Lawfare, cesarismo y democracia
Hemos asistido a una semana un tanto extraña, marcada por la insólita decisión de Pedro Sánchez de tomarse cinco días de reflexión para decidir si continuaba como presidente o dimitía. Ha sido un tiempo para todo tipo de especulaciones que los medios de comunicación han enfocado según su orientación. Unos dando por hecho que se trataba de un nuevo juego de prestidigitación de un político que suele manejar bien las puestas en escena arriesgadas. Otros se han centrado en tratar el asunto en clave personal, tal y como parecía que era la intención del propio presidente. Los menos, enfocaban el asunto en clave política, tanto por afectar a quien dirige el gobierno de España como por las causas aducidas para tan extraordinaria decisión y sus posibles enormes efectos.
Mi intuición decía que iba a suceder lo que ha sucedido, que Sánchez anunciaría su continuidad y que le faltaría valor para hacer propuestas concretas para afrontar los gravísimos problemas que le habrían llevado a la depresión. Mantuve esa opinión incluso cuando algunos medios insistían, sin más datos, en que lo más probable era su abandono y especulaban sobre quien pudiera sustituirlo. La imagen que transmitían sería la de un presidente humano, que sufría en lo más íntimo porque le habían tocado lo más querido, su familia.
Evidentemente esta última es la interpretación que más convenía a Sánchez. Dar credibilidad a su paréntesis y mostrar una imagen humanizada, frente a la visión hierática, impersonal y rocosa que hasta ahora se había transmitido. Presentarse como un ser vulnerable, de carne y hueso y con sentimientos. Eso que, en otros momentos podría ser interpretado como señal de debilidad, en estos tiempos de crispación y odio puede mover a la empatía y la solidaridad.
El problema es el después. Tras cinco días de meditación, supuestamente en la más estricta soledad, Sánchez afirma no solo que continúa sino que está dispuesto a presentarse de nuevo a las elecciones y anuncia un proceso de regeneración democrática tan altisonante como vacío de propuestas o método.
Si nada de esto se concreta ni se pone en marcha, reforzará la idea de que todo haya sido una nueva estratagema de cara a las elecciones catalanas y europeas. Además se reforzará la idea de una gestión cesarista tanto del gobierno como de su propio partido. A nadie parece haber consultado su decisión, con nadie parece haber compartido su dolor. Su partido se ha movilizado para darle un apoyo cerrado pero también sin propuestas y ofreciendo una imagen de clamorosa orfandad y dependencia del líder.
No hay que dudar del sufrimiento personal que Sánchez haya podido sentir. Pero no se puede obviar que ni ha sido el primero ni el que más graves ataques ha recibido. Lo principal, en estos momentos, debe ser poner en primer plano el carácter político de los problemas señalados y que por tanto deben ser afrontados con decisiones y medidas políticas. El presidente ha denunciado el lawfare y los seudo-medios de comunicación, especializados en generar y difundir bulos y mentiras e intoxicar a la opinión pública generando odio. No son precisamente asuntos menores. Tampoco son fenómenos exclusivos de España sino que están extendidos, con éxito, por muchos países: Portugal, EE.UU., Brasil, Argentina, Ecuador, Perú...
El lawfare consiste en el uso fraudulento de largos procesos judiciales para dañar o destruir a un adversario político. Siempre acompañado del uso de altavoces mediáticos y políticos.
Es la primera vez que el presidente reconoce públicamente la existencia de lawfare en España. Antes lo habían reconocido ministros como Oscar Puente o Teresa Ribera. Al mismo tiempo que otros la habían negado, como Pilar Alegría, Grande-Marlaska o Félix Bolaños. A ver si se aclaran, porque será imposible afrontar un problema si previamente no se reconoce que existe, su complejidad y su gravedad.
En España llevamos al menos diez años sufriendo el lawfare. Son muchos y sonados los casos. Ha sido un método utilizado sistemáticamente para desprestigiar y destruir a Podemos. Sus víctimas han sido numerosas, Mónica Oltra, Pablo Iglesias, Irene Montero, Victoria Rosell, Juan Carlos Monedero, Isa Serra, Dina Bousselham, independentistas, ecologistas, artistas... El caso de Alberto Rodríguez y la retirada de su acta de diputado se produjo en connivencia entre el juez Marchena y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet (PSOE), constituyó un enorme atentado al principio de elección democrática y cuando fue declarada ilegal por el Tribunal Constitucional ya había finalizado la legislatura. Un lawfare que contó con el silencio de Pedro Sánchez, que se beneficiaba políticamente del daño a partidos que competían electoralmente con el suyo.
La proliferación de seudo-medios de comunicación que se dedican a lanzar bulos y mentiras y a generar crispación y odio es una evidencia que no admite la más mínima discusión. En muchos casos con permeabilización en medios que intentan aparecer como serios.
Ambos problemas son muy importantes y atentan contra la base de la democracia. El primero porque pretende desprestigiar o liquidar a adversarios políticos y el segundo porque pretende manipular estados de ánimo en la población que favorezcan determinadas orientaciones de voto.
No es fácil afrontar ninguno de ellos. El lawfare practicado por determinados jueces se ampara en un principio clave en democracia, el de la independencia judicial. Mientras que los seudo-medios se envuelven en el principio de libertad de prensa. Así, cada vez que se habla públicamente de cualquiera de estos dos graves atentados contra nuestra democracia saltan voces alarmando con el supuesto ataque a estos dos principios básicos.
No es aceptable y nadie puede proponer que se vulneren ninguno de estos dos principios. Pero eso no debe encubrir que la democracia está en un serio peligro si esto no se afronta y por tanto es indispensable que se adopten medidas. El poder político no debe interferir en el poder judicial, pero tampoco al revés, vayamos a confundir los términos.
Se debe derogar la “Ley Mordaza”. Nada impide a Sánchez investigar y depurar en el Ministerio del Interior todo lo relacionado con la “policía patriótica”, puesta en marcha por el anterior ministro del PP, Jorge Fernández Díaz, ni el uso de los fondos reservados para actividades ilícitas contra partidos y movimientos sociales, ni de cómo Villarejo, durante muchos años, se movió como pez en el agua por ese ministerio, con el PSOE y con el PP.
Es urgente desbloquear el Consejo General del Poder Judicial, tras más de cinco años de bloqueo por parte del PP, interesado en mantener el control político que impuso cuando gobernaba. Esto se puede hacer cambiando la ley, como ya se acordó y firmó en la legislatura anterior entre PSOE y Unidas Podemos, que el PSOE no ejecutó. En la nueva elección hay que huir de las cuotas de partidos y designar a personas de reconocido prestigio e independencia.
Habría que estudiar el modelo de acceso a la judicatura. El propio prestigio del Poder Judicial exige que sea éste quien más interesado esté por ejercer la autorregulación, la supervisión y el control de cualquier práctica judicial abusiva.
¿Por qué no una rehabilitación pública de las víctimas del lawfare?
En cuanto a los seudo-medios se debería elaborar una Ley de Medios y exigir transparencia en cuanto a su fundación y financiación, especialmente en lo referente a las subvenciones por parte de las distintas administraciones públicas. No es tolerable que medios intoxicadores sobrevivan a base de financiación pública por parte de determinadas Comunidades Autónomas o de corporaciones con intereses económicos y políticos concretos. Por supuesto la prioridad debería ser la autorregulación por parte de los propios medios, a través de organismos independientes, y la exclusión de aquellos que no ejercen auténtico periodismo.
Y finalmente, nos corresponde a la ciudadanía rebelarnos contra las manipulaciones y los abusos, vengan de quien vengan y exigir calidad democrática a todos los niveles.
