, o no, Sr. Alcalde.

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Columnista
Salvador Soler

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