“Vamos a avanzar, vamos a caminar por esa calle, yo el primero”
Lo ocurrido el pasado día 16 de abril en la Plaza de las Pasiegas de Granada durante el acto preelectoral de VOX no admite ser reducido a una anécdota más del habitual clima de confrontación que esa formación política viene desarrollando.
Según los hechos presentados ante las autoridades competentes, Granada fue testigo de una escalada preocupante. Un acto político preelectoral de VOX que, en cuestión de segundos, transitó desde la arenga electoral hasta el avance organizado, y del avance hasta la confrontación física. La descripción que ofrecen los hechos dibuja una secuencia especialmente inquietante: personas ejerciendo su derecho a protesta pacífica, un dirigente político, Santiago Abascal Conde, pronunciando expresiones con claros componentes performativos, en concreto dijo: “vamos a avanzar…vamos a caminar por esa calle, yo el primero”, un servicio de orden presuntamente vinculado al acto que se desplaza hacia quienes discrepaban pacíficamente, y una posterior carga por parte de ese supuesto servicio de orden en un contexto de máxima tensión.
Lo relevante no es únicamente la materialidad de lo ocurrido, sino aquello que simboliza. La democracia exige, como condición de posibilidad, la aceptación de la existencia legítima del adversario, de su derecho a discrepar, a protestar pacíficamente y a ocupar el espacio público, sin ser tratado como un enemigo al que es necesario expulsar.
El problema adquiere dimensiones sistémicas cuando una formación política deja de interpretar la protesta pacífica como una expresión legítima del pluralismo para comenzar a concebirla como un obstáculo que debe ser apartado físicamente para que la palabra propia pueda ser escuchada. En ese punto, lo que se provoca es un deterioro de las reglas elementales de la convivencia democrática.
Aún más grave resulta la composición y actuación del servicio de orden del acto preelectoral de VOX. Tras la arenga de Santiago Abascal varios de sus integrantes que portaban porras extensibles, objeto cuya tenencia no está permitida a particulares, nos hallaríamos ante un salto cualitativo intolerable. Un acto político, en democracia, no puede rodearse de una lógica de fuerza, ni siquiera de forma indirecta o preventiva. Y si además resulta que dicho dispositivo actuó bajo una presunta dinámica organizada de intimidación y confrontación, la cuestión dejaría de ser una disputa sobre estilos o imágenes políticas para convertirse en una cuestión institucional de primer orden.
Las posibles responsabilidades que se derivan de estos hechos desbordan el ámbito estrictamente penal. La Fiscalía Provincial deberá determinar si concurren elementos constitutivos de coacciones, lesiones, desórdenes públicos o porte de armas prohibidas. La Junta Electoral de Zona, por su parte, tendrá que valorar si los hechos han lesionado las condiciones de libertad política, pluralismo e igualdad que deben presidir cualquier proceso electoral.
Sin embargo, incluso antes de que se produzcan esas respuestas jurídicas, existe una verdad política que resulta difícil de eludir: cuando el discurso desde la tribuna se convierte en el detonante de una carga, la política deja de ser un espacio de persuasión para comenzar a parecerse peligrosamente a un ejercicio de imposición por la fuerza.
Lo que se dirime en estos momentos en Granada no es únicamente la depuración administrativa y judicial de unos hechos concretos. Lo que está sobre la mesa es si como sociedad se puede aceptar —tácita o explícitamente— que la campaña electoral se transforme en una competición de cerco e intimidación. Si ese escenario se normaliza, el daño será mucho más profundo que cualquier expediente sancionador o diligencia judicial. Porque una democracia no se degrada solo cuando se vulneran formalmente las leyes. También se degrada —y de forma más insidiosa— cuando la fuerza comienza a ocupar sistemáticamente el lugar que corresponde a la palabra.
Lo sucedido en Plaza de las Pasiegas no debe ser minimizado. No se trata de una anécdota desagradable ni de un exceso menor en el contexto de una campaña electoral tensa. Se trata de una línea roja. La protesta pacífica no puede convertirse en el pretexto para la carga. La discrepancia política no puede ser tratada como una provocación que justifica la respuesta física. Y ningún dirigente político debería pronunciar palabras que, por su contexto y por sus efectos previsibles, puedan actuar como combustible de una confrontación violenta.
Granada, es una ciudad que ha sabido construir a lo largo de su historia espacios ejemplares de convivencia política y social, merece algo mejor que una política de tribuna, choque y exhibición de fuerza. Merece democracia de verdad.
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