CCOO denuncia que el Ayuntamiento de Granada "suma deudas y resta derechos"
Los tribunales sancionan al Consistorio granadino por eliminar de los Presupuestos las cantidades destinadas al complemento de productividad
El responsable de la Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Granada, Antonio Chaves, recuerda que en el año 2012 se aplicaron una serie de recortes masivos por parte del Gobierno en la Administración Pública que desembocaron en el aumento de horarios, reducción de asuntos particulares, congelación salarial con las pérdidas acumuladas etc.
"En este marco, el Ayuntamiento tuvo la feliz idea de dar una vuelta de tuerca más y eliminó de los presupuestos las cantidades destinadas al complemento de productividad. Al tratarse la eliminación de un acuerdo de forma unilateral, CCOO recurrió la medida en los tribunales y se ganó en las dos instancias, TSJA y Tribunal Supremo. Gracias a estas sentencias se propició un acuerdo para reintegrar la productividad del año 2012, más los meses transcurridos hasta la aplicación del nuevo acuerdo de productividad. La devolución, al tratarse de la ejecución de una sentencia, se nutre de lo presupuestado en el Fondo de Contingencias, destinado precisamente a imprevistos, gastos judiciales, entre otros", asegura el sindicato en un comunicado.
CCOO pudo comprobar cómo se sancionaba al Ayuntamiento granadino a devolver, sin posibilidad de fraccionamiento, 1.665.332 euros de sanción por la dilatación de las obras del aparcamiento en el Triunfo. "La respuesta del Equipo de Gobierno para cubrir esa deuda es vaciar el Fondo de Contingencias sacando 809.943 euros, del mismo y dejándolo sin fondos para hacer frente a los pagos previstos de la productividad", indican.
En este sentido, CCOO Granada recuerda al equipo de Gobierno que el acuerdo de devolución de la productividad es en ejecución de una sentencia firme, por lo que no sólo desacataría la ejecución de la misma, sino el propio acuerdo de ejecución con la representatividad de las/os trabajadoras/es.
El sindicato no va a admitir "ninguna medida que suponga un cambio a baja o una dilatación de los plazos acordados en base a la sentencia". "Las empleadas y los empleados públicos no van a pagar los errores de una gestión errática", indican.
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