viernes 10 abril
Opinión  |   |

Servicios municipales

No descubro nada si afirmo que los servicios públicos constituyen uno de los mecanismos esenciales para hacer efectivos los principios de igualdad y solidaridad que se recogen en nuestra Constitución. Tampoco si me refiero a la ingente literatura que durante los últimos decenios se ha empeñado en cuestionarlos, calificándolos como despilfarro.
Constituye una obviedad que sin estos servicios la inmensa mayoría de los ciudadanos viviríamos bastante peor. Sólo los muy ricos pueden prescindir de los servicios públicos, y no de todos porque hasta ellos utilizan carreteras, aeropuertos u otros que jamás la iniciativa privada garantizaría por sí sola. Existen servicios esenciales para la vida, como el de salud; para el progreso, como la educación; o para la vida cotidiana, como la mayoría de los servicios municipales, limpieza, agua, transporte...

Luego está el debate sobre si los servicios públicos deben ser gestionados por las propias administraciones o ser externalizados y puestos en manos de la iniciativa privada. Suele darse por hecho que toda la derecha y cierta izquierda son siempre favorables a las privatizaciones, aunque es cierto que hay excepciones tan llamativas por ejemplo como la del PP en el ayuntamiento de Málaga, cuyos principales servicios son de gestión directa municipal. Personalmente prefiero huir de clichés e intentar debatir con argumentos y con datos.

En el barullo del debate ideológico se ha tratado de convertir en lugar común que lo normal es la externalización de los servicios. Parto de una premisa, aquellos gobernantes que son incapaces de gestionar de forma eficiente un servicio público prestado directamente por la administración, normalmente muestran la misma ineptitud a la hora de controlar que las empresas concesionarias realicen una buena gestión de los mismos. Sobran los ejemplos.

Hay tantos casos en que los servicios privatizados son más caros y, casi nunca mejores, que los prestados directamente por las administraciones que resulta increíble que aún se pueda mantener como una verdad incuestionable lo que no es más que un reflejo ideológico. Conozco a personas, liberales de ideología y razonables en sus planteamientos, que defienden la gestión directa de los servicios públicos en base a que en ellos no hay competencia empresarial real y los clientes estamos cautivos de las empresas concesionarias, sobre todo si la administración titular no cumple con sus obligaciones.

Resulta curioso que frente a este entorno tan ideologizado las leyes españolas apuestan por la gestión directa de los servicios públicos. La ley de Régimen Local (art. 85) habla en primer lugar de la gestión directa y después de la indirecta. Sin dar preponderancia a la segunda. Y la Ley de Contratos del Sector Público (art. 30.3) apuesta preferentemente por la gestión directa (“la prestación de servicios se realizará normalmente por la propia Administración por sus propios medios…) y sólo de forma subsidiaria mediante gestión indirecta (“cuando carezca de medios suficientes, previa la debida justificación en el expediente…”).

En Granada tenemos algunos ejemplos de todo esto. Los servicios de transporte, limpieza y ciclo integral del agua, se encuentran privatizados, cada cual a su manera. Y la realidad es que son caros y no precisamente eficientes.
La privatización de la gestión del servicio de agua nos cuesta a los granadinos en torno a los 8 millones de euros anuales extras, que se transfieren, de forma directa y después de impuestos, a la empresa multinacional a la que se hizo socia, bajo los gobiernos del PP, para 50 años, hasta 2047.

La recogida de residuos es de las más caras de España (99 euros por granadino frente a la media de 76 euros, en datos de 2016).

El transporte urbano colectivo no solo es caro sino también bastante deficiente, con autobuses muy viejos, descuidados y contaminantes. Con un contrato eterno que comenzó en 1962 y que a cada revisión se ha convertido en más leonino para la ciudad. La realidad es que de facto se incumple el principio de riesgo y ventura del contratista, supuestamente consustancial a cualquier contrato (art. 197 Ley de Contratos), teniendo la concesionaria asegurado el pago de todos y cada uno de los gastos que realice, sean o no eficientes. Además tiene garantizada la obtención de un beneficio mínimo anual del 8,25% (2,5 millones en 2015). y por si fuera poco, en la modificación del contrato que se realizó en 2013 se le regalaron los ingresos por publicidad, que ya en 2011 se cuantificaban en más de 300.000 euros y del que ya no tiene que dar ni cuentas.

En este mandato cumplen los contratos de limpieza (final de 2020) y de transporte urbano (final de 2022). Es tiempo de plantearse qué modelo de servicios queremos y qué tipo de gestión preferimos. Respecto al servicio de limpieza ya se reconoce por parte del equipo de gobierno que será imposible tener finalizada la próxima concesión para la fecha en que caduca la actual y habrá que prorrogar de forma extraordinaria un servicio carísimo. Con la gestión directa de este servicio nos ahorraríamos como mínimo unos cinco millones al año, correspondientes al IVA y al beneficio de la concesionaria que en la gestión directa no se pagan.

Como decía antes, se trata de una cuestión de números, no de ideología.

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Columnista
Miguel Martín Velázquez

Miembro del Consejo Ciudadano Municipal de Podemos Granada

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