Pagan a dos compatriotas para obtener empadronamientos falsos en la Costa de Granada
Los agentes descubrieron que en el domicilio había registradas hasta ocho personas
Agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Granada han detenido en Motril a cuatro ciudadanos de nacionalidad marroquí, tres varones de entre 26 y 36 años y una mujer de 23, como presuntos autores de los delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal, unos por haber facilitado empadronamientos falsos y otros por haber presentado los documentos como parte integrante de expedientes de regularización ante la Oficina de Extranjeros.
La presunta actividad delictiva fue descubierta tras recibirse información que hacía suponer la existencia de un domicilio de Motril en el que se estarían empadronando otros ciudadanos de nacionalidad marroquí, además de los moradores, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.
La investigación desarrollada localizó el piso donde presuntamente se estarían empadronando más personas de las que realmente lo habitaban, ubicado en el centro de Motril.
Las pesquisas policiales averiguaron que en el piso, de cuatro habitaciones, moraban realmente tres mujeres y dos hombres de nacionalidad marroquí. Por otra parte, los agentes, tras comprobar diversa documentación solicitada al ayuntamiento de la capital costera, pudieron determinar que en el domicilio había empadronadas hasta ocho personas.
Continuando con la investigación se comprobó que dos de los moradores habían facilitado el empadronamiento ficticio de otros tres ciudadanos marroquíes y estos, a su vez, se habían servido de los empadronamientos falsos para solicitar un permiso de residencia.
Requisitos
Cabe recordar que empadronarse tiene un doble efecto para las personas extranjeras que pretenden regularizar su situación administrativa en el país, por un lado acreditar la permanencia de los ciudadanos extranjeros en España y, por otro, demostrar que poseen un domicilio.
Ambos requisitos son necesarios, y por lo tanto exigidos por la administración, para instar un procedimiento para la obtención de un permiso de residencia. Esta es la razón por la que se llega a pagar entre 100 y 1.500 euros por un empadronamiento falso en un domicilio de cualquier pueblo de la provincia.
Los cuatro implicados en estos hechos han sido puestos en libertad con cargos, estando a la espera de comparecer ante los tribunales cuando sean requeridos por la autoridad judicial.
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