Vayamos a lo importante
En general nos limitamos a conocer la realidad en función de lo que se informa por los medios de comunicación, las redes sociales o el boca a boca de nuestro entorno. No tenemos tiempo para más. Pero ¿hasta qué punto la información así recibida refleja la realidad?. Habría que plantearse si pensamos y hablamos de lo realmente importante o más bien lo hacemos de aquello que otros, con poder y medios suficientes para hacerlo, deciden e imponen que debemos pensar y debatir.
Como persona preocupada por los asuntos municipales suelo insistir en aquellos que considero son los problemas más importantes del Ayuntamiento de Granada y de cuáles puedan ser sus causas y sus responsables.
En mi opinión dos de esos problemas son la ruina financiera que muestran las cuentas municipales y la escasa calidad de los principales servicios públicos. Ambos están relacionados. Sin dinero es complicado mejorar sustancialmente los servicios. Pero unos servicios caros, con contratos leoninos, empeoran sustancialmente las cuentas. Servicios como la limpieza o el transporte urbano son caros y deficientes, por lo que suponen una carga para las finanzas de la ciudad, a la vez que se nos prestan en unas condiciones manifiestamente mejorables.
En las últimas semanas han pasado sin pena ni gloria dos acuerdos que son muy relevantes respecto a ambos asuntos. Aquí los debates van por otros derroteros.
Por un lado, en el último pleno de la Corporación se aprobó la Cuenta General del Presupuesto del Ayuntamiento en la que, entre otros indicadores, aparece el déficit que de forma creciente acumulan sus finanzas y que asciende a -65,8 millones de euros. Casi nada. Resulta curioso que la Cuenta se aprobó por unanimidad y sin una sola intervención, ni del equipo de gobierno, del PP, ni de los dos grupos de la oposición, PSOE y Vox. Resulta cuanto menos extraño que algo así no sea motivo de preocupación, de opinión, de críticas o de propuestas por parte de nuestros responsables municipales.
Por otro lado, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos (TACP) acaba de anular los pliegos de la licitación del nuevo contrato de Recogida de Basura y Limpieza Viaria, que por un importe de 643 millones se habían aprobado en la Junta de Gobierno del 28 de abril. No es éste un tema menor y sus derivadas tienen una historia detrás.
A mi juicio la gestión del contrato de Limpieza está siendo pésima para la ciudad y en ella son responsables tanto PP como PSOE, que se han alternado dos veces en el gobierno municipal en los últimos siete años. Ambos han mostrado su incapacidad para sacar adelante un nuevo contrato, lo que ha obligado a la prórroga forzosa del contrato con INAGRA, cuyo plazo finalizó el 31 de diciembre de 2020, tras estar vigente desde 1970, y cuyo importe asciende a unos 40 millones anuales. Sólo la desidia y negligencia de los sucesivos gobiernos municipales puede explicar que tras 50 años se haya llegado tarde a su renovación, que debió ir preparándose con al menos tres años de antelación.
La resolución del TACP es una prueba más de esta continuada desastrosa gestión. En 2018/19 gobernaba el PSOE, en 2019/20 gobernaba el PP con Ciudadanos, en ningún caso fueron capaces de poner en marcha dichos pliegos. En abril pasado el PSOE aprobó unos pliegos que ahora anula el TACP porque su presupuesto estaba mal elaborado, no ajustándose a los costes reales del personal del servicio. Tarde y mal, por tanto.
La deficiente limpieza de la ciudad es una constante en las quejas vecinales, fue uno de los ejes centrales de la campaña electoral de la actual alcaldesa, Sra. Carazo, que ha dedicado sus primeros meses de gobierno a hacer propaganda de un supuesto plan de choque de limpieza que, con el contrato prorrogado, es imposible de realizar sin incrementar su coste o que solo permitiría en su caso limpiar unas zonas a cambio de dejar otras sin limpieza.
El viejo contrato, precariamente prorrogado (53 años ya de duración), además de ser carísimo resulta inadecuado para las necesidades actuales de Granada. INAGRA (empresa que antes era mayoritariamente participada por Ferrovial y ahora por la multinacional alemana Prezero) obtiene unos beneficios de entre el 9-10% anual (según las cuentas de la empresa) que estarían más de tres veces por encima de la media del sector (3%, según los propios técnicos municipales), mientras mantiene una flota de vehículos obsoleta, con camiones y maquinaria muy vieja, contaminante y ruidosa, por falta de inversiones. Tampoco se ha implantado el quinto contenedor, que debió haberse realizado antes del 1 de julio de 2022, según la ley de Residuos.
La ley de contratos públicos establece como límite máximo para los contratos de servicios el plazo de cinco años y sólo excepcionalmente admite que pudiesen ampliarse en caso de que resulte imprescindible para poder cubrir la amortización de las inversiones necesarias. La licitación ahora anulada proponía 15 años de vigencia para el nuevo contrato, mientras que la asociación de empresas del sector (ASELIP), recurrente de los pliegos, reclamaba 17 años y un informe de los técnicos municipales aseguraba que la amortización de las inversiones se alcanzaría a los 12 años.
Sin embargo la alcaldesa insinuó hace dos meses que el nuevo contrato podría durar hasta 20 años. Lo que significaría que Carazo se convierte en la mejor defensora de los intereses de las multinacionales de limpieza. Si los 15 años eran un disparate, por ser el triple del límite legal ordinario, más lo serían los 20 años que insinúa la alcaldesa.
En Granada, tanto PP, como PSOE, como VOX, rechazan de plano cualquier posibilidad de remunicipalización del servicio, resultando curioso que el Ayuntamiento de Málaga, del PP, procedió a la misma en 2020. Y también mantiene la gestión directa del transporte urbano o el ciclo integral del agua, que en Granada están privatizados. No será tan negativa aquella opción cuando uno de los ayuntamientos emblemáticos de la derecha andaluza apuesta por gestionar directamente sus grandes servicios. Pero aquí prefieren hablar y discutir sobre las cosas menos importantes.
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