jueves 2 mayo
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El acusado de dejar morir a su hermano discapacitado acepta que no lo cuidó "bien" el último año

La confederación Plena Inclusión Andalucía de organizaciones a favor de las personas con discapacidad intelectual ha pedido inicialmente prisión permanente revisable

El hombre de 42 años está siendo enjuiciado desde este lunes por la fórmula del jurado popular en la Audiencia Provincial de Granada. Foto: Europa Press

El hombre de 42 años enjuiciado desde este lunes por la fórmula del jurado popular en la Audiencia Provincial de Granada por supuestamente dejar morir a su hermano, dependiente de él, en un cortijo de Órgiva, en la Alpujarra de Granada, tras desatender sus necesidades más elementales y el seguimiento de sus tratamientos, ha reconocido que no lo cuidó "bien" en el último año de su vida por sus problemas con las drogas, que le obligaban a un consumo a diario y de modo "exacerbado".

En su declaración ante el jurado, con la que ha comenzado este juicio de la Sección Segunda de la Audiencia, en la Real Chancillería, el procesado ha explicado que "en ningún momento" pensó que se iba a morir su hermano, pese a que no le había dado de comer "debidamente" en este último periodo, desatendiendo además las tareas de limpieza y no moviéndolo lo que necesitaba.

La confederación Plena Inclusión Andalucía de organizaciones a favor de las personas con discapacidad intelectual ha pedido inicialmente para él una condena de prisión permanente revisable por un supuesto asesinato en su modalidad de comisión por omisión, han señalado fuentes del caso.

Esta organización está personada como acusación popular en este caso, en el que la Fiscalía pide para el procesado nueve años y medio de prisión por supuesto homicidio por omisión. La defensa interesa por su parte la libre absolución o, en su defecto, una condena por supuesto homicidio imprudente, delito que pide penar en ese caso con cárcel por diez meses teniendo en cuenta la eximente de drogadicción.

Según consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, tras la muerte de su hermano, lo habría enterrado en un linde de la finca en la que convivían y habría huido a Motril, en la costa, y cobrado las prestaciones mensuales del fallecido como gran dependiente y de él como cuidador. Para el ministerio público, concurren en el acusado la eximente incompleta de drogadicción y la agravante mixta de parentesco.

Desde 2014, el hermano, de 36 años cuando falleció en 2019, convivía con el acusado, que era su tutor desde el fallecimiento de la madre de ambos, viviendo en un cortijo y sin relación que conste con otros familiares. "Se encontraba diagnosticado desde su nacimiento de anomalías físicas y psíquicas" por lo que presentaba "deficiencia intelectual profunda, con parálisis cerebral de evolución crónica y cuadro epiléptico".

Así, estaba considerado un gran dependiente, con un 97% de discapacidad. "Su enfermedad le imposibilitaba la comunicación con su entorno de forma verbal y no verbal", usando silla de ruedas, y sin "la más mínima independencia para realizar las actividades básicas de la vida cotidiana como alimentarse, asearse, vestirse o medicarse", por lo que el procesado tenía "la obligación del cuidado personal y diario" de él.

La fiscal también refiere que el procesado "nunca" habría accedido a ingresarlo en un centro "pese al insalubre estado de la vivienda que ambos hermanos habitaban, por la suciedad y desorden generalizados de todas las estancias, amén de encontrarse en un lugar aislado y de difícil accesibilidad que dificultaba aún más el cuidado" del hombre con diversidad funcional "o su evacuación en caso de urgencia médica".

En este contexto, supuestamente "desatendió" las necesidades "más elementales" de su hermano, "dejando de alimentarlo correctamente, asearlo a diario, limpiar su entorno, cambiar su posición en la cama y curarle las heridas" así como "atender sus dolencias físicas y el seguimiento de los tratamientos y citas médicas prescritos".

Lo habría dejado "solo en la vivienda, pese a conocer la necesidad de asistencia" y su "imposibilidad de autonomía, lo que desembocó, como resultado previsible y evitable, en el fallecimiento", que se producía el 25 de febrero de 2019. Tras callar sobre este desenlace, al día siguiente por la noche, lo habría enterrado en la linde de la finca, siendo finalmente detenido en Motril el 5 de marzo de ese mismo año, con las prestaciones mensuales ya cobradas.

A preguntas de la acusación popular sobre por qué no ingresó a su hermano en un centro especializado del entorno, el procesado ha referido ante el jurado popular, compuesto por cuatro hombres y cinco mujeres, las condiciones "irrisorias" y "vergonzosas" que le habrían propuesto. Sobre las úlceras que presentaba el posteriormente fallecido, ha señalado al ministerio público que él las curaba y que al final, en los tres últimos días de la vida de su familiar, cuando notó que empeoraba y no comía, pensó en ir al médico, pero se le "murió".

"Odio social" en Órgiva

Preguntado por su defensa, ha reconocido que lo enterró, "mal" y al día siguiente de que notara que no respiraba, en la misma zona de la casa familiar donde reposaban las cenizas de sus padres, como ha dicho que fue el deseo de ellos. No avisó a las autoridades de la defunción porque consideró que lo iban a "culpar de todo", incidiendo en el "odio social" que sentía por parte de los vecinos de Órgiva.

Así las cosas, según ha aceptado tras explicar que su historial como persona con problemas de drogadicción se remonta a unos 20 años atrás, se fue a Motril a "consumir droga" y a hartarse de "llorar por las calles" hasta que lo detuvieron "cinco días" después, momento en que no ocultó los hechos, ha mantenido, y colaboró "desde el minuto cero", llevando a los agentes a donde estaba el cuerpo, pues de lo contrario "no lo encuentran", y sin cobrar a partir de entonces ningún dinero por su hermano.

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