La Junta pagará 8,67 millones por la obra de la autovía Iznalloz-Darro
El portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, dice que "no se ejecutó" por parte de la administración socialista como consecuencia de su "mala gestión"
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado en su reunión de este martes, 25 de julio, el expediente de gasto de 8,67 millones de euros para resolver el contrato de concesión para la construcción, conservación y explotación de la autovía Iznalloz-Darro (A308) en la provincia de Granada, que "no se ejecutó" por parte de la anterior administración socialista como consecuencia de su "mala gestión".
Así lo ha sostenido el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en la que al hilo de este acuerdo ha lamentado que, más de cuatro años después de la llegada de Juanma Moreno (PP-A) a la Presidencia de la Junta, "seguimos haciendo frente al pago de millones de euros por la mala gestión de los anteriores gobiernos socialistas".
"Éste es un clarísimo ejemplo de ello", según ha remachado el consejero portavoz, que ha explicado que este contrato "se acordó en el año 2011 como la primera obra de colaboración público-privada para la construcción de autovías, e incluso se celebró un acto de inicio de los trabajos allá por el año 2012".
"Se hizo un acto, se hicieron muchas fotos", pero "la actuación jamás comenzó" y "nunca se llegó a ejecutar ni un solo metro de esa autovía", según ha denunciado Fernández-Pacheco antes de agregar que "no sólo no se culminó la autovía, sino que los anteriores gobiernos, los que sucedieron a ese año 2012, tampoco fueron diligentes para resolver ese contrato, lo que llevó a la UTE que había sido adjudicataria a presentar una reclamación formal ante la Junta de Andalucía en el año 2018".
Ahora, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha alcanzado "un acuerdo transaccional por el que se abona finalmente 8,67 millones de euros a esta UTE, en concepto de gastos, con lo que evitamos una indemnización millonaria que tendríamos que pagar todos los andaluces y que podría ascender nada más y nada menos que a más de 87 millones de euros por no ejecutar un contrato que se adjudicó en el año 2011 y que se vendió a bombo y platillo en el año 2012", según ha remarcado el consejero portavoz antes de lamentar que "los andaluces seguimos pagando el coste de la mala gestión del Partido Socialista en nuestra tierra", y de celebrar que, "afortunadamente", en Andalucía "las cosas están cambiando para mejor".
Según se detalla en la referencia del Consejo de Gobierno, el pago acordado con la UTE, que incluye la actualización conforme al IPC, cuenta con dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía y con la conformidad previa del contratista. Además, la Agencia de Obra Pública devolverá el aval depositado en su día por el concesionario para la formalización del contrato.
Desde el Gobierno andaluz han explicado que la Junta adjudicó el 9 de mayo de 2011 por 184,7 millones de euros a una unión temporal conformada por cuatro empresas el referido contrato de concesión de la autovía Iznalloz-Darro, con un plazo de ejecución de 32 meses y, por tanto, con una previsión de puesta en servicio de finales de 2014. Este contrato fue la primera obra del plan de colaboración público-privada lanzado en 2009 por el entonces gobierno de la Junta de Andalucía para la construcción y explotación de vías de gran capacidad.
Sin embargo, este plan "nunca se materializó, pues no se construyó ninguna de las carreteras previstas", incluida la autovía Iznalloz-Darro. El concesionario no cumplió el plazo establecido ni la posterior prórroga al cierre de la financiación o entrega del Plan Económico-Financiero, instrumento que, según la Junta, debía dotar a la construcción de recursos económicos necesarios para su ejecución y que figuraban en el propio pliego del contrato.
Al respecto, la concesionaria aludió que este plan no se llevó a efecto "por la incertidumbre vertida al proyecto por los responsables del Gobierno andaluz de aquel momento, que mostraron públicamente su disposición a una resolución o suspensión del proyecto". Eso derivó, según argumentaron, en que las entidades financieras con las que se había negociado desistieran.
Pese a mostrar esa disposición, los dirigentes de las administraciones anteriores no resolvieron el contrato durante los años posteriores a la paralización de estas obras, según han incidido desde la Junta. Seis años después, el 3 de diciembre de 2018, la concesionaria reclamó a la administración autonómica una indemnización por daños y perjuicios de 87,21 millones de euros conforme a su interpretación del pliego del contrato de concesión por colaboración público-privada suscrito en julio de 2011 con la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.
A dicha solicitud de la resolución por vía administrativa se sumó la interposición de una demanda ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Sevilla, en la que la concesionaria seguía reclamando una indemnización por daños y perjuicios en concepto de lucro cesante, al margen del reconocimiento de los costes incurridos.
Durante la pasada legislatura, una vez iniciado el expediente de resolución por parte de la Agencia de Obra Pública de la Junta el 9 de octubre de 2020, se acordó el archivo provisional de las diligencias evitándose la judicialización y, posteriormente, el concesionario formalizó su desistimiento definitivo a continuar con dicho recurso contencioso-administrativo. A partir de ahí se adoptó la vía de resolver el contrato.
Esta solución queda totalmente formalizada, con la autorización del Consejo de Gobierno, y la posterior aprobación del acuerdo transaccional por parte del Parlamento de Andalucía, que, según ponen de relieve desde la Junta, otorga la "máxima seguridad jurídica" a ambas partes, es decir, a la administración y la sociedad concesionaria.
Dictamen del Consejo Consultivo
El dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía avala esta resolución, considerando ajustado a derecho el reconocimiento de los costes incurridos por el concesionario. La administración ha cuantificado estos costes conforme a lo dispuesto en el pliego.
Estos costes incurridos o inversión efectuada se corresponden al pago del impuesto del Patrimonio Cultural y el impuesto de transmisiones patrimoniales, además de los gastos derivados del establecimiento de una oficina, la contratación de personal, los gastos de consultoría por la redacción del proyecto de construcción o el ensayo de materiales.
También se incluyen otros gastos derivados de la elaboración de su oferta, como avales y seguros o gastos en topografía y cartografía. Todos estos gastos fueron efectuados durante 2011 y 2012.
La gestión de este expediente de resolución del contrato ha evitado una judicialización del conflicto, con la consiguiente dilación hasta la sentencia firme y el abono adicional de intereses de demora, además del pago de una indemnización millonaria, tal y como sucediera en las sentencias de otras obras, como las de la Línea 1 del Metro de Sevilla o el centro comercial Nevada en Armilla.
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