Imbroda, un insulto a la sociedad del Siglo XXI
Imbroda ha conseguido lo imposible. Es la imagen viva del consenso. Ha sido capaz de poner de acuerdo a toda la comunidad educativa para decirle de manera contundente: “No, señor Imbroda”. Y ya saben, no es la primera vez que logra unir a profesorado, familias, equipos directivos y sindicatos. Ya pasó recientemente cuando pretendían hacer un cierre masivo de colegios públicos rurales y, también, con la implantación de los llamados CEIPSO. Recordemos que intentaron unificar centros de educación infantil, primaria y secundaria con el consiguiente cierre de colegios e institutos como la Escuela Infantil Generalife, el colegio Reyes Católicos o el IES Veleta en Granada capital. Esto supuso, además, un ataque a los proyectos educativos de los centros afectados, a su alumnado, a sus familias y a su profesorado. La consecuencia de este caos fue la dimisión del mensajero Antonio Castillo, exdelegado de educación en Granada, dejando vivo al consejero, el verdadero ideólogo de este atentado contra la escuela pública.
No satisfecho, de nuevo el señor Imbroda aparece en escena el pasado lunes anunciando por tierra, mar y aire un decreto de escolarización sobre el que se han conocido algunos titulares, pero del que oficialmente la comunidad educativa no tuvo acceso a su lectura hasta ayer. Sorprende, ¿verdad? Como también sorprende la rueda de prensa que dio el mismo lunes en la que dejó grandes frases como “a ver si lo explico bien, si no, ahí tengo a mi director general que es el que sabe de verdad (…) ¿He dicho bien, director? (…) ¿Yo lo he explicado bien?”. Y “por aclarar”, el director general, sentado al fondo de la sala en un taburete, interrumpe al consejero para enmendarlo. Una prueba más de que el señor Imbroda sabrá de defensa individual o en zona en baloncesto, pero claramente no está a la altura a la que debería estar un consejero o consejera de educación.
Como no puede ser de otra manera, la reacción no se ha hecho esperar. Familias, profesorado y sindicatos ven un nuevo ataque a la escuela pública en un decreto que, para nada, ha contado con la aprobación de ninguno de los sectores de la comunidad educativa. Algo que no es novedad, puesto que esta es su forma de proceder, más aún, cuando las decisiones van contra de sectores como el del profesorado, con más cien mil docentes, y el de las familias con más de un millón y medio de alumnos y alumnas.
La propia nocturnidad y premeditación evidenciada en sus formas de proceder lleva a pensar que detrás de cada decisión hay un plan oculto del que el mismo consejero se intenta desmarcar ante las preguntas de propios y extraños. ¿Qué posible plan oculto? Son muchas las interrogantes que surgen, por enumerar algunas: ¿por qué esta decisión de “inyectar” más alumnado a los centros concertados en épocas de baja natalidad? ¿El siguiente paso será concertar nuevas unidades en estos centros ante la posible demanda? ¿Por qué no hay una apuesta más decidida por la escuela pública? Vaya por delante que defender a la escuela pública no significa estar en contra de la concertada. Simplemente sorprende que la máxima autoridad de la educación pública en Andalucía haya decidido hacerse la competencia a sí mismo, o no. De todos es conocido que sus intereses en la educación privada le hacen juez y parte.
Tras esta decisión me parece que hay un cierto tufillo ideológico. Tras el mantra de la “libertad de elección” se observa un beneficio a quienes tienen más posibilidades de escolarizar a sus hijas e hijos en 0-3 años. También a quienes pueden estar más lejos del centro educativo elegido perjudicando a las familias y al alumnado más próximo a ese centro. Sorprende que perjudique a la estabilidad del profesorado de los centros públicos forzando a ser desplazados o suprimidos y, en el caso de las interinas y los interinos, eliminados del sistema. Sorprende que perjudique al alumnado con discapacidad que, aún eligiendo un centro concertado, no disponga de los recursos y espacios necesarios para su atención. Por tanto, estamos hablando de una elección selectiva que puede tener consecuencias nefastas en los centros públicos, contribuyendo a su desaparición o a su conversión en centros gueto.
¿Este es el modelo educativo qué queremos? ¿Este es el modelo de sociedad al que aspiramos? En el trasfondo de esta decisión, en lugar de apostar por un modelo educativo y social basado en la inclusión donde la diversidad sea un valor, se persigue un modelo de organización en estratos homogéneos en que el que se practique la segregación sin complejos ni escrúpulos. Esto es lo de siempre, mientras las políticas progresistas apuestan por la equidad y la inclusión, conservadores y liberales buscan la rentabilidad de servicios básicos y prioritarios como la educación o la sanidad, siempre con el objetivo de consolidar sus privilegios en perjuicio del resto de la sociedad.
Me consta que la sociedad civil, el profesorado y las familias no van a permitir este asalto a la escuela pública en Andalucía. Será el 4 de marzo. Tener como objetivo la rentabilidad y la exclusión con este tipo de medidas, es inadmisible. Señor Imbroda, señoras y señores del Partido Popular, Ciudadanos y VOX, ni Granada ni Andalucía lo van a permitir. Y ya aviso, tendrán que rectificar. De nuevo evidenciarán que no son el gobierno del cambio sino el gobierno de la marcha atrás. Una vez tiene pase, dos es una auténtica falta de respeto y un insulto a la sociedad del siglo XXI.
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