Bajan un 30% los delitos de menores en la provincia
Un total de 106 ayuntamientos se adhieren a aplicar labores en beneficio a la comunidad ante infracciones
La delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, ha firmado este jueves un convenio de colaboración con 34 nuevos ayuntamientos que tiene como objetivo favorecer la reeducación e inserción de menores infractores a través del desarrollo de medidas en beneficio de la comunidad adoptadas por los juzgados de menores.
La adhesión de estos ayuntamientos conlleva que ya 106 en la provincia colaboran con la Junta de Andalucía para aplicar las medidas judiciales en medio abierto. Sandra García ha precisado que la aplicación de las medidas en su entorno más próximo y "los valores que aportan los vínculos afectivos y de solidaridad están permitiendo que un 80 por ciento de los menores infractores no vuelvan a reincidir tras cometer una infracción y cumplir una medida judicial".
La directora general de Justicia Juvenil, Carmen Belichón, ha redundado en estos buenos resultados de reinserción y ha aludido a la puesta en marcha hace catorce años de la Ley de Reforma Penal Juvenil como punto de partida para mejorar la reinserción de los menores al contemplar medidas judiciales en beneficio de la comunidad y la prevención.
En este sentido, el juez de Menores Emilio Calatayud ha señalado que el pasado año los menores de la provincia delinquieron un 30 por ciento menos que el año anterior y ha apuntado que la vuelta de éstos a los centros educativos por la crisis es uno de los factores claves.
El pasado año, la Delegación del Gobierno ejecutó un total de 1.119 medidas judiciales en medio abierto de menores infractores impuestas por los juzgados de menores la mayor parte con 525 medidas en libertad vigilada, 149 en tareas socioeducativas y 173 en prestaciones en beneficio de la comunidad.
Estas medidas judiciales, impuestas a los menores infractores, tienen como finalidad educativa el reconocimiento del daño causado, de manera que el menor asuma su responsabilidad resarciendo de alguna forma a la sociedad.
Los acuerdos recogen que, una vez los juzgados imponen las medidas a cumplir, los consistorios elaboran un catálogo de posibles actividades a realizar mientras la Junta traslada a los juzgados de menores las posibles medidas a desarrollar en cada población. Ambas instituciones hacen un seguimiento directo de las medidas, entre las que están realizar trabajos de colaboración social como recogida del botellón, limpieza de grafitis, colaboración en hospitales, acompañamiento a mayores y dependientes, reparación y mantenimiento de jardines, instalaciones deportivas o mobiliario urbano.
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