lunes 30 noviembre
Opinión  |   |

Isabel y Manuel

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Granada son un servicio municipal y público, cuyo principal objetivo es garantizar la calidad de vida de las personas durante todas las etapas de su vida y se concreta en una atención social primaria para toda la población. En este caso, nos vamos a centrar en el ámbito de las personas en riesgo de exclusión social y/o de especial vulnerabilidad, que son, a efectos económicos y en términos generales, todas aquellas familias que padecen de forma crónica escasez y falta de recursos, que además, tienen muy escasas posibilidades de acceder al mercado de trabajo regular (alta en seguridad social), lo que les trae como consecuencia, entre otras cosas, graves dificultades para el acceso a una vivienda, incluso protegida.

A lo anterior hay que añadir que los Servicios Sociales que prestan nuestro Ayuntamiento de Granada, no solo es que tienen falta de suficiencia presupuestaria, lo que deriva en una falta de recursos, también adolecen de una debilidad estructural y funcional, que tiene como resultado el colapso estructural que actualmente padecen y que les impide cumplir con el objetivo principal que tienen asignado, precisamente, prestar ese esencial servicio público, tal y como vienen reclamado los trabajadores del citado servicio, del que denunciaron tiene caos organizativo e improvisación, también por la falta de personal, lo que ocasiona una importante sobrecarga de trabajo y listas de espera, lo que persiste a día de hoy, si cabe con más intensidad, dada la situación de pandemia que padecemos.

La situación descrita está siendo aprovechada por las corporaciones financieras que en su condición de grandes tenedores de viviendas obtenidas a través de las operaciones de compraventa de activos inmobiliarios que fueron adquiridos en los procedimientos de ejecución hipotecaria, para ahora proceder al desahucio de las personas que habitan en esas viviendas, negándoles prorrogar los contratos de alquiler y/o proceder a un alquiler social. En esas viviendas suelen residir familias con hijos menores y/o personas en situación de dependencia. Esto importa poco a esos fondos de inversión, conocidos como buitres, pero tampoco al actual gobierno local del Ayuntamiento de Granada, que se muestra insensible ante situaciones de vulnerabilidad social y de protección de los menores.

Es el caso de Isabel y Manuel, que tienen dos hijos pequeños y los que ya se les suspendió el lanzamiento en enero de este año, si bien, a instancias de la actual entidad propietaria del inmueble (Global Pantelaria S.A.), en el que reside dicha familia y en el que han vuelto a solicitar del juzgado el desahucio, que fue señalado para ayer día 22 de octubre, aunque ha sido suspendido de nuevo por el Juzgado, habida cuenta que no consta que se haya procedido por el Ayuntamiento de Granada a determinar las medidas necesarias para la protección de los menores, que no pueden quedar en la calle. Es por esto, que el juzgado ha ordenado una respuesta inmediata de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Granada y, es en este punto, donde la concejalía de derechos sociales, Sr. Huertas Alarcón, debe comparecer y ofrecer la alternativa habitacional a través de los canales de vivienda protegida o servir de garante para formalizar un contrato de arrendamiento social, o servir de intermediario para esa digna finalidad, de lo que ya hay precedente en Granada, eso sí, siempre que los Servicios Sociales hayan determinado la situación de vulnerabilidad social y económica de la unidad familiar, además de corroborar, mediante un continuado seguimiento, el compromiso de pago de la familia arrendataria con el arrendador, en este caso, el fondo de inversión. Esto, desde luego, es mucho mejor para la ciudad que esas viviendas queden al descubierto y sirvan para usos ilícitos, como los enganches de luz, para el cultivo ilegal de marihuana.

Por tanto, Granada no se merece que sus Servicios Sociales municipales envilezcan, sean banales, por falta de la debida e imprescindible estructura y de recursos que haga posible alcanzar sus objetivos. La Concejalía de derechos sociales debe de dejar de jugar al escondite y dar las soluciones que exigen sus funciones, entre las que están la de favorecer e impulsar soluciones a las familias en situación de riesgo de exclusión y vulnerabilidad social. No es pedir demasiado a nuestro Alcalde Salvador.

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Columnista
Salvador Soler

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