Torres Hurtado declara que nadie alertó de impedimentos en el convenio del Palacio de Hielo
El regidor municipal asegura que de haberse producido algún informe contrario el punto se habría retirado de la Junta de Gobierno en la que se aprobó
El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, a su salida de los juzgados. Foto: Luis F. Ruiz
El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, ha declarado este jueves como testigo en el juicio por la operación urbanística relacionada con el Plan Parcial de Cerrillo de Maracena, donde estaba prevista la construcción del Palacio de Hielo, y ha dicho que nadie puso pegas o alertó de que hubiera algún tipo de impedimento para su aprobación en la Junta de Gobierno local y que, de haberlo hecho, el punto en cuestión habría sido retirado "como es habitual".
Así lo ha asegurado el regidor municipal a preguntas de la Fiscalía, al mismo tiempo que ha manifestado que el entonces concejal de Urbanismo, Luis Gerardo García Royo, no estaba presente en esa junta porque "es normal" que un concejal pueda faltar a alguna de ellas o incluso el propio alcalde por otros compromisos.
"Los funcionarios son rigurosos y buenos"
A su salida de la Audiencia Provincial de Granada, el alcalde de Granada ha atendido a los periodistas para asegurar que los funcionarios del Ayuntamiento de la capital son "rigurosos y buenos", al mismo tiempo que ha defendido que defienden los intereses de Granada "sin menoscabo de los intereses de todos los demás". El regidor no ha querido hacer juicios de valor de por qué este asunto ha terminado en los tribunales, sin embargo ha manifestado que "cuando en el Gobierno de España estaba el señor Zapatero y su representante en Granada era Antonio Cruz decidieron traerse un abogado del estado de Madrid y presentar una denuncia por unos supuestos aprovechamientos urbanos y que no se habían hecho correctamente", ante lo que ha añadido que "que cada uno opine lo que quiera opinar". Ha recordado que los funcionarios de Urbanismo han sido muchas veces denunciados intentando introducir a Granada en un círculo de "ciudades de corrupción" y "siempre han sido absueltos".
Pese a que los informes que emiten los técnicos de cada área respecto a las decisiones que se toman en el órgano local gubernativo de Granada capital no son vinculantes, Torres Hurtado ha dicho que por norma general los puntos que son sometidos a aprobación por el equipo de Gobierno sí están "sustentados" por el informe del área correspondiente.
Sobre cómo se gestó el denominado 'plan del Palacio de Hielo', cuya terminología el alcalde ha atribuido a los medios de comunicación, el regidor ha dicho que había necesidad en la ciudad de construir una infraestructura de cara a la Universiada de 2015 y que él tiene delegadas sus competencias en los concejales, motivo por el que se ha desvinculado de las conversaciones o cuestiones de negociación propias que pudieran llevarse a cabo para ello.
Sin embargo, Torres Hurtado ha reconocido que sí se produjo un interés de los terrenos por parte de Caja Rural para la construcción de su nueva sede, ante lo que les ofreció la posibilidad de optar a ella "con su concurso público correspondiente" y cuya cuantía fue abonada.
Sobre el promotor José Julián Romero ha dicho que "ha puesto muchos proyectos" en los medios de comunicación de los que "ninguno ha llegado a ningún sitio" y ha asegurado que se produjeron quejas de los concejales y funcionarios del consistorio por las "situaciones indeseables" que el empresario mostraba a su llegada al Ayuntamiento de Granada.
En el banquillo de los acusados se sientan el que fuera concejal de Urbanismo durante el primer mandato de José Torres Hurtado, Luis Gerardo García Royo (PP), el exgerente de Urbanismo Manuel Lorente, los promotores José Julián Romero y Manuel José Rodríguez Acosta, el que fue secretario de la Junta de Compensación de los terrenos, el vicesecretario del Ayuntamiento, el que fuera jefe del Servicio de Gestión Urbanística desde septiembre de 2006 y el que lo fue hasta esa fecha. Para los ocho, la Fiscalía solicita ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público de carácter electivo y sobre cualquier otro que comprenda facultades de contratación.
Los hechos, que fueron denunciados en su día por el Ministerio Público, que entendía que pudo haber apropiación de aprovechamientos urbanísticos del Estado por parte del Ayuntamiento, se remontan al pasado 25 de septiembre de 2005, cuando el entonces edil de Urbanismo y varios promotores inmobiliarios firmaron un convenio para el desarrollo urbanístico del Plan Parcial, con una superficie neta de 177.384 metros cuadrados.
Popular ahora
