Los abogados de Granada reciben 1,5 millones de euros del servicio de justicia gratuita hasta marzo
En este primer trimestre ya se ha aplicado la subida acordada con la Consejería de Justicia
Los colegios profesionales de Abogados y Procuradores ya han recibido de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública los 1.515.854,52 euros correspondientes al pago de la asistencia jurídica gratuita prestada por estos profesionales en Granada durante el primer trimestre, tras la revisión de las certificaciones que fueron entregadas a la Junta el pasado 30 abril.
En concreto, los procuradores les corresponde 138.808,40 euros por los servicios del turno de oficio entre enero y marzo, y que, una vez comprobadas las certificaciones, no han necesitado ninguna subsanación por parte de los profesionales.
En el caso de los abogados, la cuantía asciende a 1.377.046,12 euros: más de un millón (1.062.645,12 euros) por las asistencias prestadas en el turno de oficio y 314.401 euros por las guardias.
En este primer trimestre ya se ha aplicado la subida acordada en la nueva orden reguladora de estas retribuciones, aprobada el año pasado y que entró en vigor en enero, lo que ha supuesto incrementos de entre un 20% y un 60%, según los conceptos y el número de actuaciones. Además, se han aumentado las guardias autorizadas a los colegios de Abogados, como ha informado la Junta a través de una nota.
Las retribuciones las asistencias del turno de oficio también han sido incrementadas en un 4% a la espera de la nueva orden de módulos y bases que actualizará las cuantías, que están congeladas desde 2009.
La pasada legislatura, la Junta ya realizó cambios en la fórmula de pago para agilizarla. Hasta entonces todos los abogados y procuradores debían esperar hasta que se subsanaran los requerimientos a las certificaciones que presentaban alguna deficiencia para poder cobrar.
Así, los Consejos andaluces de Colegios de Abogados y Procuradores reciben en apenas unas semanas desde que presentan las certificaciones de cada trimestre (tienen de plazo un mes) el grueso del dinero correspondiente a las certificaciones de servicios que no presentan ningún error, de forma que para un segundo plazo quedan solo pendiente aquellas que requieren alguna subsanación.
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