lunes 30 noviembre
Opinión  |   |

Abandonados a su suerte

El Gobierno de España ha decretado el Estado de Alarma hasta el mes de mayo de 2021, habida cuenta de lo feo y peligroso que se ha puesto el rebrote de la pandemia COVID19, cosa que se sabía que se iba a producir si no se aseguraban determinadas prevenciones. La Junta de Andalucía ha fijado como hora máxima de estar en la calle las diez de la noche, en atención a la situación extrema gravedad que padecemos en Granada. Pero en la calle sigue habiendo personas, son lo que conocemos como los que no tienen un hogar, los sintecho o como he leído en un articulo de opinión “los que duermen bajo las estrellas”.

En Granada, un 35% de la población está en riesgo de exclusión social, esto es, que tienen enormes dificultades para llegar a fin de mes y que al mínimo inconveniente tendrá que decidir entre alimentarse o pagar el alquiler o la cuota hipotecaria. A esto se le llama en Derecho “defunción civil “. Son los “muertos vivos” que sobreviven en la economía sumergida y/o tienen en la precariedad laboral y salarial su modus vivendi, son vecinas nuestras al borde del precipicio y que en cualquier momento pueden verse desahuciados. A esto hay que añadir los doscientos seres humanos que no tienen techo, que viven y duermen en la calle aún la pandemia o el “toque de queda”, sin que las autoridades municipales de Granada dispongan los recursos suficientes para atender unas mínimas necesidades de acogida. Solo les queda esperar la muerte. El frio del invierno que nos espera será implacable.

Una ciudad sostenible, como se jacta en definir a Granada nuestro alcalde Salvador, no puede tener vecinos durmiendo en sus calles, cuando es posible una mejor utilización viable de los recursos dotando de mejores herramientas de apoyo a la Casa de Acogida Madre de Dios, a la organización OCREM, al Centro Municipal de Encuentro y Acogida y al programa municipal Housing First, como muy acertadamente ha señalado la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en su queja al Defensor del Pueblo Andaluz, en la que se propone, priorizar y ampliar espacios accesibles, abiertos y preventivos contra el COVID19, prestando servicios de pernocta, estancia diurna, atención social, sanitaria, alimentación, higiene personal, de ropa y enseres, con previsión de actividades individuales de ocupación del tiempo en confinamiento prolongado, aislamiento y cuarentena de los casos de personas afectadas por el coronavirus menos graves.

La agenda 2030 define con mucha claridad cómo deben ser los espacios urbanos, que deben ser más inclusivos. En este sentido, la relatora de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, Leilani Fahra, ha asegurado que, durante la crisis sanitaria, "la vivienda se ha convertido en la primera línea de defensa contra el coronavirus". "Tener un hogar, ahora más que nunca, es una situación de vida o muerte".

Se trata, sobre todo, de una decisión de liderazgo político, construyendo unos servicios básicos adecuados, lo que contribuirá al crecimiento y desarrollo sostenible, en el objetivo que nadie viva en nuestras calles. Es necesario también aumentar el compromiso social que, sin duda, servirá para presionar en la dirección correcta, para ello, debemos incorporar a nuestro convencimiento que el empleo no es el único factor que consigue inclusión social, es imprescindible crear y/o ampliar, así mismo, el parque público de vivienda en alquiler social que supere el vergonzante “alquiler” por habitaciones en economía sumergida. Sin olvidar que es de vital importancia que el Ayuntamiento de Granada, en colaboración con la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía, impulse un acuerdo de cooperación con el sector privado, especialmente, con los grandes tenedores de viviendas, como son los bancos, que permita una oferta de viviendas en alquiler accesible. Se trata de crear, por llamarlo de una forma que todo el mundo entiende, un nuevo mercado en el que no existe oferta, pero hay una extraordinaria demanda, lo que traerá el beneficio del conjunto. No hablo del bien común, sino del beneficio común.

Por último, siguiendo a José Manuel Caballol (Hogar Sí), las personas afectadas por el sinhogarismo en nuestra ciudad, lo mismo, las personas dependientes o las que sufren discapacidad no solo deben tener una respuesta en alojamientos colectivos institucionalizados, deben desarrollarse alternativas con base en viviendas normalizadas en entornos comunitarios para que las personas cuenten con un hogar, en el que, también puedan recibir los apoyos profesionales necesarios a través de los servicios sociales municipales, lo que sin duda conllevará que nadie viva en la calle, lo que se contrapone a que las personas sinhogar sean abandonadas a su suerte.

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Columnista
Salvador Soler

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