El PSOE pide prorrogar hasta 2020 los alquileres de renta antigua
Los socialistas advierten de que el fin de la moratoria a partir del 1 de enero de 2015 dejará en la calle a 7.000 trabajadores sólo en la provincia de Granada
El senador socialista por Granada y portavoz del PSOE en la Comisión de Fomento y Vivienda de la Cámara Alta, Juan Manuel Fernández, y de la concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento, Raquel Ruz.
El PSOE ha asegurado este viernes que el fin de la moratoria para los alquileres de renta antigua a partir del próximo 1 de enero de 2015 provocará el cierre sólo en la provincia de Granada de 2.500 establecimientos, un 10 por ciento del total, y más de 7.000 despidos. Por ello, los socialistas piden que se prorrogue hasta 2020 estos arrendamientos.
Así lo han asegurado representantes del grupo parlamentario socialista y del grupo municipal en la capital, que en rueda de prensa han advertido de las consecuencias “nefastas” de la medida en una provincia con la importancia del sector servicios. Una circunstancia que, unida a la difícil situación que padecen muchos negocios, afectados por una caída media en su facturación del 40 por ciento, compromete la continuidad de miles de ellos.
Ante ello, el PSOE ha decidido movilizarse y ha presentado en el Senado, a través de su portavoz en Fomento y Vivienda, Juan Manuel Fernández, una Proposición de Ley para modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994. Se trata de una normativa que fijó para los comercios más pequeños una moratoria de 20 años durante la que estaría vigente el alquiler de renta antigua, unos arrendamientos que estarían sometidos únicamente a las variaciones del IPC. De esta forma, el plazo finaliza el 1 de enero de 2015 y, de no modificarse, los propietarios tendrán que negociar un nuevo contrato de alquiler en un contexto de profunda crisis y de escasa actividad comercial.
El senador Juan Manuel Fernández ha explicado que la Proposición de Ley tiene tres prioridades. En primer lugar, que se aplace el fin de la moratoria planteada por la Ley de 1994 para los alquileres de renta antigua. Además, los socialistas proponen que se abra una línea de crédito ICO para ayudar a las empresas afectadas por el fin de los alquileres de la renta antigua para que puedan acometer el traslado pertinente, la reforma o la adaptación de sus instalaciones. Por último, el grupo socialista plantea también un plan de protección integral del patrimonio comercial histórico.
A nivel nacional, Fernández ha alertado de que el fin de la renta antigua pone en riesgo 300.000 pequeñas y medianas empresas y un millón de empleos. De hecho, el senador socialista ha advertido de la difícil situación económica que viven muchos establecimientos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, las ventas del comercio al por menor llevan tres meses bajando, con una caída en febrero de un 0,4 por ciento, y del empleo en un 1 por ciento.
El senador socialista ha reconocido que puede existir un conflicto de intereses entre propietario e inquilino, pero que desde el PSOE defienden como prioritario el mantenimiento del empleo y de la actividad económica.
Fernández ha subrayado además que esta iniciativa surge “del acuerdo, la negociación y el trabajo” con el sector con contactos con la Cámara de Comercio, empresarios y organizaciones empresariales, con el Colegio de Gestores Administrativos y con distintos abogados y juristas en Granada, mientras en Madrid se han mantenido encuentros con la Confederación de Comercio y con la Federación de Hostelería para tener en cuenta sus reivindicaciones y consensuar las medidas.
El portavoz del PSOE en la comisión de Fomento y Vivienda también se ha referido a un segundo apartado de la Proposición de Ley en la que se apuesta por una mejora del principio de equidad. Fernández ha recordado que cuando se tiene que indemnizar a un empresario por su fondo de comercio, por haber ejercido su actividad en ese local durante 20 ó 30 años, y una empresa nueva le sustituye para mantener la misma actividad, la ley contempla que se le indemnice con 18 meses de alquiler de renta antigua. A través de esta Proposición de Ley, los socialistas pretenden que sean 18 meses de alquiler de la renta nueva que se fije en ese momento porque nada tiene que ver el valor de un local por el que pasan distintas actividades durante 30 años que el de un local que mantiene la misma actividad y genera una clientela.
Por otra parte, Fernández ha destacado que la ley incluye dos disposiciones transitorias. En la primera de ellas, se pide la apertura de una línea ICO para ayudar a pymes a adaptar sus comercios, modernizarlos o trasladarlos, pero manteniendo el empleo. Actualmente, ha afirmado, el Gobierno contempla ayudas ICO para el comercio minorista que en 2013 llegó a más de 31.404 operaciones y supuso un crédito de más de 1.232 millones de euros y para efectuar una inversión total de más 1.600 millones de euros. “Es importante que esta ayuda llegue a los comercios minoristas y a las pymes afectadas por esta prórroga”, ha añadido.
La segunda disposición transitoria establece que el Gobierno, junto con las comunidades autónomas, la FEMP y las organizaciones empresariales y sindicales elaboren un plan de protección integral del patrimonio comercial histórico, fundamental para preservar el paisaje comercial urbano de nuestras ciudades.
Por su parte, la concejal socialista en el Ayuntamiento de la capital, Raquel Ruz, ha insistido en la importancia del sector servicios en la economía granadina, por lo que ha incidido en los efectos nefastos que el fin de la renta antigua puede tener para gran cantidad de negocios.
La representante socialista ha recordado que su formación presentó una moción para que el gobierno local del PP en la capital pidiese una moratoria a los arrendamientos de renta antigua, una iniciativa que fue rechazada por el equipo de gobierno.
“Este tipo de comercios suelen tener una trayectoria de más de 30 años y están situados en los cascos urbanos e históricos de las ciudades, por lo que su cierre puede conllevar una degradación del entorno”, ha alertado la edil socialista, quien ha exigido que se ponga en marcha medidas para evitar la despoblación y degradación de los centros históricos y para que se protejan los establecimientos singulares “que ofrecen también un valor añadido a la ciudad”.
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