Una Policía Local Democrática y Constitucional
La Policía Local es la institución más cercana a la ciudadanía, el primer eslabón en la cadena de seguridad que garantiza nuestra convivencia. Sin embargo, su papel no se limita a sancionar infracciones de tráfico o velar por el orden público de forma aséptica. Su labor debe estar imbuida de un profundo sentido democrático y constitucional. Por ello, es imperativo avanzar hacia una democratización ideológica real de estos cuerpos, formándolos para ser guardianes activos de los valores de la Carta Magna, no solo de su letra.
Esta necesaria transformación pasa por una formación obligatoria y continua en pilares esenciales: la Constitución española en toda su dimensión de derechos y libertades, los derechos humanos, el feminismo y la igualdad de género, la diversidad y plurinacionalidad de nuestro Estado, los estatutos de autonomía, y los derechos de la inmigración. Se trata de comprender las causas estructurales de la desigualdad —social, de género, territorial— para poder actuar con la empatía y justeza que exige un servicio público moderno.
Para que este compromiso trascienda lo teórico y se concrete en una auténtica cultura institucional municipal, es fundamental, no solo basta con una formación constitucional en el cuerpo policial, sino que los ascensos y nombramientos para puestos de mando queden condicionados a la acreditación de dos dimensiones esenciales e indivisibles: la demostración sólida de los conocimientos en materia constitucional y de derechos humanos, y la evaluación de una trayectoria profesional impecable en el ejercicio democrático de la función policial. Esto implica valorar de manera preferente, en los procesos de promoción interna, a aquellos y aquellas agentes cuya actuación cotidiana refleje de manera constante los valores y principios de la Constitución, la ética pública y el respeto a los derechos fundamentales. Para el mando policial, este principio se materializaría exigiendo la acreditación de una formación especializada en derechos humanos y ciudadanía.
No se trata, en absoluto, de una cuestión presupuestaria, sino de una decisión de voluntad política orientada a blindar la esencia democrática de una institución fundamental. El coste de esta medida es irrelevante cuando se compara con el riesgo estratégico que supone permitir la penetración de ideologías fascistas y antidemocráticas en el seno de las fuerzas de seguridad. Se busca, en definitiva, promover y reconocer a los y las agentes que encarnan con integridad el perfil de un servicio público moderno, legitimado por su adhesión inquebrantable a la ley y a los valores de la convivencia.
Un ejemplo flagrante de por qué esta medida es crucial son los reiterados accesos ilegales al sistema VioGén. Este sistema, diseñado para salvar la vida de mujeres víctimas de violencia de género, es la materialización del artículo 15 de la Constitución (derecho a la vida y a la integridad física). Cuando un agente lo vulnera por motivos espurios, no solo comete un delito; traiciona la esencia de su función constitucional. Demuestra una falta absoluta de la formación constitucional y de respeto a valores democráticos y, de género vigentes en nuestro ordenamiento jurídico.
Es previsible la reacción. La derecha en bloque se opondrá, arguyendo que las oposiciones ya son suficientes, ignorando que aprobar un examen no garantiza una praxis democrática. El PSOE, probablemente, actuará con posible temor, condicionado por el corporativismo radical de algunos sindicatos policiales, pero ajenos a esta necesaria formación en valores constitucionales. Mientras, algunos medios acusarán a la izquierda de señalar a todo el cuerpo, cuando en realidad se busca fortalecerlo y dotarlo de la mayor legitimidad social.
El objetivo no es criminalizar, sino profesionalizar y blindar en democracia. Se trata de asegurar que quien ostente la autoridad y porte una placa sea el mejor garante de los derechos de toda la ciudadanía, sin exclusiones. Una Policía Local profundamente democrática no es una amenaza, sino la mejor vacuna contra los autoritarismos y la desconfianza. Es, en definitiva, una condición indispensable para la dignidad de nuestra vida en común.
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