miércoles 19 febrero
Opinión  |   |

Y el daño, quién y cómo se repara

Hoy es de justicia hacer alusión al procedimiento de lawfare contra Podemos, conocido como “caso Neurona” que, se sustanció, a sabiendas de su inconsistencia por una presunta contratación de una empresa de consultoría mexicana como asesora para las elecciones de 2019.

La delación falsa tuvo su origen en unas declaraciones hechas por un abogado que trabajó para la formación morada y que esta despidió. Calvente que, así se llama el letrado, dio una entrevista a uno de los medios presuntamente implicados en la guerra sucia contra Podemos, en concreto a 'El Mundo', cuyo jefe de redacción, Fernando Lázaro es de los que participan en la conspiración contra Podemos junto con el que fue secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, del PP. En los mensajes que se intercambian, Lázaro dice a Martínez, que se publicará en la portada a tres columnas por abajo que “la fundación afín a Podemos rastreaba la prensa para Chávez” y el segundo pregunta ¿Cuándo atacas?”. El “lunes”, responde el supuesto periodista, y el titular será “¿Algo así como, la fundación de Podemos asesora a Venezuela contra las informaciones de la prensa española? “Eso está muy bien”, contestó aplaudiendo al acusado Martínez. Este, además, ha sido imputado ahora por su presunta participación en el espionaje a Podemos.

En la citada entrevista, Calvente, acusó a Podemos de varios delitos sin aportar prueba alguna, si bien, sí sirvió para que el juez Escalonilla le tomara declaración en la que a preguntas del magistrado respondía de tal guisa: “se rumorea, se rumorea en el partido", "es lo que me dicen que está pasando, yo no lo he visto" o la famosa "son comentarios y rumorología a nivel de militancia". El juez Escalonilla en los tres años que ha tenido abierta la causa prospectiva no solo ha sido incapaz de identificar la autoría de esos rumores. Es que llegó a inventarse una ‘caja B’, lo que tuvo gran repercusión mediática. También consideró delito que unas compañeras de trabajo de Irene Montero cogieran en brazos a los hijos de esta. Eso, según Su Señoría, era utilizar ilícitamente a personal del Ministerio como niñeras. También imputó a dirigentes de Podemos por cobrar sobresueldos. Así 1095 días y cada día, mañana, tarde y noche en las tertulias de las cloacas.

Con todo y cubierto el objetivo de debilitar a Podemos, no tuvo por más que archivar el procedimiento. En la operación “matar a Podemos”, han participado sectores judiciales, policiales, falsos y/o corruptos periodistas, miembros del gobierno de PP, VOX, la progresía mediática y política, incluido PSOE y SUMAR y, la cloaca parapolicial del Ministerio de Interior cuando gobernaba el Partido Popular.

Finalmente, la Audiencia Provincial de Madrid cierra el asunto tras rechazar el recurso de los franquistas de VOX (se cree el ladrón que todos son de su condición). Para ello ha necesitado casi un año, en lo obvio. Neurona es una de las 30 causas judiciales falsas abiertas contra Podemos, todas igualmente archivadas. El daño producido ha sido tremendo, irreparable y casi ninguna de las tribunas mediáticas y políticas que utilizaron el asunto para su propio beneficio y escarnio público a Podemos han dado el más mínimo tratamiento tras el archivo. No han pedido perdón por mentir, por airear sin fundamento bulos y falsedades. Están a otra cosa mariposa.

Aunque el objetivo era “matar” a Podemos, no lo han conseguido. La herida, que es profunda, irá cicatrizando. La recuperación será lenta pero ya ha comenzado y las elecciones europeas son un dato a tener en cuenta. Sin embargo, el mayor perjuicio lo ha recibido la democracia española que vio alterados los resultados electorales de 2019 y 2023 por las prácticas de eliminar a quien disiente, a quien intenta hacer lo que dice para que la gente viva mejor, lo que supone, en sí mismo, sentar un gravísimo precedente, una amenaza real para la soberanía popular y nuestro sistema democrático. También, el lawfare se ha llevado por delante una buena parte del buen nombre de la justicia española, por la actuación de determinados jueces que han contribuido a desprestigiar el trabajo de la judicatura. En esto, así mismo, ha contribuido la acción política del PSOE y el PP, con su reparto de jueces. En definitiva, el daño está hecho, la cuestión es quién, cómo se repara. De momento, defendamos con fuerza nuestra democracia y saquemos a los falsos y las falsas de la rueda.

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Columnista
Salvador Soler

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