Acuerdo decisivo
Este mandato municipal va a resultar decisivo para la ciudad, entre otras cosas porque cumplen los dos contratos de servicios más costosos, el transporte urbano y la recogida de basura y limpieza viaria. Ambos suman unos 80 millones de euros anuales. Pero además de muy costosos tienen otro elemento común, su larga duración, 60 años el primero y 50 años el segundo.
El Ayuntamiento está en la ruina y no es por casualidad. La desidia y la indolencia sucesiva nos ha traído hasta aquí. Estamos entre los municipios con peores cuentas de España. 58 millones de déficit y un periodo medio de pago de facturas a proveedores de seis meses y medio.
El contrato con Inagra finaliza este 31 de diciembre. Pero tras 50 años de contrato se llega tarde a decidir cómo se van a gestionar los servicios de recogida de basura y limpieza viaria y en enero esta empresa seguirá prestando el servicio mediante prórroga forzosa porque nuestros gestores se han dormido en los laureles y de forma negligente han dejado de hacer sus deberes. Resultado, más sobrecostes. Más ruina.
Este proceso debió comenzar a prepararse durante el mandato anterior, pero Paco Cuenca (PSOE), al igual que Luis Salvador (Cs) y sus socios del PP, parece que estaban más preocupados de las fotos que de resolver los grandes problemas de Granada.
Ahora se quieren tomar las decisiones de prisa y corriendo. Se convoca Pleno extraordinario para aprobar la Memoria sobre el modo de gestión de estos servicios. Hay que decidir si se opta entre la gestión directa por el propio Ayuntamiento o la gestión indirecta, volver a contratar una empresa privada. Es un tema lleno de prejuicios ideológicos pero realmente es una cuestión de números.
El primer antecedente a tener en cuenta está en la Ley de Contratos del Sector Público (art. 30.3): “La prestación de servicios se realizará normalmente por la propia Administración por sus propios medios”. El segundo, lo define la Ley de Régimen Local (art. 85.2) al establecer como criterio fundamental para elegir el modelo de gestión aquel que sea más sostenible y eficiente. El que aporte mayor calidad y mejor precio a lo largo del periodo de prestación del servicio.
La Memoria que se presenta a aprobación del Pleno se supone que debe ofrecer elementos de decisión sobre el modelo de gestión.
La primera impresión que da su lectura es que la decisión de optar por la gestión privada estaba tomada previamente y que el texto únicamente intenta justificar esa decisión. Todas las declaraciones previas de los concejales del equipo de gobierno así lo demostraban. No tenían ninguna duda, la gestión privada es siempre mejor. Pura ideología. Puro prejuicio.
Es incomprensible que en el expediente no se hayan incluido los trabajos de la Comisión de Control de Grandes Contratos y concretamente las aportaciones e informes de dos economistas, un catedrático de Derecho Administrativo y el expresidente del comité de empresa de Inagra. Con puntos de vista diversos pero solventes. También llama la atención que a dicha Comisión no se hubiera llevado esta Memoria para su estudio y debate. ¿Para qué se creó entonces la Comisión? ¿para perder el tiempo? ¿para tomar el pelo a la gente?
Resulta curioso que los redactores de la Memoria, funcionarios ellos, incluyan en la misma enormes loas a la gestión privada y un cuestionamiento permanente de la gestión pública. Parece una contradicción flagrante. Vienen a decir que la administración pública, a modo de maldición divina irremediable, favorece el absentismo y la ineficacia en las compras y en la gestión de sus recursos… Extraña que no se concluya que lo mejor es disolver y privatizar al propio Ayuntamiento.
En su afán la Memoria cae en alguna contradicción. Por un lado se afirma que los salarios del personal de la empresa son elevados, bastante superiores a los del personal municipal y que por tanto su integración, vía subrogación, ocasionaría agravios comparativos y generaría conflictos internos. Pero por otro, viene a decir que entre las virtudes de la empresa privada es que tiene mecanismos para abaratar costes de personal. ¿En qué quedamos?
La conclusión de la Memoria no podía ser otra que defender la eficiencia de la gestión privada. No era fácil dado que la gestión pública directa tiene de salida dos ventajas importantes, el ahorro del 10% de IVA (casi cuatro millones) y del beneficio industrial (en el caso de Inagra 3,3 millones). Para compensar estas elevadas cuantías se hace la siguiente operación, al coste de personal se le añade el 8%, y a los costes de amortización de inversiones y de gastos de explotación, se le suma un 6% sobre los presumibles costes de la gestión privada. Todo arreglado. La gestión indirecta, a través de empresa privada, es mejor. Cuestión resuelta. A otra cosa mariposa.
Pero ¿por qué se aplican estos recargos del 8% o del 6%?. Pues la Memoria lo resuelve de manera muy sencilla, diciendo que “con prudencia podemos considerar que la gestión directa tiene al menos un incremento de los costes laborales en un 8% respecto a la gestión indirecta” o que “el ahorro promedio de las empresas privadas en la compra de los diferentes consumibles alcanza unos niveles promedio del 6%”. ¿Se menciona algún estudio que avale estas estimaciones?. Ninguno.
Respecto al beneficio industrial la Memoria afirma que sería del 3%, porque es “el beneficio industrial medio de las empresas de recogida y limpieza viaria”. Paradójicamente en Inagra ese beneficio fue del 9,45% el año pasado y aún mayor en 2018.
De acuerdo con la posición de voto expresada por los distintos partidos, la nueva privatización saldrá adelante con el voto a favor de PSOE, PP, Cs y Vox y el voto en contra de Podemos-IU. Paradójicamente, el Ayuntamiento de Málaga, con alcalde del PP, decidió en marzo pasado justo la opción contraria, remunicipalizar estos dos servicios. Los argumentos, que la gestión pública es más eficiente, mejora el servicio y ahorra costes. Y así lo dice en su Memoria y en el informe de Intervención.
Como decía antes, no es cuestión de ideología sino de números.
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