Desmontando la sanidad pública andaluza
Granada, al igual que toda Andalucía, ha vuelto a salir a la calle en defensa de la sanidad pública andaluza. Decenas de miles de personas dejaron claro que es posible que en el gobierno del señor Moreno Bonilla piensen que las personas andaluzas son tontas y que no se dan cuenta de lo que está haciendo, esto es, desmantelar el servicio público de salud bajo el engañoso argumento de mejorar la asistencia pública sanitaria. El método es la externalización de servicios hospitalarios hacia el sector privado de la salud que recibe un inmenso regalo que aprovecha para captar como clientes a las personas derivadas desde los hospitales públicos y los centros de salud de atención primaria, colapsados a sabiendas, a la vez que tienen que soportar decisiones sustentadas en la incompetencia negligente. El delito de prevaricación, por si no se sabe, se comete por acción u omisión y castiga al/la funcionario/a que, a sabiendas de la arbitrariedad de su decisión la toma en perjuicio del buen funcionamiento de la administración pública, en este caso, la andaluza, que tiene conferidas las competencias de la sanidad pública, no para destruirla, sino para mejorarla y a la que debe dotar de los recursos necesarios para asegurar el mejor servicio público a las personas usuarias.
Mentiras, pasito a pasito, cooperación necesaria desde dentro, como caballo de Troya, y doctrina de la escasez sustentan el quehacer del señor Moreno Bonilla para desmantelar la sanidad pública andaluza y entregarla al sector privado, controlado por grandes corporaciones de seguros, entidades bancarias y fondos de inversión. Todas estas sociedades mercantiles consideran la salud de las personas como un negocio y cuando dejan de serlo, las expulsan del sistema privado.
Las mentiras se ocultan en medias verdades oficiales, baste el ejemplo de las listas de espera, por un lado, se dice por la Consejería de Salud que en Atención Primaria una persona es atendida antes de cuatro días, sin embargo, la realidad, según datos publicados, objetivos y contrastados sobre el terreno, la espera puede alcanzar hasta nueve días.
No digamos ya las que están pendientes de ser llamadas para intervención quirúrgica que se ve demorada un mínimo de seis meses. Para paliar esta situación el señor Moreno Bonilla adjudicará dos contratos públicos por 734 millones de euros para que la sanidad privada realice operaciones quirúrgicas, consultas y pruebas diagnósticas en los próximos cuatro años, a partir de 2024. Así, es obvio, que no se fortalece la sanidad pública andaluza, quedando en el limbo la bonanza del tan cacareado presupuesto de más de 13.000 millones de euros supuestamente destinados a mejorar el servicio público de salud de Andalucía, del que no se tienen datos de su resultado práctico.
Ese pasito a pasito a través de concursos de externalización de servicios hospitalarios cuenta con la cooperación de determinado personal que siendo personal funcionario del sector público de la sanidad tiene intereses en el sector privado, sin que se le aplique la ley de incompatibilidades. La ciudadanía debe saber que el personal funcionario no podrá compatibilizar ambas actividades si la remuneración que recibe de la caja pública supera un 30% la prevista en los Presupuestos Generales del Estado. La justificación de esa externalización es que la colaboración entre el sector público y el privado mejora la atención sanitaria, eso sí, con dinero público.
Mientras tanto, se mantienen precarizadas las relaciones laborales en la sanidad pública andaluza, con contratos de trabajo por horas, amortizando las jubilaciones que se vienen produciendo sin realizar suficientes contrataciones, en especial, de personal facultativo y de enfermería, desarrollando pedagógicamente la doctrina de la escasez, esto es, normalizar la situación de mantener bajo mínimos el funcionamiento hospitalario y de atención primaria para que las personas acepten como solución que sean derivadas al sector privado de la salud, donde son tratadas como clientes potenciales de una prestación de servicios profesionales y no como usuarias, vaciando así de contenido la universalidad de la Sanidad Pública.
Con todo, la principal preocupación del señor Moreno Bonilla es que España no se rompa a razón de los acuerdos de investidura del nuevo gobierno de coalición progresista que va a presidir el señor Sánchez Castejón, cuando lo que en verdad puede romper Andalucía y, por ende, España, es la quiebra de la sanidad pública, a lo que no está dispuesta la población granadina y andaluza.
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