viernes 21 enero
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Triunfalismo y realidad

Acaba de publicarse en el BOE el Real Decreto Ley de reforma laboral, que convierte en normas el acuerdo firmado entre gobierno, empresarios y sindicatos tras nueve meses de negociación.

Lo primero que llama la atención es el larguísimo preámbulo (16 páginas sobre 54). Parece que se quiere hacer un esfuerzo explicativo para enmarcar el contenido de esta norma. El texto comienza reconociendo lo evidente, que esta es la última de un largo rosario de reformas y que ninguna de ellas ha sido capaz de resolver los principales problemas de nuestro mercado laboral, el desempleo, la temporalidad y la precariedad. Corregir esta situación sería el objetivo confesado de esta nueva reforma.

La anterior, realizada en 2012 por M. Rajoy y Fátima Báñez, decía que su objetivo era la creación de puestos de trabajo, fomentar la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo, especialmente de los jóvenes. La realidad fue otra. El desempleo siguió en los niveles más altos de la UE, la temporalidad y la rotación en los puestos de trabajo se convirtió en la norma y el desempleo juvenil marcó récords. Realmente el objetivo inconfeso pero principal de aquella reforma no fue otro que reducir los salarios, devaluar al país ya que no se podía devaluar la moneda. La consecuencia, un aumento enorme de la desigualdad y la demoledora materialización de que tener trabajo no evita ser pobre.

Los discursos y los objetivos proclamados deben valorarse a la luz de la realidad. El tiempo y los datos serán quienes muestren si se cumplen o no. Precisamente el principal debate de estos meses ha sido si esta reforma implicaría o no la derogación completa de la anterior. Han sido muchas las contradicciones que hemos percibido en las promesas y las declaraciones. Es patente que no ha habido una derogación formal y completa de la reforma laboral del PP. Aunque también lo es que sí se produce un cambio de orientación muy importante en la regulación de las relaciones laborales y que por primera vez en muchos años una modificación legal se hace a favor de recuperar derechos.

Como prefiero el análisis razonado de las cosas antes que ver la realidad exclusivamente a través de la propaganda, no puedo compartir el triunfalismo de algunos mensajes políticos respecto a esta reforma, pero tampoco aceptar el tono derrotista de otros.

Entiendo que la reforma afronta dos de los principales problemas. El de la temporalidad, limitando las posibilidades de ese tipo de contratos y por tanto de los innumerables abusos actuales. Y el de la negociación colectiva, recuperando derechos y garantías. Si ambas líneas cumplen sus objetivos el futuro debe ir hacia una menor temporalidad y precariedad en el empleo y a la recuperación o al menos reequilibrio del poder adquisitivo de los salarios. No se trata de temas menores precisamente.

Para le eficacia de esta reforma es también necesario que los organismos encargados de hacer cumplir las leyes ejerzan sus competencias con la mayor eficiencia. La Inspección de Trabajo y la Seguridad Social deben vigilar y sancionar los incumplimientos, fraudes y abusos que se puedan producir.

Es evidente que se han quedado cosas atrás. Por eso no habría que dar por cerrada la reforma. En unos tiempos tan aceleradamente cambiantes hay que evaluar de manera constante la evolución del mercado laboral y la realidad social para ir adoptando nuevas decisiones y no conformarse con lo aprobado. Se gobierna para cambiar las cosas y mejorar la vida de la gente. Pero no sólo con deseos sino con propuestas y con mayorías que hay que construir, mediante la escucha, el diálogo y el convencimiento.

En este caso se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, según se ponga el foco en los aspectos más positivos de la reforma o en lo que falta. En política, como en la vida, no hay blanco ni negro, bueno o malo perfectos. La realidad siempre es más compleja.

Si analizamos causas, efectos, realidades y posibilidades mi conclusión es que se ha dado un paso muy importante para revertir 30 años de legislación recortadora de derechos laborales. Los efectos reales habrá que verlos a medio plazo, en cuanto a si realmente se reducen la temporalidad, la precariedad y las pérdidas de poder adquisitivo de los trabajadores, que al fin y al cabo fue el principal objetivo de la reforma del PP, además de debilitar la capacidad y la fuerza negociadora de la representación sindical.

Si el PP aprobó su reforma sin diálogo social, me parece muy relevante que ahora se haya apostado por la incorporación de sindicatos y empresarios. En este caso a pesar del clima de crispación que las derechas aplican día a día y la presión que ejercen sobre la propia CEOE para que se descuelgue de cualquier consenso. Esto lógicamente implica hacer algunas cesiones pero a cambio mejora el diálogo social y rompe el discurso de Casado y Abascal. Aunque será improbable que vayan a cambiar su estrategia.

Las presiones de la UE y la tibieza de Pedro Sánchez y su ministra principal, Calviño, seguramente han dificultado ir más lejos. Pero ¿alguien duda de que sin Unidas Podemos y sin Yolanda Díaz en el gobierno esta reforma sería bastante peor?. Esta realidad debe ser reconocida.

La cuestión es que hay que seguir trabajando para mejorar. Y eso se hace sumando apoyos, de forma que se pueda cambiar a mejor la correlación de fuerzas en el futuro. Además, por supuesto, de una mayor movilización ciudadana y de los trabajadores para la defensa de los derechos.

Por tanto, ni triunfalismo ni decepción. Realidad y seguir trabajando.

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Columnista
Miguel Martín Velázquez

Asesor del grupo municipal de Podemos-IU en el Ayuntamiento de Granada

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