Gerardo Sánchez defiende las obras de "urgencia" respecto a los vertidos en el PTS
Está acusado de los delitos contra el medio ambiente y de prevaricación administrativa · Considera que el caso se produce por una "denuncia política" y que durante cinco años se ha visto sometido a una "condena de banquillo"
El alcalde de Armilla, de espaldas a la derecha, en el banquillo de los acusados este miércoles. Foto: Luis F. Ruiz
El alcalde de Armilla, Gerardo Sánchez, ha defendido su actuación respecto al caso de los vertidos en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud y la "urgencia" de las obras que acometió ante unas inundaciones que se produjeron del mismo modo que ha negado irregularidades en la subvención concedida por la Agencia IDEA.
Así lo ha manifestado durante su declaración en el Juzgado de lo Penal 4 de Granada, que ha acogido este miércoles la primera sesión contra el regidor de Armilla, acusado de la presunta comisión de un delito contra el medio ambiente y de otro de prevaricación administrativa.
Por estos hechos, la Fiscalía de Granada solicita un año de prisión, multa de 1.800 euros e inhabilitación especial por seis meses. También está imputado por delito contra el medio ambiente, el ingeniero director de las obras de saneamiento, Humberto G.M., al que sólo acusa el PP, personado como acusación popular y a cuyas preguntas ninguno de los dos procesados ha contestado ateniéndose a su derecho en este sentido.
Precisamente, Sánchez ha eludido responder a las preguntas formuladas por el abogado de la acusación asegurando que se trataba de una "denuncia política" por la que se ha visto sometido a una "condena de banquillo" debido a lo "mediático" del caso durante estos cinco años: "Ha sido un proceso largo y duro, que ha afectado a mi familia. Tengo padre y madre mayores".
Ante las preguntas de la fiscal, el regidor municipal ha relatado su visión de los hechos, remontándose a noviembre de 2008 cuando solicitó una subvención para las obras de saneamiento del PTS después de que la primera y la segunda fase hubiera sido ejecutada por la Junta de Andalucía. Entonces, Sánchez ha recordado que se puso a buscar dinero para costear los tres millones de euros necesarios para los trabajos, de los cuales 2,6 iban a ser aportados mediante convenios y 450.000 euros por parte de una subvención de la Agencia IDEA.
"Se financian así todas las obras de la tercera fase", ha argumentado el alcalde, que ha recordado que las aguas residuales iban a parar a la acequia denominada Arabueila, ante lo que el municipio trató de buscar una solución con estos trabajos que se recepcionaron en marzo de 2011, tras lo que el Ayuntamiento de Armilla solicitó un informe a Emasagra, la empresa pública que gestiona el servicio, para dar una solución técnica.
Ante el problema que existía de aguas que vertían en las acequias, que era del 100% en 2006, el alcalde quiso dar una solución y dio autorización a la conexión de los trabajos a la red el 25 de marzo de 2011, a raíz de unas inundaciones que se produjeron entonces en los edificios colindantes, por lo que autorizó a la empresa constructora a habilitar un aliviadero "solo" para situaciones de lluvia, mientras que en situaciones normales "permanecería en el nivel de saneamiento provisional".
Cuando el Seprona tomó las muestras de las aguas, Sánchez ha asegurado que no tenía "ninguna capacidad de tomar decisiones" ya que entonces era el 'popular' Antonio Ayllón el que ostentaba la Alcaldía de Armilla. El proyecto no lo retomó, ha añadido, hasta que en enero de 2013 no recuperó el bastón de mando a raíz de una moción de censura: "Ni las tomas se hacen cuando yo era alcalde ni el ayuntamiento ejecutó las obras de los vertidos a la acequia", ha apuntado.
Por último ha recordado que aportó toda la documentación técnica que desde la Junta de Andalucía le requirieron para conceder la subvención de la Agencia IDEA y que sin siete documentos que solicitaban no se habría producido la resolución.
Además, ha recordado que la denuncia que se formula contra él la hace el Ayuntamiento de Armilla, en el tiempo del mandato del PP, sin consultar a los técnicos municipales "pese a que conocían el caso".
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