IU pide que se paralice el "desalojo" de más de 16.000 nichos y tumbas previsto por Emucesa
El portavoz del grupo, Francisco Puentedura, exige que no se produzcan las exhumaciones hasta que no haya "máximas garantías e información para familiares y allegados de las personas enterradas"
El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada ha exigido a Emucesa que paralice el procedimiento de desalojo de 16.179 nichos y tumbas del cementerio previsto para los próximos días "hasta que no haya un procedimiento que permita la máxima información y garantías para los familiares y allegados de las personas allí enterradas".
De este modo el edil de la formación de izquierdas ha criticado que Emucesa (sociedad municipal que gestiona el cementerio y que privatizó el PP) haya notificado mediante publicación en el BOP (Boletín Oficial de la Provincia) un procedimiento, con sólo 15 días de plazo, para proceder al desalojo de 16.179 unidades de enterramiento (nichos, tumbas, columbarios y panteones) por impago de la tasa de los derechos de conservación general del cementerio (desde el 2005 hasta el 2014), y en el que se reclama de 46 euros hasta 576 euros, por unidad de enterramiento. En este procedimiento sólo se da un plazo de 15 días para pagar o se procede al desalojo y con esta medida EMUCESA pretende recaudar 2.272.000 euros.
Para Izquierda Unida, este procedimiento abreviado, "sin tiempo, ni plenas garantías ni información suficiente a familiares y a las personas allegadas, demuestra la falta de respeto y falta de sensibilidad de Emucesa, y es por ello que exigimos la paralización de este desalojo hasta que se informe adecuadamente y se den todas las facilidades económicas y administrativas para que las familias y allegados puedan pagar y conservar el derecho funerario sobre estas tumbas y nichos".
Puentedura ha criticado que se acuda al BOP, "un procedimiento de notificación formal pero no efectivo, pues la ciudadanía no lee este boletín Oficial, y que Emucesa no haya hecho una campaña divulgativa a través de medios de comunicación". Además el concejal de IU ha señalado que lo único que se pretende "es hacer caja y liberar espacio para el negocio de esta empresa privatizada aunque sea a costa de tratar de esta forma tan injusta los restos mortales de miles de granadinos y granadinas".
Izquierda Unida ha denunciado también que a muchos familiares y allegados a personas enterradas "se les pongan todas las trabas económicas y burocráticas para poder cumplir con el pago de los derechos de conservación de las tumbas y nichos". "Se impide poder pagar esta tasa a quien no sea titular, y a todo familiar que quiera cambiar la titularidad se les cobra una tasa añadida por cambio de alrededor de 100 euros más. Por otro lado a personas allegadas no se les permite el cambio de titularidad y por tanto poder pagar esta tasa de conservación, con lo cual no todas son tumbas abandonadas sino que en numerosos casos es Emucesa quien por este tipo de trabas impide regularizar la situación", ha recalcado.
Al menos un año de información y exposición pública
Puentedura ha exigido "que no se produzca ningún desalojo hasta que no haya un reglamento con todas las garantías para notificar a los familiares" y este reglamento "debe contemplar al menos un año de información y de exposición pública" con una campaña informativa, con varios intentos de información mediante cartas certificadas, accediendo a datos actualizados de los familiares, poniendo anuncios en los propios nichos y tumbas y creando un buscador en la web de Emucesa.
Asimismo el portavoz municipal de IU ha pedido que Emucesa no ponga impedimentos burocráticos ni económicos para el cambio de titularidad de los nichos y tumbas y que permita a cualquier familiar y persona allegada pagar los derechos de conservación, y que se fraccione el pago a aquellas personas que por problemas económicos lo soliciten.
Para el edil de la formación de izquierdas, esta falta de tacto y de sensibilidad es la consecuencia de la privatización de Emucesa que hace dos años realizó el Gobierno municipal del PP. Es por ello que han anunciado que se han puesto en contacto con la Consejera Delegada de la Empresa (la concejal del PP María Francés) para que detenga este procedimiento y se establezcan todas las garantías.
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