El Gobierno tramita 281 expedientes del PFEA en Granada con una inversión de 25,5 millones de euros
Del total, 20,1 millones se destinan al Plan de Garantía de Rentas y 5,3 millones a subvencionar proyectos del Programa de Generación de Empleo Estable
Un total de 281 expedientes del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), que suman una inversión de 25,5 millones de euros, se encuentran en tramitación en la provincia de Granada tras el cierre del plazo de solicitudes para el periodo 2023-2024.
Esta cantidad supone un incremento de algo más del cuatro por ciento con respecto al presupuesto del ejercicio anterior, cuando se destinaron 24,4 millones al este programa.
La subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, ha subrayado el doble objetivo que consiguen estos fondos, "permitiendo por un lado mejorar y crear nuevas infraestructuras en los municipios donde se desarrolla y, por otro, garantizar empleo y rentas a los trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, en épocas fuera de campañas".
De los 25,5 millones, un total 20,1 millones están destinados al desarrollo de los proyectos enmarcados en el Programa de Garantía de Rentas y se están repartiendo entre los 174 municipios de la provincia y 5,3 millones, para el de Generación de Empleo Estable que, en este caso, se están distribuyendo entre los proyectos que presenten los diferentes consistorios.
Entre las corporaciones que inyectarán una mayor cuantía para proyectos del Plan de Fomento del Empleo Agrario 2023 se encuentran Íllora con un importe de 1.490.379 euros, Loja con 1.228.131 euros, Huétor Tájar con 1.073.009 euros y Motril con 900.044 euros, lo que asciende a casi 4,7 millones de euros.
El importe aprobado por la Comisión Regional corresponde a los costes de contratación y Seguridad Social de los trabajadores, a lo que hay que sumar las aportaciones del resto de las administraciones -Junta de Andalucía, diputaciones provinciales y ayuntamientos- para la adquisición de los materiales.
Por ello, la subdelegada ha puesto en valor “la cooperación entre las administraciones estatal, autonómica y local, a través de su máximo representante, el presidente de la FAMP como un elemento fundamental para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos”.
