Violencia de género
Tiempo atrás, ONU Mujeres advertía “sobre el error habitual de considerar la expresión "violencia de género" como sinónimo de la expresión "violencia contra la mujer", señalando que el concepto de violencia de género es más amplio y tiene como fin destacar la dimensión de género en la subordinación de la mujer en la sociedad y su vulnerabilidad frente a la violencia, que es dirigida contra cualquier persona que no respete los roles que una sociedad determinada le impone a hombres y mujeres, razón por la cual también hombres y niños pueden ser víctimas de la violencia de género, especialmente de la violencia sexual” (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, un.org/womwnwatch, s/f.).
Este “aviso a navegantes” entiendo que estaba especialmente dirigido a determinados países que, por razones indiscutibles, habían centrado sus actuaciones en la creciente y desmesurada violencia contra las mujeres, dejando retrasadas, aunque no olvidadas, las necesarias intervenciones para el resto de los colectivos también desprotegidos.
En este sentido, a mi modo de ver, y en el caso concreto de las personas con capacidades diferentes, aunque se habla de dar soluciones a las familias, se legisla desde la lejanía y sin profundizar –no hay más que revisar las listas de espera para las atenciones sociales, educativas y médicas inmediatas; la maraña burocrática que conlleva cualquier necesidad inaplazable; la falta de recursos que, en gran parte y dicho sea de paso, se pierden en una estructura mastodóntica–.
Las administraciones deberían dar una respuesta más ágil y completa a las entidades que, ocupando este vacío al que me refiero, dan contestación especializada y de calidad –residencias, unidades de día, talleres ocupacionales...–, empeñándose en cubrir las necesidades de la plena inclusión.
Y como paso previo –aunque, repito, no único, sino coordinado con el diario vivir comentado– afrontar la adecuación lingüística de todos los términos utilizados de forma indistinta sobre el tema principal de estas líneas; la también necesidad urgente de adecuación y unificación de la normativa (internacional, estatal, autonómica y local), en busca de criterios únicos a la hora de actuar contra la violencia de género; la imprescindible formación de todos los sectores oficiales y/o privados implicados en esta lucha; la atención especial al desarrollo de las acciones de los poderes ejecutivo, legislativo y/o judicial en esta materia; y la información directa a todos los ciudadanos, a través de los medios de comunicación –impresos, electrónicos, etc.–, o de cualquier otro medio, evitando siempre las denominadas “falsas noticias”, sobre los avances que se vayan consiguiendo.
En definitiva, poner a las personas en el centro de las políticas, haciendo una profunda reflexión sobre si las soluciones ofertadas hasta ahora son realmente válidas para el desarrollo integral de los colectivos implicados sin discriminación alguna.
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