martes 30 abril
Opinión  |   |

Promesas y realidades

No soy ingenuo. Me gustaría que en la toma de decisiones, especialmente en lo referente a la política, además de las emociones, siempre presentes y necesarias, tuviera un papel predominante la razón. Somos humanos y las emociones forman parte esencial de nuestra vida, pero las emociones alejadas de la razón solo conducen al forofismo.

La razón se alimenta de información y pensamiento. La información hay que buscarla, seleccionarla y organizarla y el pensamiento requiere calma, tiempo y esfuerzo. En política la información ha sido usurpada por la propaganda, cuando no por la pura demagogia o, peor aún, por la difusión de bulos, falsedades y manipulaciones. Cada vez los medios de comunicación se dejan llevar más por esta tendencia, en búsqueda de audiencias y al servicio de sus amos. Estamos sometidos a abrumadoras dosis de desinformación donde resulta complicado discernir la realidad del relato interesado o la falsedad.

Hay un amigo que cariñosamente me dice que escribo como un registrador de la propiedad. Reconozco que no soy muy divertido. Cuando opino intento ser riguroso y reconozco que a veces abuso de los números para apoyar mis argumentos. La política no sólo va de buenos y malos, más o menos puros, sino de decisiones acertadas y de peor o mejor gestión. Para valorar las decisiones políticas hay que conocer lo que se hace y cómo se hace.

Estoy convencido de que las pasadas elecciones municipales, a pesar de ser locales, resultaron muy influidas por el debate político estatal, lo que provocó un sesgo evidente entre lo que se decidía y las motivaciones para hacerlo, donde las emociones inducidas jugaron, en mi opinión, un papel determinante en mucha gente. Hasta 2027 no habrá que volver a elegir, pero conviene llegar a esa fecha conociendo cómo se lleva a cabo todo lo prometido y comprometido.

La alcaldesa, señora Carazo, prometió en campaña la “bajada progresiva de impuestos”. Estamos en el primer cuarto de mandato y ya se puede comenzar a evaluar qué se está haciendo. No tengo ninguna duda de que la alcaldesa, cuando hizo aquel anuncio, conocía perfectamente cual era la situación financiera del Ayuntamiento. Lo debía saber por dos motivos, por ser candidata y porque formó parte, como concejala, de los gobiernos municipales del PP que entre 2003 y 2016 llevaron a la ruina a nuestro Ayuntamiento, y en consecuencia era también corresponsable, en parte, de esa situación. Por tanto, cuando se comprometió a bajar los impuestos se supone que además de tener en cuenta esas dificultades económicas tendría en la cartera un plan concreto que respaldara su promesa. O quizás no.

Durante los últimos seis meses se han venido aprobando diversas modificaciones en las ordenanzas fiscales y normas que regulan los distintos tributos, precios y tarifas que habremos de pagar los granadinos.

Los dos impuestos más importantes desde el punto de vista cuantitativo, IBI y Vehículos, y también los que permiten una mayor progresividad fiscal, no han sufrido incrementos generalizados aunque sí revisiones parciales. En el IBI se ha aprobado una bajada del 10% para las más grandes superficies mientras que se ha incrementado un 41% para locales comerciales con un valor catastral inferior a aquellas, aunque dentro del nivel alto. Para los inmuebles de mayor valor catastral destinados a uso industrial o de oficinas el incremento será del 56%. Mientras no se toca para los de ocio y hostelería. Resulta especialmente llamativo, toda una declaración de intenciones, que se haya eliminado el recargo del 50% a las viviendas que se encuentren desocupadas de forma permanente y sean propiedad de grandes tenedores (cuatro o más viviendas), que fue introducido hace dos años aunque no fue implementado por el equipo de gobierno del PSOE.

Respecto al recibo del agua se produce una muy importante subida, a través de tres vías. Se aplica un doble canon por inversiones, por importes de 10,4 y 57 millones, respectivamente; se sube la tarifa por depuración (entre el 15 y 20%, según los bloques de consumo) y además la Junta de Andalucía recupera la aplicación de su propio canon de inversiones. El resultado final será que el pago de las familias en concepto de ciclo integral del agua se incrementará una media del 34%.

Pero en el recibo bimensual que pagamos a Emasagra se incrementará también la tasa por tratamiento de basuras (+88%). Eso significará que el conjunto de la tasa de basura (recogida+tratamiento) se verá incrementado en más del 7%.

También subirá el precio del transporte urbano. Mientras se mantiene igual el precio del bono mensual, el resto de tarifas sufren un incremento que oscila entre el 14% del billete ordinario y más del 6% para los bonos joven, universitario y credibús-20 euros. Los credibús-5 y 10 euros se suben el 3,45 y 4,71%.

Los precios de las actividades deportivas se incrementan por encima del 11%. Mientras que en el enorme listado de tarifas de Emucesa hay de todo, las que se mantienen congeladas y las que se incrementan entre un 5 y un 20%. Las tarifas de Mercagranada se incrementan entre un 10 y 12%. También está en trámite de modificación la norma que regula el precio público de la Escuela de Vacaciones.

Con los datos en la mano podemos extraer conclusiones. Las mías son las siguientes: 1ª) No hay bajada de impuestos. 2ª) No suben los tributos susceptibles de introducir mayor progresividad. 3ª) Se incrementan muchísimo las tasas y precios de los servicios que pagamos todos por igual, con independencia del nivel de renta, como el agua y la basura, 4ª) y también las que afectan a los servicios más utilizados por las personas de menor nivel de ingresos, como el transporte urbano.

Posdata 1. Se ha archivado la acusación contra Mónica Oltra, la exvicepresidenta de la Comunidad Valenciana, tras varios años de acusación en el vacío que supuso su asesinato político. Un caso de lawfare, de libro, que se inició con una acusación por parte de la extrema derecha, que se mantuvo sin base sólida por un juez, que contó con la amplificación infame por los medios de comunicación y la puesta de perfil y el abandono por parte de una parte de sus teóricos socios y/o compañeros. No es un tema baladí. El lawfare es actualmente una grave lacra que lastra nuestro sistema democrático.

Posdata 2. No a las guerras. No al genocidio palestino. No a la carrera armamentística ni a la apertura de nuevas bases militares extranjeras en España. Si queremos la paz preparemos la paz.

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Columnista
Miguel Martín Velázquez

Portavoz de Podemos Granada

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