Los jueces admiten que los implicados en el caso del Palacio de Hielo "pudieron sentirse engañados"
La Fiscalía solicitaba siete años de inhabilitación para García Royo, Manuel Lorente o José Julián Romero
Momento del juicio, celebrado hace unas semanas. Foto: Álex Cámara
Todos los implicados en el caso del Palacio de Hielo de Granada, para los que la Fiscalía solicitaba siete años de inhabilitación por la operación urbanística relacionada con el Plan Parcial de Cerrillo de Maracena, han sido absueltos.
Entre los acusados se encontraban el concejal de Urbanismo en el primer mandato del actual alcalde, Luis Gerardo García Royo, el exgerente de Urbanismo Manuel Lorente y conocidos promotores y técnicos municipales, entre los que figuran los promotores José Julián Romero y Manuel José Rodríguez Acosta, el que fue secretario de la Junta de Compensación de los terrenos, el vicesecretario del Ayuntamiento, el que fuera jefe del Servicio de Gestión Urbanística desde septiembre de 2006 y el que lo fue hasta esa fecha.
El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, ha anunciado este miércoles el resultado de la sentencia absolutoria "como no podía ser de otra manera" y ha exigido al PSOE que deje de buscar en los Tribunales lo que no consigue en las urnas.
"No hay derecho de verdad a molestar de una forma tan mala a personas que están trabajando para la ciudad de Granada", ha asegurado el regidor municipal, que ha dicho entender que pueda haber críticas hacia algunos trabajos, para los que existen métodos contenciosos "y no el método penal".
La Audiencia Provincial de Granada ha absuelto a los ochos procesados por la operación urbanística relacionada con el Plan Parcial de Cerrillo de Maracena, donde estaba previsto construir el Palacio de Hielo, entre los que se encuentra el que fuera concejal de Urbanismo durante el primer mandato de José Torres Hurtado, Luis Gerardo García Royo (PP), o el exgerente de Urbanismo Manuel Lorente.
La Fiscalía solicitaba siete años de inhabilitación para los ocho, considerando al exconcejal y Lorente presuntos autores de un delito de prevaricación y al resto como "cooperadores necesarios" o "cómplices".
Así, para los dos primeros pidió la pena mínima por este tipo de delito, y para los demás, es decir los promotores José Julián Romero y Manuel José Rodríguez Acosta, el que fue secretario de la Junta de Compensación de los terrenos, el vicesecretario del Ayuntamiento, el que fuera jefe del Servicio de Gestión Urbanística desde septiembre de 2006 y el que lo fue hasta esa fecha, la misma condena como cooperadores necesarios o alternativamente tres años y medio de inhabilitación si se les considera cómplices.
Los hechos, que fueron denunciados en su día por el Ministerio Público, que entendía que pudo haber apropiación de aprovechamientos urbanísticos del Estado por parte del Ayuntamiento, se remontan al pasado 25 de septiembre de 2005, cuando el entonces edil de Urbanismo y varios promotores inmobiliarios firmaron un convenio para el desarrollo urbanístico del Plan Parcial, con una superficie neta de 177.384 metros cuadrados.
Sin embargo, según consideran los magistrados de la Sección Segunda en la sentencia notificada este mismo miércoles, la Administración General del Estado no experimentó "ningún perjuicio cierto", con independencia "de cuanto concierna a las controversias suscitadas entre los promotores y el Ayuntamiento", respecto del volumen y el valor económico de esos aprovechamientos que el Ayuntamiento se atribuyó, y además, si se considerara beneficiaria, así lo puede reclamar, según establece la ley.
En lo que respecta a los promotores, los jueces admiten que pudieron sentirse "sorprendidos" e incluso "engañados" ante la reclamación económica del Ayuntamiento terminó por dirigirles, que "prácticamente duplicaba" el valor previsto en el convenio para los aprovechamientos urbanísticos de titularidad municipal que se comprometían a adquirir.
Asimismo, "es también posible" que asumieran "de mejor o peor grado" ese sobrecosto, pero "lo cierto y verdad" es que no recurrieron el proyecto de reparcelación no la fijación de aprovechamientos", y aunque por ejemplo el promotor José Julián Romero sí llevó a los tribunales el propio convenio, se dictó ya sentencia contraria a sus pretensiones.
Por otro lado, consideran en el fallo judicial que durante el juicio, que se celebró a primeros del mes de mayo pasado, "no se ha ofrecido prueba reveladora" de concierto entre los promotores, los redactores del Plan Parcial y del proyecto de reparcelación y los funcionarios del Ayuntamiento.
Sí reconoce la Sección Segunda que "hubo irregularidades de trámite" en el desarrollo administrativo del Plan Parcial y el proyecto de reparcelación al no haberse efectuado en su momento a la Delegación de Hacienda de Granada las notificaciones previstas por la Ley reguladora del Patrimonio de las Administraciones Públicas, si bien incide en que "advertida dicha omisión" el asunto se subsanó el 24 de mayo de 2007.
Aparte de ello, "no hay atisbo de ninguna resolución arbitraria dictada en el seno de la corporación municipal para perjudicar legítimos derechos de la Administración del Estado en la ejecución del planeamiento", por lo que procede, según concluyen los jueces, la "libre absolución de todos los acusados".
Contra la sentencia cabe la interposición de recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS).
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