Año nuevo, viejos problemas
Año nuevo, vida nueva. Es un refrán muy usado en estas fechas cuyo significado, según el Instituto Cervantes, expresa optimismo, bien como creencia pasiva de que el mero cambio de año conllevará mejores expectativas, bien como declaración activa de nuevos propósitos. También como fórmula de saludo para transmitir a los demás deseos de cambios positivos. En cualquier caso, si no queremos dejar esos cambios en manos de la fortuna, del azar, sólo serán posibles aplicando voluntad, compromiso y esfuerzo, personales o colectivos.
Acabamos el año con toda una serie de problemas muy serios y en un ambiente político de crispación y creciente enfrentamiento, por ahora sólo verbal aunque ya con algunos incidentes que apuntan a donde podríamos llegar de no frenar esta deriva. Complicado afrontar decisiones cruciales y complejas, con perspectiva de futuro, si seguimos inmersos en discursos simplistas, incluso simplones cabría decir, y con un alto grado de agresividad. Sobra brocha gorda y maniqueismo bobalicón.
Recién cumplidos 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos andamos mirando para otro lado cuando interesa. Es cierto que en un mundo globalizado la “Real Politik” puede exigir relacionarse y comerciar con países cuyos regímenes son poco presentables, pero otra cosa es utilizar los Derechos Humanos a beneficio de inventario. Puede que resulte imprescindible tener que comprar petróleo a regímenes ominosos, pero eso no significa por ejemplo que haya que venderles la Supercopa de España de fútbol. No cabe condenar a Rusia por su agresión a Ucrania y a la vez apoyar o mirar para otro lado respecto al genocidio televisado que Israel está perpetrando contra el pueblo palestino. O abandonar a su suerte al pueblo saharaui, agredido y desplazado por Marruecos. Los Derechos Humanos deben ser tenidos muy en cuenta para la toma de decisiones si queremos aspirar a hacer un mundo de mayor paz y justicia.
Salvo minorías negacionistas existe un amplio consenso respecto al cambio climático provocado por el hombre y la necesidad de adoptar medidas que eviten el colapso, del que ya estamos percibiendo sus prolegómenos. Sin embargo la Cumbre sobre el Clima se realiza en una petromonarquía y bajo la presidencia de un magnate del petróleo. Con esos antecedentes el fracaso estaba garantizado. Hay que adoptar medidas, por muy dolorosas que puedan ser. No tenemos derecho a arruinar el planeta que dejaremos a las próximas generaciones.
Se habla continuamente de sostenibilidad, pero realmente se sigue pensando y actuando en términos de crecimiento sostenido, a pesar de la evidente imposibilidad de mantener un crecimiento infinito en un planeta finito. Una obviedad que choca con la actitud de avestruces que en la práctica se sigue manteniendo. No solo se ha llegado al pico del petróleo o el gas, también son escasos otros minerales y materiales imprescindibles para mantener la actividad económica e incluso para desarrollar lo que se consideran energías alternativas. El actual modelo económico, basado en la competencia y el crecimiento permanente, no es sostenible. La competición por esos recursos escasos conducirá cada vez más al conflicto y a la guerra. Es preciso introducir mecanismos de mayor cooperación que permitan el sostenimiento justo de la vida humana y natural.
Esta realidad insoslayable tiene repercusiones también en lo más cercano. Los discursos no deben ser palabras vacías sino que deben conducir a hechos acordes con la realidad que se predica. No cabe hablar de sostenibilidad y a la vez promover medidas que atentan contra Doñana. Ni estar proponiendo medidas excepcionales contra la sequía y al mismo tiempo permitir el uso excesivo e ilegal del agua en Sierra Nevada. O pretender ampliar la estación de esquí y hacer grandes inversiones cuando no nieva y se eleva la temperatura de manera que en poco tiempo muy probablemente sea completamente inviable. De hecho, en este momento, cuando deberían estar en pleno apogeo, en España hay varias estaciones de esquí cerradas por falta de nieve y otras están bajo mínimos.
Todos los datos indican que Granada es una de las ciudades más contaminadas ya no de España sino de Europa. Se conoce cual es la fuente principal de esa contaminación. Pero lejos de adoptar medidas para hacerle frente se apuesta por gastar más dinero en construir más carreteras, que sólo atraerán más vehículos que quedarán atrapados en los cuellos de botella de las entradas a la ciudad. Hay que cambiar el modelo de movilidad, con más transporte público, tren, autobuses, vehículos de movilidad personal, desplazamiento a pie...
En España el debate político tiene casi como monotema la amnistía. Todo se centra en este proyecto de ley y en la figura de Puigdemont. Es evidente que la declaración de independencia de 2017 fue un disparate, no solo jurídico sino también político. No hay legitimidad democrática alguna que se pueda alegar para una declaración cuyo respaldo electoral no llegaba entonces al 50% de los votantes. Hoy menor aún. Pero el problema no es Puigdemont, por mucho que se empeñen determinados líderes de la derecha española. El problema esencial es que tantos catalanes, unos dos millones, desearan separarse de España. El objetivo nunca debió ser encarcelar a Junqueras o Puigdemont sino tratar de convencer, de seducir, a tantas personas de que España puede ser un proyecto común que merezca la pena. Y para ello es necesario construir ese proyecto de Estado, plenamente democrático, respetuoso de su pluralidad y donde exista justicia social.
En el País Vasco existe una mayoría política independentista y sin embargo, hoy por hoy, no hay ningún problema de pulsión separatista. Las encuestas muestran el menor porcentaje de partidarios de la independencia de toda la etapa democrática. Ese es el camino a conseguir. Y para ello hay que prescindir de mantener o abrir nuevos focos de tensión y enfrentamiento. Olvidarse del “a por ellos”. Solo desde el diálogo y la cooperación se puede lograr la unidad voluntaria, el deseo de pertenencia. Es imposible obligar a nadie a querer ser español, porque los sentimientos no pueden imponerse por ley.
Necesitamos mejorar las políticas de cuidados, ofertar a la juventud expectativas de futuro, afrontar decididamente los problemas de acceso a la vivienda o al trabajo decente, que son derechos constitucionales, no meras mercancías. Igual que la salud y la educación.
Pongámonos a ello, porque cambiar de año no trae automáticamente mejoras si no nos afanamos día a día en conseguirlas.
¡Feliz año!
