El Gobierno local de Granada rechaza las alegaciones del PSOE contra las ordenanzas fiscales
La concejal de Economía, Rosario Pallerés, ha pedido al Grupo Socialista “más seriedad y menos demagogia” en sus propuestas sobre el IBI
El Gobierno local del PP en el Ayuntamiento de Granada ha rechazado alegaciones contra las Ordenanzas Fiscales para 2024 presentadas por el grupo municipal del PSOE. La concejal de Economía, Rosario Pallarés ha considerado que no es posible aceptar la alegación al IAE “por el principio de suficiencia financiera” y pide al principal partido de la oposición “más seriedad y menos demagogia” en sus planteamientos sobre el IBI.
En la contestación a las alegaciones presentadas por el PSOE al Impuesto sobre Actividades Económica (IAE), en la que este grupo político propone la ampliación del periodo de vigencia de varias bonificaciones aplicables a la ordenanza, se ha señalado que la decisión de establecer una bonificación debe fundarse "no solo en criterios políticos, sino de oportunidad financiera, y sobre todo técnicos y jurídicos", ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.
“Mantener, como se propone, unas bonificaciones durante un plazo tan dilatado como el propuesto no es una fórmula que se atenga a criterios de prudencia en la gestión de los fondos públicos, sin conocer los escenarios económicos-financieros que puedan plantearse en el futuro”, ha destacado Pallarés.
Respecto a las distintas alegaciones presentadas por el PSOE al Impuesto de Bienes Inmuebles, entre las que destaca la relativa a que no se modifique el tipo de gravamen para determinados bienes inmuebles por su uso diferenciado, la edil de Economía ha recordado que el equipo de Gobierno ha planteado esta modificación en cumplimiento de la normativa vigente “por un lado, para cumplir con la sentencia del TS de 31 de enero de 2023 y la bajada de los umbrales es para llevar la aplicación al máximo del 10% de los bienes inmuebles que con ese uso se encuentren en el municipio de Granada y con mayor valor catastral”.
“Para el IBI hemos de tener en cuenta los bienes inmuebles que obran en el padrón con el uso de local comercial, se realice o no en él una actividad de tal naturaleza. Y según el padrón, los locales comerciales con ese uso, declarado por los propietarios de los mismos, es de 16.075 inmuebles. Por tanto, el 10% de inmuebles con ese uso de mayor valor catastral es de 1.607. Y, lógicamente, son los de mayor valor”, se ha especificado en el documento de respuesta a las alegaciones.
Tras incidir en que “el pequeño comercio no está entre esos 1.600 locales a los que afecta esta modificación” propuesta por el Ayuntamiento, Pallarés ha pedido al PSOE que “deje ya de confundir a los ciudadanos". "Con la medida planteada”, ha asegurado, “tratamos de cumplir con los principios de suficiencia financiera, generalidad y de reparto equitativo de la carga tributaria y principio de capacidad económica”.
Otras de las alegaciones presentadas a la ordenanza del IBI por el PSOE, y que no han sido admitidas, se concretan en medidas como elevar el valor catastral para la aplicación de la bonificación del 90% un valor que, según ha destacado Pallarés, se mantiene igual que en las anteriores ordenanzas fiscales; una nueva bonificación para menores de 35 años, familias monoparentales con menores a cargo o mujeres víctimas de violencia de género con hijos a cargo; el recargo del 50% para inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente y otro recargo del 25% sobre la cuota líquida del IBI a aquellos inmuebles que sean apartamentos turísticos.
Bonificaciones sociales
En relación con la solicitud de bonficaciones sociales, la concejala de Economía ha reiterado al PSOE la petición de que “no incurra en demagogia también aquí. No pretenda convertirse ahora en adalid de estos colectivos trayendo a colación a las familias monoparentales, a las mujeres víctimas de violencia de género con hijos a cargo, o a los jóvenes.
Pallares ha indicado que “igualmente y en relación con los apartamentos turísticos entiendo el argumento del PSOE como demagógico. Los recargos también están sometidos al principio de legalidad, y este supuesto no está amparado en ninguna norma de carácter legal. Tampoco procede al no ser objeto de modificación en este expediente”.
Por último, el equipo de Gobierno ha defendido la supresión del recargo para inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, por la imposibilidad, de que el Ayuntamiento esté en condiciones de saber cuáles serían esos inmuebles a los que aplicar este recargo.
“Este recargo, como bien dice la propuesta socialista, se encuentra amparado en el art. 72.4 del texto refundido de la LRHL, y es potestativo, por lo que puede ser establecido en la ordenanza fiscal o no. Este equipo propone su eliminación para no incluir preceptos de imposible aplicación normativa, al margen de lo difuso que resulta discernir el concepto de ‘permanencia’ a estos efectos”, ha subrayado la edil.
Otras de las alegaciones a las ordenanzas fiscales que la Comisión de Economía ha desestimado este martes son las presentadas por VOX, hermandades y cofradías de Semana Santa, Confluencia Política Granada se Encuentra -formada por Podemos, Alianza Verde e Independiente- la Asociación de Constructores y Promotores y la Federación de Comercio.
“Estas alegaciones significan, en muchos casos, la minoración de ingresos y el Ayuntamiento se encuentra en una grave situación económica con grandes dificultades para la aprobación del presupuesto de 2024. Se hace necesario aprobarlo con un superávit de 6.350.000 euros tal y como establece el Plan de Ajuste aprobado por Pleno y en consonancia con un Remanente de Tesorería para Gastos Generales obtenido de la liquidación del Presupuesto 2022, de -65.865.828,23 euros, y necesitando de informe favorable y vinculante del Ministerio de Hacienda para su aprobación”, ha concluido Rosario Pallarés.
