Responsabilidades
En diciembre de 2016 escribía una columna cuyo título era “Un ayuntamiento en Marte”. En él mostraba la frustración que me producía comprobar cómo en los Plenos del Ayuntamiento de Granad se debatía de casi todo menos del problema fundamental que aquejaba a la institución municipal, la ruina de sus cuentas. Abundaban las mociones retóricas y las discusiones acaloradas pero ni se elaboraba un presupuesto ni se adoptaban medidas encaminadas a afrontar la quiebra financiera.
En 2016 el déficit estaba en 39 millones, el periodo medio de pago a proveedores (PMP) alcanzaba los 105,92 días y se incumplía el Plan de Ajuste.
Algo han cambiado las cosas y al menos en el último año ya sí se habla de la situación de las cuentas municipales aunque ha predominado el ruido, la demagogia y la inacción. Pero los indicadores han empeorado aún más. El déficit llega a casi 50 millones y PMP ronda los 200 días, superando ampliamente el límite legal de 30 días. La carga financiera que soporta el Ayuntamiento supuso en 2018 pagar a los bancos 29,6 millones, más de 81.000 euros/diarios.
Es evidente que a está situación no se llega en un día sino que es resultado de prácticas políticas mantenidas durante años. Y tiene dos responsables. El PP y sus 13 años de gobierno absoluto, llenos de despilfarro y (presunta) corrupción. Y el PSOE, que en sus tres años de gobierno se mantuvo pasivo y no adoptó medidas serias para frenar la sangría.
El Pleno municipal del 27 de noviembre aprobó “acogerse a la Medida 5 de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos”. Contó con los votos favorables del PP, Ciudadanos, Podemos-IU y Vox. Y el voto en contra del PSOE. Este partido de inmediato lanzó un comunicado arremetiendo contra el grupo municipal de Podemos-IU por haber votado con la derecha. Aún a sabiendas de que la medida es positiva para la ciudad y por tanto con más demagogia que solvencia. Olvidando además que la Medida 5 proviene del gobierno del propio PSOE. Igual que el incremento del 3% en los valores catastrales.
Durante la campaña electoral el candidato Antonio Cambril insistió en que Podemos-IU actuaría siempre con responsabilidad, pensando en la ciudad y en la gente de Granada y que se apoyaría cualquier medida que se considerase positiva, con independencia de quien la propusiese. Y eso es lo que sus tres concejales hicieron en ese pleno.
Esta Medida 5 supone la ampliación en diez años del periodo de amortización de los préstamos contratados a través de los programas de pagos a proveedores del Ministerio de Hacienda. Básicamente implica que los casi 53 millones que había que amortizar antes de 2023 ahora se pagarán en mejores plazos hasta 2033 y a un interés fijo del 1,311% . Esto significa que se va a estar más tiempo pagando pero que cada año se pagará menos cantidad, lo que debe suponer un alivio en la carga financiera anual del Ayuntamiento, que obligatoriamente deberá destinarse al pago de la deuda a proveedores.
No obstante, a pesar de la bondad de la Medida, hay que señalar algunas cautelas que son importantes.
El gobierno municipal se comprometió a reevaluar de forma participativa las medidas del obligado Plan de Ajuste, dado que el presentado incluye previsiones que no se comparten, como la subida del IBI, o que son poco solventes, como la “amortización de plazas vacantes por jubilación”, pues significa que si se puede prescindir de ellas en el futuro es que son plazas innecesarias en este momento o de lo contrario que los servicios se van a resentir en el futuro por la falta de ese personal. Aparte de esto no se propone ningún Plan de gestión de Recursos Humanos.
Tampoco se propone ninguna medida concreta de ahorro en el capítulo II de gastos corrientes. Por el contrario lo que conocemos es que lo primero que se ha hecho es incrementar de forma notable el gasto en alumbrado navideño. Paradójicamente al mismo tiempo que en el Distrito Norte siguen los cortes de luz y se mantiene una situación tercermundista que afecta a miles de granadinos, o se hacen afirmaciones de supuesto compromiso contra el cambio climático.
Se contabilizan ingresos por modificaciones de ordenanzas fiscales que aún no están aprobadas y que no hay garantía de que vayan a serlo en el futuro, como la número 20, tasa por intervención y control de la edificación, o la tasa de Informe de Evaluación de Edificios.
Se da por hecho que en los nuevos contratos por prestación de servicios de Limpieza y Residuos Sólidos Urbanos se van a ahorrar tres millones, sin que se especifique cómo se conseguirá tal ahorro. Pero nada se dice del contrato de Transporte Urbano que cumple en 2022 y cuya situación es más que delicada por la necesidad imperiosa de acometer importantes inversiones tanto en vehículos como en infraestructuras.
Se renuncia a evaluar lo que sucederá a partir de 2024 por la dificultad de prever a tan largo plazo. Y se reconoce que “no existen medidas de mejora financiera, ni de gastos ni de ingresos, en los entes dependientes del Ayuntamiento” (Organismos Autónomos, Sociedades Mercantiles, Fundaciones y Consorcios). Algo a todas luces poco razonable.
Por tanto una medida en principio positiva, que hay que apoyar porque es imprescindible, pero que por sí misma no es suficiente si no se acompaña de medidas certeras y solventes.
En las dificultades es cuando se demuestra la valentía y la inteligencia de los gobernantes. También su grado de responsabilidad. Que cada palo aguante su vela.
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