sábado 15 agosto
Otura  |   | Redacción aG

Denuncian la "privatización" del suministro de agua en Otura en un barrio durante el estado de alarma

El grupo municipal de IU lamenta que a partir de ahora sea la empresa Emasagra la que "se encargue" de la gestión en la Urbanización Viña del Rey

Desde IU acusan al equipo de Gobierno de tomar estas medidas sin informar previamente. Foto: Alex Cámara

El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Otura ha denunciado que el equipo de Gobierno socialista “ha aprovechado" el estado de alarma y el confinamiento para "privatizar el agua" en la Urbanización Viña del Rey tras haberse "jactado durante años de garantizar los servicios públicos esenciales”.

Así, desde la formación de izquierdas se ha asegurado que el alcalde, Nazario Montes, "le ha dado" la gestión del agua de la urbanización a la empresa Emasagra, "teniendo que pagar" los contribuyentes las nuevas instalaciones, puesto que se les ha notificado mediante una carta que deben ir a recoger la caja de registro del contador y que "cada vecino debe instalarla en su fachada”.

El grupo de izquierdas ha explicado que estudiaron opciones viables para que la gestión de los servicios esenciales fuera pública, en este caso a través de 'La Mesa del Agua', en la que no participaba el PSOE y que tras la invitación de IU "comenzó a formar parte, ratificando su apoyo indiscutible a un servicio de agua público a los vecinos”.

Desde la formación han subrayado “el ridículo que escenifica
esta triquiñuela, puesto que el PSOE ha mantenido esta línea política en el
cogobierno" junto a IU y ahora, que ya no hay pacto, "olvidan su férrea crítica a las privatización del anterior Gobierno popular”.

La aprobación de la privatización del agua en Junta de Gobierno durante el
confinamiento, han añadido, “ha sido la clave para resaltar la premeditación del grupo socialista, puesto que no han informado a la oposición, que nos hemos percatado de la maniobra a través de la carta repartida a los vecinos”.

Además, han apostillado que “existen fórmulas intermedias, mixtas, que engloban empresas públicas y privadas que no suponga un atraco a mano armada a los contribuyentes en un bien esencial y básico, puesto que el acceso al agua no debe medirse en criterios de rentabilidad económica”.

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