viernes 19 julio
Opinión  |   |

Cortes de luz, potencia y negocio

Recientemente, el Defensor de la Ciudadanía de Granada, hizo público un informe en el que alertaba a las autoridades de Granada que los cortes de luz indiscriminados y arbitrarios de Endesa, bien directamente, o a través de sus comercializadoras pantalla, que afectan especialmente al distrito Norte generan emergencia social y que lejos de remitir va en aumento, reclamando en este sentido que las administraciones públicas implicadas actúen de consuno y establezcan, recogiendo la propuesta del barrio, un cauce de negociación con participación ciudadana en la finalidad de acabar con esta degradante situación, cuyo responsable principal es la citada compañía eléctrica.

El corte de suministro eléctrico es arbitrario y estratégico, se hace de forma sistemática y organizada, con ejecución perfecta por Endesa en la zona Norte de Granada y es el medio para conseguir un fin, al que después me referiré.

A la emergencia social hay que unir la alerta sanitaria hecha pública por el Centro de Salud de Cartuja, esto es, que lo que está en riesgo y/o peligro es la seguridad colectiva y la salud pública, mientras, las autoridades locales y autonómicas siguen mirando hacia otro lado abandonando a su suerte a la población de Granada Norte, aún cuando el apagón que provoca Endesa influye y perjudica a tan esencial servicio público como es el sanitario, aunque no es el único (los colegios también), a lo que debería prestar atención la Fiscalía, pues es notoriamente público, que está amenazada la seguridad material de una parte importante de la población granadina, que está sufriendo daños y peligros de especial dimensión que afectan a la salud pública por la gran trascendencia de los daños personales que pueden originar los apagones a la vida, la integridad física y la salud, entre otros. Esos bienes jurídicamente protegidos se ven afectados por los cortes de luz sistemáticos que se originan por la muy deficientes instalaciones que mantiene Endesa que, a sabiendas de los riesgos inherentes al pésimo funcionamiento de la red eléctrica, deriva su responsabilidad a la acción de terceros y lo hace como coartada.

El corte de suministro perjudica severamente, así mismo, a la actividad empresarial en el barrio, a la que generan un grave perjuicio económico irrecuperable, pues se ven forzadas a cesar en su actividad productiva de la peor manera. El efecto huida ante la falta de soluciones ha dejado de ser una preocupación para ser un peligro inmediato. Si esto se consuma, la economía del barrio entrará en colapso definitivo y la despoblación será un hecho.

La descoordinación entre instituciones del Estado, la autonómica y la local es muy responsable de la situación que se dibuja y es un hecho muy pernicioso que tiene en uno de sus cúlmenes el despropósito de achacar, interesadamente, solo al cultivo de la marihuana los cortes de luz en el norte de la ciudad de Granada, cuando lo que hay es una instalación obsoleta. Perseguir el delito es cosa del Estado, procurar que las instalaciones de suministro de luz cumplan con los estándares mínimos es competencia de la Junta de Andalucía y que la población más desfavorecida no vea suspendido el abastecimiento mediante el oportuno convenio de colaboración con ENDESA es competencia del Ayuntamiento, la cuestión clave es que las tres administraciones deben actuar de forma coordinada y exigir, cada una en sus competencias, a la compañía eléctrica que cumpla utilizando los medios legales de los que se dispone, a lo que hay que unir la movilización ciudadana, solo así se podrá ir superando el desastre que hoy se vive y que solo se justifica desde la lógica del negocio que persigue Endesa, que no es otro que obligar a contratar más potencia eléctrica, he aquí, por tanto, el detalle y por lo que se explica el metódico apagón que, no es más que una estrategia organizada dirigida a personas, centros de salud, colegios y empresas, con la finalidad de hacer recaer sobre todos ellos el coste de actualizar las instalaciones eléctricas. La puerta giratoria tiene un precio y ese no es debido por la ciudadanía.

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Columnista
Salvador Soler

Miembro del Consejo Ciudadano Municipal de Podemos Granada

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