Los traspasos de jugadores del Granada CF que la Fiscalía pone bajo sospecha
En aquellas temporadas, el club acostumbraba a tener un intenso flujo de operaciones con otros clubes propiedad de la familia Pozzo
La Fiscalía ha puesto su foco en los traspasos que realizó el Granada CF de 2013 a 2016 y las operaciones que realizó el club, que además dejaron beneficios en la entidad, si bien el Ministerio Público considera que esta operatividad era clave para el supuesto fraude a Hacienda por el que pide una condena de 26,9 millones de euros al club rojiblanco y hasta 12 años de cárcel para el expresidente Quique Pina y el expropietario del club, de 2009 a 2016, Gino Pozzo.
En aquellas temporadas, el Granada CF acostumbraba a tener un intenso flujo de operaciones con otros clubes propiedad de la familia Pozzo y otras entidades, incluso con el fichaje de futbolistas que, sin vestir la camiseta rojiblanca, solo pasaron por el club como puente para acabar recalando en otra entidad.
No obstante hubo otros que sí vistieron la camiseta y se convirtieron en ídolos de la afición granadinista y cuyas operaciones de salida mediante el traspaso están en el foco de investigación y las sospechas de la Fiscalía, como sucede en el caso de Guilherme Siqueira, lateral zurdo que llegó a Granada procedente de Udinese -propiedad de los Pozzo- en Segunda, subió a Primera y se mantuvo dos temporadas en la máxima categoría hasta que fue fichado por el Atlético de Madrid, por un importe, según desvela el diario El País a raíz del escrito de la Fiscalía, de nueve millones de euros.
El colombiano Jeison Murillo llegó al Granada CF en la campaña 13/14 procedente de la UD Las Palmas y se mantuvo dos temporadas con el equipo rojiblanco como una pieza clave, hasta que fue traspasado tras acabar la 14/15 al Inter de Milán, en este caso por otros ocho millones de euros que la Fiscalía pone en el listado del posible dinero defraudado a Hacienda.
Lo mismo ocurre con el fichaje de Brahimi, que estuvo dos temporadas seguidas como rojiblanco -de 2012 a 2014-, del que la Fiscalía subraya que fue traspasado al Oporto por nueve millones aunque "se declaró" por 6,5 millones de euros. La otra venta que el Ministerio Público pone bajo sospecha, sobre dónde fue a parar el dinero, es la de Mikel Rico al Athletic Club por un importe de 2,45 millones de euros después de tres temporadas como granadinista.
Más desconocido para el granadinismo resulta Daniel Pudil, quien sin vestir la camiseta rojiblanca sí fue traspasado desde el club granadino, según la Fiscalía, por importe de 1,5 millones de euros al Watford, también propiedad del entramado de Gino Pozzo.
Lo mismo sucede con Allan Marques Loueiro, cuya venta desde el Granada CF, según el Ministerio Público, también se realizó al Nápoles en 2015 por un importe de 14,1 millones de euros, pese a que el futbolista no llegó a jugar un solo minuto con los rojiblancos, siendo Udinese su último club antes de reclaar en los napolitanos.
Derechos de futbolistas rojibalncos
La Fiscalía también señala el hecho de que tras la "primera fase" del supuesto "plan criminal", la sociedad Orange Chiffon Trading Limited, radicada en Emiratos Árabes, adquirió los derechos sobre 12 jugadores del Granada CF por un precio conjunto de 8,6 millones de euros en 2010, "con la vista puesta en la futura conversión del club en SAD", pero pese a las "serias dudas" de que la mercantil emiratí pudiera pagar esta cifra total fue Daxian 2009 SL la que avaló la operación.
El Ministerio Público ahonda en su escrito en los mecanismos que habrían utilizado "para ocultar al fisco español los beneficios obtenidos por los traspasos de jugadores" al tiempo que se dejó de tributar a la Hacienda Pública los "beneficios obtenidos".
Sin embargo, Anticorrupción deja claro que "la realidad es que la pretendida financiación otorgada por la entidad luxemburguesa al club supuso un altísimo coste, que se puede cuantificar en términos absolutos en más de 45 millones de euros, y en términos de tipo de interés casi en un 50% anual".
La Fiscalía incide en que la "actuación defraudatoria llevada a cabo, principalmente, por el presidente y por el titular real del Granada CF, los acusados Enrique Pina y Gino Pozzo, se llevó a cabo en su provecho", ya que obtuvieron un "beneficio económico directamente derivado de las cuotas del Impuesto de Sociedades dejadas de ingresar, y fue posible por cuanto la sociedad no tenía instaurado entre los años 2013 y 2016 ningún medida de supervisión, vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos".
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