martes 19 octubre
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La Justicia comienza el año nuevo Judicial en Granada

El presidente del TSJA ha llamado a "redoblar esfuerzos" para que el organismo gane en "credibilidad y eficiencia"

Los jueces, reunidos durante el acto. Foto: Álex Cámara

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha llamado este viernes en Granada a "redoblar esfuerzos" para que la Justicia gane en "credibilidad" y en "eficiencia", en un inicio del año judicial marcado por la persistencia de la pandemia, que ha "incidido en el colapso de los asuntos judiciales", y por el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), convertida, según ha lamentado, "en campo de contienda de los partidos políticos".

Lorenzo del Río ha hecho estas reflexiones durante su discurso en el acto oficial de apertura del año judicial, que se retoma tras la suspensión del pasado ejercicio aunque con un formato reducido ajustado a las restricciones sanitarias, y al que han asistido, entre otros, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, y la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet.

El presidente del alto tribunal andaluz ha señalado como un "objetivo irrenunciable" el que la Justicia gane en credibilidad, advirtiendo de que "convertir la renovación del CGPJ en campo de contienda de los partidos políticos traslada a la ciudadanía un mensaje de dependencia", de modo que si bien este órgano debe "exteriorizar la independencia de los jueces en relación al poder político, la apreciación ciudadana lo sitúa como prueba de la dependencia de ese poder".

Tras recordar que Europa viene instando a España a superar la situación de bloqueo en la renovación del CGPJ, Lorenzo del Río ha urgido a revertir esta situación, "asentando el poder judicial, su órgano de gobierno, en un ámbito de independencia real y perceptible, como medio para que la legitimidad de los jueces no pueda estar cuestionada".

Eficiencia en tiempos de Covid

Para Lorenzo del Río, el segundo "gran reto" que debe afrontar la Justicia es ganar en eficiencia, tanto en el plano organizativo, como legislativo y tecnológico. Según ha recalcado, los efectos de la crisis de la Covid-19 sitúan a la Justicia ante un horizonte "incierto y complicado", ya que, "además de desvelar en toda su crudeza las carencias y debilidades" de su sistema organizativo, la coloca en una tesitura donde "difícilmente la Administración de Justicia, con su actual estructura y medios, va a poder resolver en un plazo razonable y con la calidad deseable el ingente número de litigios".

En el caso concreto de Andalucía, ha llamado a materializar "plenamente el Plan Estratégico y de Calidad de la Administración de Justicia, continuar el impulso del desarrollo de las nuevas tecnologías, llevar a cabo la mejora de las infraestructuras judiciales y una eficaz gestión de los recursos humanos".

En este contexto, ha confiado en que la Consejería de Justicia aproveche los fondos del Plan de Recuperación 'New Generation EU' para avanzar en la digitalización de la Justicia y el despliegue de infraestructuras digitales básicas que aseguren la inmediación digital, el trabajo deslocalizado, un canal de atención a la ciudadanía y profesionales, con sistema de cita previa, todo ello en un entorno de ciberseguridad. A ello ha sumado la materialización del nuevo sistema de gestión procesal @driano, en fase de construcción e implantación, y su plena interoperabilidad.

En el ámbito estatal ha echado en falta los diferentes proyectos legislativos esenciales para reforzar la Justicia. Ha urgido así a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como a la adopción medidas que permitan controlar la "preocupante" tasa de litigiosidad actual como consecuencia, en gran parte, de un uso excesivo de la Justicia.

Ha puesto en este sentido como ejemplo la gestión de la pandemia en el país, en tanto que si bien las restricciones adoptadas han sido semejantes en todos los Estados de nuestro entorno no ha tenido en ellos tanta repercusión en el funcionamiento de los tribunales, como ha ocurrido por el contrario en España.

Junto a ello, Lorenzo del Río se ha referido a las decisiones judiciales contradictorias que se han producido en torno a algunas de las medidas planteadas para la lucha contra la pandemia y ha llamado a poner esfuerzo en "garantizar a los ciudadanos una mínima uniformidad y seguridad jurídica, procurando evitar decisiones dispares ante asuntos similares".

Fiscalía Superior

La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, también se ha pronunciado sobre el funcionamiento de la Justicia durante la pandemia, lamentando que el periodo de confinamiento ha mostrado a la sociedad las carencias con las que el sector judicial realiza su trabajo.

"Ha comprobado que no estamos preparados para trabajar digitalmente ni para el teletrabajo como sí han podido realizar otras administraciones y que los edificios judiciales no están diseñados para mantener las distancias sanitarias".

El confinamiento ha evidenciado, ha agregado, la necesidad de armonizar en las Comunidades Autónomas la implantación de la Justicia digital en todos los operadores jurídicos, el acceso al expediente digital único de jueces y fiscales y dotar de aplicaciones telemáticas a los funcionarios judiciales para poder también teletrabajar y tramitar expedientes y prestar un servicio ágil y eficaz en la respuesta a la ciudadanía.

Entre otras cuestiones, Tárrago se ha referido al Plan Especial contra el narcotráfico implementado por toda la costa de Andalucía, que según ha dicho está permitiendo luchar de manera eficaz contra esta lacra y ha favorecido que las operaciones de desarticulación de bandas del narcotráfico hayan aumentado en el último año un 53%. Junto a ello, han aumentado un 43% las operaciones dirigidas a combatir el blanqueo de dinero.

No obstante, frente a los "éxitos" en la lucha contra el tráfico de drogas "persisten", según ha incidido, los problemas en la estructura de las plantas judiciales cuando las causas son instruidas en Juzgados Mixtos que no tienen capacidad material y recursos de personal para resolver en tiempo y "puede producir dilaciones que pongan en peligro el óptimo desarrollo de los procedimientos".

12 nuevas unidades judiciales

Por su parte, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha explicado hoy que su Consejería ha solicitado al Ministerio de Justicia la puesta en marcha de 12 nuevas unidades judiciales para Andalucía antes de que acabe el año, el doble de lo que inicialmente se había planteado.

“Estamos esperando el despliegue de esas 12 unidades judiciales, precisamente en Granada va una nueva de lo Social, para poder seguir agilizando la Justicia en nuestra comunidad autónoma”, ha subrayado antes de destacar el “importante esfuerzo” por la Justicia del Gobierno andaluz con la creación de estos nuevos órganos y la recuperación del Plan para la Reactivación de la Administración de Justicia tras el verano.

Las 12 unidades solicitadas serán: una para Granada (Juzgado de lo Social número 8), una para Almería (Juzgado de lo Mercantil 2), una para Córdoba (una plaza de magistrado/a para la Sección 3ª de la Audiencia Provincial), dos en Sevilla (una plaza de magistrado para la Sección 3ª de la Audiencia Provincial y el Juzgado de lo Social 13), tres para Cádiz (una plaza de magistrado para la Sección 5ª de la Audiencia Provincial, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Arcos de la Frontera y el de Primera Instancia e Instrucción 4 de San Fernando), y cuatro para Málaga (una plaza de magistrado para la Sección 6ª de la Audiencia Provincial, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo 8, el Juzgado de lo Social 14 y el de lo Mercantil 3).

Juan Marín, presente en el acto. Foto: Álex Cámara

Marín ha recordado que la Consejería de Justicia ha retomado esta misma semana la segunda fase del Plan de Choque, tras las vacaciones de verano. Se trata del Plan más ambicioso que se ha llevado a cabo en Andalucía en la Administración de Justicia, con una inversión de 15 millones de euros en total gracias al cual “estamos sacando miles de expedientes que se quedan encima de la mesa pendientes de que haya un juez o una jueza que designe fecha para celebrar la vista”. Por ello ha insistido en que para aliviar la carga de trabajo resulta fundamental que “el Consejo General del Poder Judicial nombre más jueces”.

El plan de refuerzo beneficia a 303 juzgados andaluces, ya que tras el verano y después de haberse revisado el documento en función de las necesidades que han remitido los secretarios coordinadores judiciales de cada provincia, se ha incluido un juzgado más (en Sevilla), y además se ha puesto en marcha refuerzos extra en Granada, con un funcionario más en cada juzgado de lo Penal, y en Málaga, que cuenta con un equipo de apoyo para los juzgados de lo Social.

Inversiones en infraestructuras y digitalización

Marín ha destacado que “en Andalucía estamos haciendo un esfuerzo, no solamente en inversiones importantes en infraestructuras que están ya en marcha” como las obras de la Caleta en Granada “que llevaban años esperando” o la próxima licitación de la reforma de la Oficina de la Fiscalía “, que es otro de los proyectos que nos habían demandado” sino en avanzar en la “digitalización y modernización de la Justicia.

En este sentido, ha puesto en valor que “la implantación y despliegue de Adriano es una realidad, con experiencias pilotos que se están desarrollando” y ha avanzado que desde la Consejería se hará una apuesta por seguir trabajando en esa línea con la aportación de los fondos Next Generation. “La digitalización y posibilidad de celebrar vistas, como hemos demostrado en la pandemia, con medios digitales que van a ayudar mucho a aliviar la pendencia'', ha defendido.

Marín también ha hecho hincapié en la apuesta de la Consejería por la mediación con la puesta en marcha Puntos de Información para la Mediación en Andalucía (PIMA) en toda la comunidad y ha instado a “todas las autoridades judiciales y también del conjunto de los ciudadanos” a “buscar soluciones antes de llegar a judicializar conflictos”.

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