El Ayuntamiento de Armilla actualiza sus ordenanzas fiscales
Algunos tipos impositivos han estado congelados más de diez años
El pleno del Ayuntamiento de Armilla, celebrado este lunes, aprobó la actualización de los tipos impositivos de algunas ordenanzas fiscales tras estar congelados más de diez años. La alcaldesa de Armilla, Dolores Cañavate, ha explicado que el Ayuntamiento no ha actualizado sus ordenanzas fiscales desde hace diez años y, sin embargo, durante todo ese periodo ha prestados "los mismos servicios públicos".
Cañavate ha expuesto que los gastos municipales se han "incrementado" por causas como la subida del IPC, la guerra de Ucrania o la pandemia, todo esto “hace necesario" el incremento de ingresos para "mantener y aumentar" los servicios públicos de "calidad" que demanda la ciudadanía.
La portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, María Ángeles Bernabé, ha señalado señaló que la "prioridad" de su grupo es "garantizar" la suficiencia financiera de los servicios públicos que ofrece el Ayuntamiento, para que sea una "realidad" las política sociales, de vivienda e inversiones que generen empleo y atiendan a los barrios, así como "recuperar" y mejorar espacios públicos. "Con nuestro apoyo a estas propuestas conseguimos una estructura estable de ingresos y criterios de justicia social en los impuestos y tasas, aportando más las grandes empresas y entidades financieras en nuestro municipio", argumentó.
Por su parte, la concejala de Economía, Manuela Bertos, ha explicado en su intervención que Armilla tiene los tipos impositivos "más bajos" de entre los municipios de más de 20.000 habitantes, y recuerda asimismo que la localidad lleva "más de diez años sin actualizarlos", por lo que se hacía "necesaria" la modificación de las ordenanzas que los regulan.
Grandes empresas
En este mismo sentido, ha explicado la concejala que la "creciente" actividad económica del municipio y la "importante" cantidad de grandes empresas que se han instalado en el mismo ofrece la posibilidad de que la "mayor parte" de la carga fiscal no sea soportada por los vecinos, sino por las empresas de mayor tamaño. Por ello, se ha procedido a la modificación de los coeficientes de situación en el IAE, que afecta "solo" a las empresas que facturan más de un millón de euros.
También se ha procedido, a un incremento del tipo impositivo del IBI situándolo en el 0,64 que aún así, apunta Bertos, sigue siendo el "más bajo" de los municipios de más de 20.000 habitantes, pero la "mayor parte" de la subida afecta principalmente a las grandes empresas y propietarios cuyos bienes inmuebles tienen unos valores catastrales más elevados en base al umbral mínimo para cada uso a un tipo impositivo del 1,1. Y se "penalizará" con un recargo de hasta el 150% a los inmuebles deshabitados con carácter permanente y que pertenecen a bancos y grandes propietarios.
Por otra parte, el impuesto de vehículos incrementa las tarifas al 1,9% y en el impuesto sobre construcciones el tipo pasa a ser del 4%.
Además se procede a establecer nuevas bonificaciones, como la del impuesto de construcciones y en el IBI para favorecer la actividad medio ambiental con la instalación de placas solares. Se aumenta la renta máxima en el IBI para que las bonificaciones afecten a un mayor número de familias numerosas de categoría general y especial.
Por último, se aplica además una reducción para las licencias de terrazas en los negocios de hostelería del importe correspondiente a cuatro grupos de mesas y sillas para cada licencia autorizada.
